El candidato a alcalde de Toa Baja por el Partido Popular Democrático, Pedro Irene Maymí, exigió al incumbente Bernardo Márquez García que se exprese con relación al presunto arresto del director de Recreación y Deportes del municipio. Fue durante un operativo realizado por personal de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal, en horas de la mañana de hoy miércoles, que se informó el arresto contra Olvin Avilés Carmona.
“Hago un llamado al saliente alcalde de Toa Baja que se exprese con relación al alegado arresto de su director de la Oficina de Recreación y Deportes municipal. Es necesario que explique cómo atenderá esta situación tan delicada que lacera la imagen de la administración municipal y los funcionarios que laboran en esta”, exigió Maymí. “Mientras la reconstrucción de las instalaciones deportivas del pueblo se encuentran destruidas tras el paso del huracán María y los jóvenes carecen de facilidades para desarrollarse en el deporte, se suma este golpe que reitero lacera la credibilidad de la administración ante el gobierno federal por este ser empleado de confianza del alcalde”.
Según trascendió en conferencia de prensa los arrestados son parte de un esquema que incluye medicamentos de receta, en especial aquellos catalogados como no controlados y de mantenimiento. Entre estos medicamentos se encuentran los que atienden problemas con la tiroides y hepatitis. También durante el encuentro con la prensa, se destacó se diligenciaron sobre una veintena de órdenes de arresto por fraude relacionado con el área de la salud.
“Es necesario que además de expresarse, el alcalde, inicie una investigación administrativa que tenga como finalidad identificar si existe algún vínculo con otros empleados. Toa Baja exige y necesita funcionarios de gobierno que sean transparentes, íntegros y comprometidos en atajar la corrupción en todos sus renglones”, arremetió Maymí.
La investigación la realiza la Oficina del Inspector General, en colaboración con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), U.S. Marshals, Departamento de Hacienda, Medicaid Fraud Control Unit, y la Policía de Puerto Rico.
