Por Dr. Edgar León
En la actualidad, Puerto Rico enfrenta una crisis educativa que requiere una intervención inmediata y radical. A pesar de los miles de millones de dólares destinados al sistema educativo, nos encontramos sumidos en una realidad precaria, marcada por el fracaso continuo de los estudiantes. La raíz del problema reside en la burocracia autoimpuesta, donde se dilapidan recursos en la creación y mantenimiento de trabajos administrativos innecesarios, que no contribuyen directamente a la educación de los niños.
El enfoque actual parece ser más la creación de empleos administrativos que el desarrollo educativo de la juventud puertorriqueña. Los organigramas del Departamento de Educación revelan una estructura desarticulada y cargada de funciones repetitivas, donde se desconoce a quiénes benefician realmente estos puestos.
A pesar de los exorbitantes presupuestos, las escuelas carecen de recursos esenciales. La falta de internet de calidad, la ausencia de dispositivos tecnológicos y la ineficacia burocrática han dejado a maestros y estudiantes en la penumbra del abandono educativo. La evaluación de los docentes basada en la acumulación de informes irrelevantes no contribuye al mejoramiento de la calidad educativa.
Ante esta crítica situación, es imperativo tomar medidas concretas, y siguiendo el ejemplo de algunos municipios en los Estados Unidos, considerar la transferencia de la responsabilidad educativa directamente a los municipios. Esta acción permitiría eliminar la burocracia ineficiente y enfocar los recursos directamente en las necesidades de las escuelas locales.
Los municipios podrían solicitar directamente los fondos federales y estatales por estudiante, otorgando a los alcaldes la autoridad para administrar los recursos de acuerdo con las necesidades específicas de su comunidad. Los maestros, por su parte, podrían firmar contratos a largo plazo, asegurando la estabilidad y evitando traslados injustificados.
La descentralización del sistema educativo no solo eliminaría la carga burocrática sino también empoderaría a las comunidades para tomar decisiones que beneficien directamente a sus estudiantes. También le daría un salario de $45,000.00 a cada maestro sin tener que hacer trabajos administrativos. Su evaluación y permanencia seria por eficiencia educativa y no por hacer carpetas de papel. La prioridad sería la educación efectiva, no la administración redundante. También el programa puede incluir escuelas virtuales municipales que incluya un currículo moderno y avanzado para aquellos estudiantes se estén motivados en aprender a distancia. Esa modalidad esta en crecimiento continuo, cada año, el municipio se encargaría de contratar las compañías de señal wifi, cable, antenas, servidores y mantenimiento de la infraestructura de internet para sus escuelas a diferencia de los que ahora existe. NADA!! El contenido sería responsabilidad de cada director o directora sin que le impidan usar páginas virtuales educativas como existen en estos momentos.
¿Qué debe hacer cada alcalde? Cada alcalde de hablar con su abogado municipal para que formalmente notifique la oficina del Secretario de Educación de los Estados Unidos que desea el dinero de las escuelas y estudiantes de su municipio. Debe notificarle que el Departamento está en incumplimiento con los estudiantes de educación especial y los estudiantes regulares al no darles una educación de calidad ni acceso robusto al internet. Puede mencionar que la oficina central ya no sirve y que urgentemente necesita el cambio. Ya existen ciudades en los Estados Unidos que han hecho el cambio con frutos positivos.
El tiempo apremia, y es momento de atreverse a dar este paso transformador. Invitamos a los alcaldes, líderes comunitarios, educadores y la comunidad en general a unirse en esta causa por el bienestar y el futuro de nuestros niños. La transformación de la educación pública es posible y el dinero federal puede ser transferible a los municipios si nos atrevemos a actuar. Adelante, Puerto Rico, ¡ya es hora de despertar!
