Portavoces de la Secretaría de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) denunciaron como conflictivo el supuesto plan del Gobierno de Puerto Rico para convertir la planta de carbón de AES en Guayama a generación con gas fósil (gas natural), al señalar que la propia corporación privada solicitó fondos de un programa federal que choca directamente con la versión oficial ofrecida por la gobernadora Jenniffer González Colón.
AES fue seleccionada el pasado 4 de junio para negociar hasta $164.5 millones bajo el AES Puerto Rico Plant Modernization and Resiliency Program, cuyo proyecto tiene un costo total estimado de $819.9 millones.
Según documentos oficiales del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), revelados por el periodista investigativo Omar Alfonso, los fondos destinados al programa de modernización de plantas de carbón, al cual solicitó AES, no pueden utilizarse para instalaciones que tengan como plan una conversión posterior a gas.
“Aquí hay una contradicción monumental que la gobernadora tiene que explicar al país. Al aprobar la Ley 1 de 2025, Jenniffer González justificó extender hasta 2032 la operación de la carbonera AES en Guayama alegando que ese periodo permitiría la transición de la quema de carbón a la generación con gas fósil, mal llamado ‘gas natural’. Incluso aseguró que la conversión tomaría entre uno y dos años. Pero ahora nos encontramos con que el propio DOE establece que una conversión de carbón a gas no es una modernización elegible bajo este programa y que, para recibir estos fondos, se requiere un plan de retención a largo plazo de la generación a carbón”, explicó Víctor Alvarado Guzmán, Secretario de Asuntos Ambientales del PIP.
“Esto levanta serias preguntas: ¿cuál es el verdadero negocio detrás de la extensión de AES hasta 2032? ¿La gobernadora engañó al pueblo de Puerto Rico? ¿AES está engañando al gobierno federal? ¿O estamos ante un acuerdo en el que ambos conocen una realidad que no le están diciendo al país?”, cuestionó Alvarado.
El líder ambiental señaló que la contradicción se hace todavía más evidente con las propias acciones de la gobernadora.
“El pasado mes de junio, durante su visita al área donde la Autoridad de los Puertos realiza trabajos de dragado en la bahía Las Mareas en Guayama, Jenniffer González afirmó que se estaba ensanchando el canal de navegación para permitir la entrada de barcazas de mayor tamaño cargadas de carbón para AES, supuestamente para que la corporación pudiera reducir sus costos. Y, en la misma visita, volvió a afirmar que “esta planta se está buscando una conversión a gas natural en un futuro”. ¿Cómo se puede hablar de una transición inminente al gas mientras el gobierno invierte y modifica infraestructura para facilitar que AES continúe recibiendo carbón?”, expresó Víctor Alvarado.
Por su parte, el portavoz de la organización independentista, Manolo Díaz Pérez, cuestionó que se continúe presentando el gas fósil como una solución limpia o como una verdadera transición energética.
“El llamado ‘gas natural’ no deja de ser gas fósil. Puerto Rico no puede salir de una dependencia del carbón para entrar en otra dependencia de combustibles fósiles. Mucho menos cuando la transición se utiliza como argumento para mantener funcionando una planta de carbón y justificar nuevos subsidios públicos”, señaló Díaz Pérez.
El activista peñolano explicó que $655.4 millones del plan de AES tendrían que provenir de fuentes ajenas al DOE.
“No sería extraño que la gobernadora y el Zar de Energía, Josué Colón Ortiz, terminen proponiendo otro aumento en el costo de la luz, para seguir financiando a AES. El pueblo tiene derecho a saber qué se está financiando, por cuánto tiempo se pretende mantener la planta de carbón y cuál es realmente el futuro de la instalación. No podemos tener una versión para Puerto Rico y otra para Washington”, afirmó.
Manolo Díaz también recordó que hace apenas dos años el gobierno del Partido Nuevo Progresista otorgó un rescate multimillonario para la corporación privada, cuyos costos terminaron teniendo un impacto sobre la tarifa eléctrica que pagan los consumidores.
“AES ya recibió un rescate multimillonario del gobierno del PNP y, para hacerlo posible, el pueblo terminó pagando una factura eléctrica más alta. Ahora nuevamente aparece la posibilidad de utilizar cientos de millones de dólares públicos para sostener y modernizar una instalación privada. ¿Cuántas veces más vamos a rescatar a AES mientras las familias y los pequeños negocios siguen pagando una de las tarifas eléctricas más altas y costosas de la región?”, planteó Díaz.
Finalmente, los portavoces ecológicos sostuvieron que el verdadero costo de AES no puede medirse únicamente en dólares.“La planta de AES es la más costosa económicamente, por los millones invertidos en su rescate, pero también lo es ambientalmente y en términos de salud pública. Tenemos que contabilizar el costo de las emisiones, la contaminación, las cenizas de carbón y los impactos que durante décadas han recaído sobre las comunidades de Guayama y Salinas, entre otras. Una instalación no se vuelve económica simplemente porque el Gobierno decide subsidiarla”, expresó Víctor Alvarado
