por Omaya Sosa Pascual | Centro de Periodismo Investigativo
Doña Sara Márquez Quintero y doña Ana, ambas residentes de San Juan, tienen 109 y 104 años y son, según la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), electoras activas y hábiles para votar presencialmente en las elecciones generales de este martes en Puerto Rico. La CEE también indica que doña Sonia Quiñones Mercado, de 90 años, es residente de Cabo Rojo y también puede votar.
Sin embargo, doña Sara, doña Ana y doña Sonia están muertas, según indicaron al Centro de Periodismo Investigativo (CPI), el hijo de la primera, Francisco Ramos Márquez, residente de Villa Andalucía, la administración del asilo en la urbanización Floral Park que aparece como el domicilio de la segunda, y la nieta de la tercera, Andrea Torres Wiscovitch.
Mientras tanto, doña Diana, un nombre ficticio, residente de Puerto Nuevo, de 102 años, ya votó porque decidió emitir sufragio en la modalidad de voto adelantado, indica el Registro.
Doña Diana estaba viva en su residencia la semana pasada cuando el CPI intentó entrevistarla, pero no sabía que había votado ni cuándo eran las elecciones. Sus hijos informaron que en junio sufrió un derrame cerebral y desde entonces tiene problemas de memoria, y confirmaron que aún así, votó. Los apellidos e identidad completa de dos de las tres electoras centenarias visitadas no se incluyen en este reportaje para proteger su privacidad debido a que los familiares de la doña Diana pidieron que no fuese entrevistada para el récord porque no estaba capacitada, y el CPI no pudo dar con un familiar de doña Ana que autorizara el uso de su información personal.
Torres Wiscovitch, quien fue una de las más de 4,000 personas que llenó un formulario en línea creado por el CPI para ayudar a las personas a verificar el estatus electoral de sus familiares fallecidos, dijo estar preocupada de que le roben el voto a su abuela.
“Yo voy a volver a verificar luego de estas elecciones”, adelantó Torres Wiscovitch ante la desconfianza de que su abuela pueda aparecer votando en estos comicios.
Magdalena Santiago Montalvo, quien residía en Arecibo, cumpliría este mes 102 años pero falleció en marzo del año pasado. La CEE la mantiene como una electora activa para votar en las elecciones de este martes. A su hija Noemí Vallés le indigna que, más de un año después de la muerte de su mamá, la CEE no haya excluido su nombre y piensa que lo hacen “porque son unos pillos que quieren volver a robarse las elecciones a como dé lugar”.
La casa de don Ángel y de don Dionisio, en dos urbanizaciones de Arecibo, estaban ocupadas por otras familias que no eran las suyas. Don Ángel, quien tendría 101 años, y Dionisio, que tendría 100 años de edad, siguen activos en el Registro General de Electores, aunque ya fallecieron.
IMAGEN REGISTRO MAGDALENA SANTIAGO MONTALVO
Estos casos son solo algunos de los casi 6,000 fallecidos que siguen activos en las listas electorales a 24 horas de las elecciones del martes, o que ya emitieron un voto ilegalmente en las modalidades de voto adelantado y a domicilio, sea porque fueron inducidas a ello o porque otra persona lo emitió por ellas. La cifra es mayor, pues el CPI solo pudo evaluar casos de personas fallecidas entre 2015 y 2020. Las listas de las personas incapacitadas mentalmente no fueron provistas por la Administración de Tribunales, ni por la CEE.
El lunes la presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla, reconoció que hay “entre 6,000 y 10,000”, aunque no pudo dar un número certero de cuántos fallecidos permanecen activos. Los fallecidos que sigan activos en el Registro Electoral deben estar en unas listas de personas excluidas color salmón que estarán en las unidades y que deben de ser consultadas por los funcionarios el día del evento, agregó.
Ambas cifras fueron solicitadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ante el Tribunal de Primera Instancia. En ese pleito, la CEE se negó a certificar que había removido todos los fallecidos del Registro General de Electores que se utiliza para generar las listas que se usarán el martes para los comicios. La CEE se limitó a declarar que entre 2022 y 2024 había removido 85,000 muertos del Registro.
Padilla tampoco pudo precisar cuántos incapacitados mentalmente han sido excluidos de las listas como exige la ley, pero indicó que los electores tienen que haber sido declarados incapacitados por un tribunal. Sin embargo los ex presidente de la CEE Héctor Conty y Liza García indicaron al CPI que el manual vigente de voto a domicilio establece que los funcionarios en balance pueden determinar que una persona está incapacitada para votar de manera unánime o, si hubiese discrepancia, acudir a su junta local para una determinación.
Exrepresentante PPD, líder independentista, y ex presidente del Supremo entre fallecidos “activos” para votar
La cantidad de fallecidos e incapacitados mentalmente que siguen activos en el Registro Electoral, y que debieron de haber sido removidos previo a los comicios por la Unidad de Exclusiones de la CEE, es incierta.
El viernes el CPI revisó una muestra de 1,500 electores difuntos en la plataforma de la CEE conocido como Consulta del Elector a ver si habían sido excluidos y encontró más de 100 aún activos o casi un 7% de la muestra. Entre ellos está Héctor Ferrer Ríos, ex representante y ex presidente del Partido Popular Democrático (PPD) quien falleció en el 2018; y Paquita Pesquera Cantellops, quien murió en el 2022 y fue lideresa independentista y primera esposa del fundador del Partido Socialista en Puerto Rico Juan Mari Bras. También el ex presidente del Tribunal Supremo, José Andreu García, que falleció en 2019.
“Dios mío, me has dejado con la boca abierta. Estoy indignado y evidentemente esto demuestra la incapacidad y la ineptitud de la CEE. Están demostrando una incapacidad total para asegurar que va a haber una votación confiable y certera”, reaccionó el licenciado José Andreu Fuentes, hijo de Andreu García.
“Yo podría decir que esto es todo parte de un esquema para tratar de robarse las elecciones. No haber tomado las medidas para que esto ocurra es una tragedia para este país”, agregó el letrado.
El representante Héctor Ferrer Santiago, hijo de Ferrer Ríos, desconocía que su padre seguía activo en el Registro Electoral y dijo al CPI que se comunicaría de inmediato con la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró, para que fuese excluido.
Mientras que Rosi Mari Pesquera, hija de Pesquera Cantellops y Mari Bras, tampoco sabía que su madre estaba activa y fue personalmente a la Secretaría de la CEE el pasado sábado – con la documentación requerida – para exigir que la excluyeran del Registro porque teme le roben el voto, pero le indicaron que en ese momento no lo podían hacer y que cotejara después de las elecciones a ver si ocurrió el cambio de estatus.
“Fue tiempo perdido. Lo que yo quería era desactivarla para que no puedan utilizar su persona para votar PNP en estas elecciones”, sostuvo.
Entre tanto, pese a que la ley exige que los incapacitados mentalmente sean removidos del Registro y que la Administración de Tribunales los informe trimestralmente a la CEE, esto no ocurre, confirmó la ACLU al CPI. El número de incapacitados mentalmente en Puerto Rico es incierto pues no existe un registro actualizado, pero las cifras sugieren que son miles. Solo en los últimos 10 años los tribunales del país han emitido cerca de 2,435 declaraciones de incapacidad, y el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico estima que en la Isla 116,000 personas sufren de enfermedad de Alzheimer o demencia.
En septiembre una investigación del CPI reveló que la CEE mantenía información personal de más de 900,000 electores fallecidos en el Registro General de Electores que entrega a los partidos para sus actividades electorales, y que incluían electores en categorías de excluidos, inactivos y activos. Entre los activos, pudo encontrar casi 6,000 personas fallecidas entre 2015 y 2021 que seguían activas utilizando los registros de mortalidad de esos años. El CPI no pudo determinar cuántos electores fallecidos antes de 2015 siguen activos de cara a las elecciones porque el Registro Demográfico no entregó los datos solicitados para esos años.
La investigación también reveló que en las elecciones de Puerto Rico los partidos tradicionales de mayoría, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, han utilizado diversas modalidades de robo de votos que tienen su génesis en el mal uso de la información de este Registro y que incluyen la usurpación de identidad de fallecidos y de personas que viven fuera de Puerto Rico, el vaciado de lista en colegios el día del evento, y el abuso del voto especial de los encamados y de los adultos mayores. Posterior a la publicación se han denunciado decenas de casos de estos tipos de robos de votos por parte de ciudadanos, y de miembros del PPD y del Movimiento Victoria Ciudadana, incluyendo la solicitud de papeletas de voto adelantado a nombre de personas que viven en Estados Unidos y que desconocían, y de una ciudadana con enfermedad de Alzheimer.
Las periodistas Jeniffer Wiscovitch Padilla y Wilma Maldonado Arrigoitía colaboraron en esta historia.
