El candidato a representante por el precinto uno de San Juan bajo el Movimiento Victoria Ciudadana, Pedro M. Cardona Roig, «El Urbanista dentro de la Alianza de País, presentó una querella formal ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), la ACLU PR, el FBI y notificó a la Oficina del Fiscal Federal en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, solicitando una investigación urgente sobre irregularidades y violaciones a las leyes estatales y federales en el manejo de solicitudes de voto adelantado en la égida Miramar Living – Senior Living and Memory Care, en Miramar, San Juan.
“Es fundamental que la ciudadanía confíe en la integridad de nuestro sistema electoral. Estos hechos deben ser investigados con rigor y no pueden quedar impunes. Es nuestra responsabilidad actuar con firmeza y rapidez para proteger los derechos democráticos de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, como nuestros adultos mayores”, declaró “El Urbanista.”
Los hechos denunciados ocurrieron el pasado 5 de septiembre de 2024, cuando individuos, disfrazados de empleados de la CEE, distribuían solicitudes de voto adelantado a los residentes de la égida junto con un formulario de campaña del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo. El formulario de campaña solicitaba información personal confidencial de los envejecientes, incluyendo sus números de seguro social, correos electrónicos, contraseñas del sistema de Registro Electoral Electrónico (eRe), y la creación de nuevas cuentas de correo electrónico bajo el control de terceros.
Entre los involucrados se encuentra Francisco Cabello Domínguez, un abogado desaforado y exconvicto por fraude, falsificación de documentos, malversación de fondos públicos y apropiación ilegal agravada, quien ocupa el cargo de comisionado local del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el precinto uno de San Juan. También está involucrado el Sr. Víctor Berríos, candidato a legislador municipal en el equipo del alcalde Miguel Romero Lugo y director ejecutivo de la oficina del representante del precinto uno de San Juan por el PNP.
Según el Urbanista, ambos individuos solicitaban esta información sensitiva y privada con la aparente intención de gestionar el voto adelantado a nombre de los adultos mayores residentes de la égida.
“Me preocupa profundamente las siguientes violaciones a leyes estatales y federales:violación de la privacidad y seguridad; fraude cibernético; manipulación electoral y explotación de personas envejecientes”, precisó.
El Urbanista detalló que la solicitud de contraseñas personales, números de seguro social y otra información sensible podría constituir una infracción a las leyes de protección de datos, exponiendo a los ciudadanos al riesgo de robo de identidad y otros fraudes. El acceso no autorizado a las cuentas del sistema eRe y la creación de correos electrónicos controlados por terceros podría infringir la Ley Federal de Fraude y Abuso Informático (CFAA)”, puntualizó.
De igual forma, resaltó que gestionar votos adelantados en nombre de los residentes de la égida podría constituir un acto de fraude electoral, en contravención del Código Electoral de Puerto Rico.
“Las personas mayores, por su vulnerabilidad, podrían no estar completamente conscientes de las implicaciones de ceder su información personal, lo que podría representar una violación de los derechos de los envejecientes”, relató.
El arquitecto y planificador Cardona Roig solicitó a la CEE que inicie una investigación exhaustiva y, en caso de ser necesario, colabore con autoridades federales como el FBI y el Departamento de Justicia de los EE. UU. para garantizar la protección de los derechos de los votantes, especialmente de los sectores más vulnerables.
