El Senado de Puerto Rico aprobó hoy, durante sesión ordinaria, ordenar una investigación sobre las alegaciones contenidas en la querella radicada por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, relacionadas con presuntas intervenciones indebidas, posibles conflictos de interés y potenciales violaciones de ley por parte de funcionarios de La Fortaleza.
La Resolución del Senado 548, presentada por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, encomienda a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado examinar las alegaciones presentadas ante la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI), incluyendo señalamientos relacionados con el proceso competitivo RFP-DDEC-OGPe-2026-06 para la contratación de servicios de publicidad sufragados con fondos federales, presuntas presiones sobre comités evaluadores, posibles intervenciones relacionadas con decretos contributivos y alegados conflictos de interés que involucran a funcionarios gubernamentales, específicamente al secretario de la Gobernación, licenciado Francisco Domenech, y a la subsecretaria de la Gobernación, licenciada Itza García.
“La resolución hablaba claro, vamos a investigar y vamos a revisar toda la información que esté disponible. Todo el que quiera alegar, lo que quiera alegar, lo puede hacer, pero nosotros vamos a hacer una investigación con el mayor sentido de responsabilidad… El objetivo en la legislatura es identificar dónde están las violaciones de ley, hacer las recomendaciones y los referidos de rigor”, expresó el presidente senatorial.
El esfuerzo legislativo también ordena investigar las alegadas intervenciones del Secretario de la Gobernación en procesos internos de evaluación e investigación realizados por el DDEC, incluyendo señalamientos sobre la paralización de acciones administrativas y suspensiones que presuntamente habían sido recomendadas como resultado de hallazgos preliminares dentro de la agencia. Asimismo, la comisión deberá examinar alegaciones relacionadas con gestiones realizadas a favor de empresas y proyectos vinculados a la firma Politank, fundada por Domenech antes de asumir funciones gubernamentales.
Entre los asuntos específicos que serán objeto de investigación figura la compatibilidad entre las expresiones realizadas por Domenech bajo juramento ante la Comisión Total del Senado respecto a la venta de Politank y su alegada desvinculación de los asuntos relacionados con dicha firma, frente a las alegaciones y evidencia documental incluidas posteriormente en la querella presentada por Negrón Reichard.
La medida también ordena investigar posibles conflictos de interés relacionados con contratos gubernamentales que, según la querella, podrían haber beneficiado a personas vinculadas directamente con la subsecretaria de la Gobernación, Itza García. De igual forma, se examinarán alegaciones sobre un supuesto patrón de inhibiciones recíprocas entre funcionarios de La Fortaleza que habría permitido atender asuntos en los que uno u otro pudiera tener intereses económicos o personales. Asimismo, la pesquisa abarcará denuncias sobre presuntas represalias, amenazas o actos de intimidación contra empleados y funcionarios que participaron en procesos investigativos dentro del DDEC o que colaboraron con el suministro de información relacionada con los hechos denunciados. La comisión también evaluará el manejo de contratos, propuestas, comunicaciones electrónicas y cualquier otra documentación relacionada con los asuntos señalados en la querella.
La resolución ordena además evaluar posibles violaciones al Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico, la Ley de Ética Gubernamental, el Código Penal de Puerto Rico y la reglamentación federal aplicable a contrataciones sufragadas con fondos federales. Como parte de los trabajos, se procurará identificar cualquier funcionario público o particular cuya conducta pudiera dar lugar a responsabilidad administrativa, civil o penal.
La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos rendirá un informe que contenga los hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término de 90 días.
