El Departamento de Seguridad Pública (DSP) endosó este miércoles una medida que busca facultar a los gobiernos municipales a procesar a personas que se nieguen a abandonar zonas de peligro bajo estados de emergencia declarados por el gobernador o los propios ayuntamientos.
El Proyecto de la Cámara 1542 fue evaluado en una vista pública de la Comisión de
Seguridad Pública que preside el representante y autor de la propuesta legislativa, Luis
“Narmito” Ortiz Lugo.
“No aplicamos la ley, esa es la realidad. Hay que orientar y pasarles la información a
todos y cada uno de nuestros constituyentes de qué es lo que dice la ley y a lo que
están expuestos cuando se niegan a salir de un sector”, expresó el representante por el
Distrito 30.
“Es importante contar con los gobiernos municipales, que son los que están de frente
allí. Esa es la realidad”, abundó el legislador.
De acuerdo con la ponencia del DSP, actualmente los municipios y el Negociado de la
Policía tienen las herramientas necesarias para intervenir con aquellos ciudadanos que
se rehúsan a acatar una remoción u orden de desalojo por motivo de una emergencia
durante eventos atmosféricos.
“Los alcaldes ya están facultados para decretar un estado de emergencia ante
situaciones imprevistas localmente y las autoridades municipales locales ya están
facultadas a realizar su trabajo de protección de vidas ante estos decretos u órdenes
en casos de emergencia”, dijo la licenciada Omara Arias, portavoz del DSP en
representación del secretario Alexis Torres.
La licenciada indicó que el estatuto que permite a los municipios promulgar estados de
emergencia mediante órdenes ejecutivas es la ley orgánica del DSP (Ley 20-2017).
Asimismo, la Ley 107-2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, otorga
facultades a los municipios para establecer programas y adoptar las medidas
convenientes para prestar auxilio a la comunidad en casos de emergencia.
Sin embargo, el DSP entiende que la enmienda propuesta a la Ley 20 aclararía o daría
especificidad al marco jurídico y ampliaría la autoridad legal a los efectos de incluir en
el estatuto la infracción al decreto u orden municipal.
Por tal razón, la agencia sugirió que en el proyecto de ley se incluya lenguaje que
disponga que se autoriza a los municipios a tomar acción directa ante una violación al
Artículo 5.14 de la Ley 20, que impone una pena de reclusión de hasta seis meses o
hasta $5,000.
Aunque la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) presentó una ponencia en la cual
informó que los asuntos considerados en la propuesta legislativa no caen bajo su
jurisdicción, el ayudante general Miguel Méndez dijo que favorece la medida.
“Apoyamos la pieza legislativa donde se le están ampliando las facultades a los
municipios, porque ciertamente son parte de la primera respuesta a estas situaciones
de emergencia”, aseguró Méndez.
Rechazan reducir las penas por violar toques de queda
Por otro lado, el DSP presentó una ponencia en contra del Proyecto de la Cámara
1130, que busca enmendar el Artículo 6.14 de la Ley 20 para reducir a faltas
administrativas las penas por incumplimientos a toques de queda declarados en Puerto
Rico.
La legislación presentada por la representante Marian Nogales Molinelli reza que en
abril de 2020 la Legislatura aprobó legislación que permitió la imposición de una pena
de reclusión de hasta seis meses de cárcel y multas de hasta $5,000 contra quienes
incumplan una orden ejecutiva que establezca un toque de queda.
De acuerdo con la Exposición de Motivos, la legislación actualmente está imponiendo
sanciones excesivas para “justificar procesos criminales por conductas que nunca han
sido prohibidas por ley o que previamente solo acarreaban penas administrativas”.
No obstante, el DSP afirmó que el lenguaje del Artículo 6.14 debe permanecer
inalterado por consideraciones sobre el bienestar colectivo.
“No podemos olvidar que lo que se está buscando con este lenguaje es mantener la
seguridad pública, evitar riesgos innecesarios y que haya personas inescrupulosas que
busquen atentar contra la paz individual y colectiva”, expresó la licenciada Arias.
