Por José A. Bonilla Morales
Th.D, MBA, B.Sc.
Pensador Cívico y Político
El debate sobre el tamaño y la función del Estado en Puerto Rico muchas veces parte de una idea equivocada: asumir que reducir significativamente un aparato gubernamental sobredimensionado necesariamente debilita las instituciones o provoca inestabilidad económica. Sin embargo, el verdadero problema no es la reducción del Estado en sí, sino la incapacidad de distinguir entre un Estado funcional y uno excesivamente amplio, costoso e ineficiente. La discusión importante, entonces, no gira únicamente en torno al tamaño del gobierno, sino a qué funciones debe cumplir para ser eficiente, sostenible y justo, sin limitar la capacidad de la sociedad para producir riqueza y generar desarrollo.
El Estado no crea riqueza por sí mismo. Los recursos que utiliza provienen de la actividad económica del sector privado, que es el que produce bienes, servicios e ingresos. Por eso, no se trata únicamente de cuánto se cobra en impuestos, sino de que exista una relación razonable entre lo que el ciudadano aporta y la calidad de los servicios que recibe a cambio. Cuando esa relación no es equilibrada, se afecta la confianza en el sistema y la percepción de justicia.
Lo más importante es que el Estado concentre sus recursos en funciones esenciales como la seguridad y la justicia, la salud, la educación y la infraestructura básica. De esta manera, puede ofrecer servicios efectivos sin sobrecargar innecesariamente a la población, y al mismo tiempo permitir que la economía privada funcione con mayor libertad, competencia y capacidad de crecimiento.
En Puerto Rico, este tema es especialmente relevante. La isla tiene una carga contributiva relativamente alta en comparación con su nivel económico, pero muchas personas sienten que los servicios públicos no siempre reflejan lo que se paga en impuestos. Esto hace que la relación entre contribución y beneficio no siempre se perciba como justa o proporcional.
Además, solo alrededor del 40% al 45% de las personas en edad de trabajar participan en la fuerza laboral, lo que muestra una base productiva limitada. Dentro de esa realidad, una parte importante del empleo formal está en el gobierno, lo que hace que el Estado tenga un papel significativo dentro de la estructura económica.
Esto deja claro un punto fundamental: la economía privada es, por naturaleza, la que sostiene el sistema económico, ya que es la que genera la riqueza sobre la cual se financia el Estado. Sin embargo, ese rol solo puede cumplirse de manera efectiva cuando opera en un entorno que no la sobrecargue ni la limite innecesariamente. Cuando las condiciones institucionales son poco favorables, ese mismo sector privado enfrenta mayores dificultades para crecer, crear empleos de calidad y sostener el desarrollo económico de forma sostenible.
También existe un entorno donde no siempre es fácil crear o expandir negocios, debido a la cantidad de reglas, trámites y costos que pueden desincentivar el emprendimiento y la inversión.
Por eso, el problema principal no es solo cuánto gasta el Estado o cuántos impuestos se cobran, sino cómo está organizado todo el sistema. Lo importante es lograr un equilibrio donde el Estado cumpla bien sus funciones básicas, donde la carga contributiva sea razonable y proporcional a la calidad del servicio, y donde la economía tenga el espacio necesario para crecer y generar oportunidades.
Por lo tanto, el verdadero reto de Puerto Rico no consiste en permanecer atrapados en un debate conceptual estéril sobre si el Estado debe ser grande o pequeño. El reto real es tener la voluntad política y social para transformarlo en uno que sea eficiente, justo y verdaderamente enfocado en sus funciones esenciales. Un Estado que utilice responsablemente los recursos que recibe, que no imponga cargas desproporcionadas sobre el ciudadano y que, en lugar de limitar la capacidad productiva de la sociedad, permita el desarrollo de una economía fuerte, dinámica y capaz de generar prosperidad sostenible.
En ese contexto, resulta difícil ignorar que la realidad fiscal, económica e institucional de Puerto Rico exige una reducción sustancial de su aparato estatal. No como un fin ideológico en sí mismo, sino como parte de un proceso necesario de reorganización y eficiencia que permita aliviar la presión sobre el sector productivo, fortalecer la generación de riqueza y construir un modelo de desarrollo más sostenible a largo plazo.
