Veredicto: Engañoso
Por Adriana M. Quiles González | Centro de Periodismo Investigativo
Bajo la premisa de que uno de los problemas más recurrentes que enfrenta el desarrollo económico en Puerto Rico es la burocracia de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el alcalde de San Sebastián y aspirante a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, propuso durante el primer debate de los candidatos flexibilizar la obtención de permisos introduciendo en el proceso ingenieros y arquitectos que tengan la autorización de aprobar los mismos.
“Uno de los problemas más significativos que tenemos hoy día, y que lleva años en Puerto Rico, es la burocracia y la permisología que impiden que nuevos comerciantes o nuevos empresarios puedan desarrollar sus negocios en una forma rápida y adecuada y que puedan comenzar a generar ingresos y a dar trabajos. Una de las cosas que nosotros proponemos es eliminar ese sistema burocrático y flexibilizar la obtención de permisos a través de los ingenieros y arquitectos licenciados”, dijo el candidato del PD.
“Esos ingenieros y esos arquitectos van a tener la autorización de emitir permisos”, añadió Jiménez, quien aseveró que “la única forma de nosotros rescatar a Puerto Rico es con la libertad económica”.
La Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de 2009 creó la figura del Profesional Autorizado para que, junto a la OGPe, evalúe, conceda o deniegue los permisos. Esta Ley señala que los Profesionales Autorizados podrán ser agrimensores, agrónomos, arquitectos, ingenieros, geólogos y planificadores todos licenciados que obtengan la autorización, así como cualquier profesional licenciado en áreas relacionadas a la construcción.
En marzo, representantes del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista presentaron 13 medidas para acelerar el proceso de evaluación de proyectos y para enmendar la Ley 161 del 2009, mejor conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico. En agosto, Pierluisi firmó al menos dos de los proyectos, uno de ellos el P de la C 2063, que permite que la mayoría de los permisos se otorguen de manera automática, y el P de la C 2062 que ordena una campaña educativa permanente para orientar sobre el proceso de solicitud de permisos.
Entre los proyectos aprobados este año está la Ley 118 que establece como política pública tramitar con prontitud los proyectos financiados con fondos federales. Además, dispone que se trate de manera “exclusiva y prioritaria” la obtención de esos permisos, licencias y certificaciones. Las agencias, corporaciones o municipios a los que la OGPe les solicite recomendaciones tendrán 20 días para responder. De no recibir contestación, se entenderá como favorable la propuesta.
Por otro lado, el pasado 29 de julio, Pierluisi también aprobó la Ley 119, que procura eliminar la duplicidad de documentos básicos, como de antecedentes penales, no-deuda de ASUME o la radicación de planillas del IVU, que se requieren cada vez que el solicitante renueva el permiso. De esta manera, el peticionario no tendrá que someter documentos que ya estén en posesión de agencias gubernamentales o en sus récords.
Inicialmente, cuando se creó el Sistema Unificado de Información (SUI) en 2018, también conocido como el Single Business Portal, una plataforma digital en la que se evalúan las solicitudes de licencias, permisos, consultas y autorizaciones que someten las personas y empresas, el objetivo era conectar las bases de datos de las entidades gubernamentales para que cuando el individuo renovara o solicitara un nuevo permiso no tuviera que proveer nuevamente documentos que se encontraban ya en manos de las agencias de Gobierno. Sin embargo, según el récord legislativo, la práctica ha demostrado que el sistema ha fallado, lo que resulta en que las solicitudes se atrasen, afirma la exposición de motivos de la Ley 119-2024 que buscaba evitar tales atrasos.
Otra de las iniciativas con las que se procuró mejorar el proceso de permisos es la Ley 122-2024 que decreta que los permisos ministeriales, aquellos que se otorgan cuando no hay restricciones reglamentarias para la construcción o en el uso de presupuesto, por lo que no requieren del juicio discrecional de las entidades de Gobierno, se otorguen de manera automática o en 48 horas luego de completada la solicitud. Una vez que el solicitante complete todo el proceso de renovaciones y certificaciones al SUI, pagará y la renovación se concederá automáticamente.
Luego del debate, el director de Campaña del Proyecto Dignidad, Juan Martínez, aclaró al Centro de Periodismo Investigativo que a lo que el candidato se refería era “ampliar los deberes y capacidades” de la figura del Profesional Autorizado, aumentar el número de los profesionales que prestan estos servicios y hacer requerimientos de documentos y certificaciones de manera más eficiente. Reafirmó que era necesaria esta ampliación porque, además, a juicio del PD es una “utopía” y “un cuento para las gradas” la recién aprobada Ley 122-2024 que establece el otorgamiento de permisos de manera automática porque no corresponde a la realidad de los recursos disponibles.
La aseveración que Jiménez Pérez hizo en el debate es engañosa porque ya existe la figura del Profesional Autorizado para la concesión de permisos. Además, en los últimos años se ha aprobado legislación para eliminar procesos burocráticos en la obtención de los permisos, aunque no necesariamente han incidido en agilizar el trámite y el desarrollo económico de Puerto Rico. La propuesta del candidato pone el peso del desarrollo económico de los pequeños y medianos comerciantes casi exclusivamente en la flexibilización de los permisos.
