Varias organizaciones a nivel local e internacional se unieron al reclamo de los alguaciles para que la gobernadora Jenniffer González convierta en Ley el Proyecto del Senado 1021. El mismo hace justicia a los alguaciles que laboran en el Poder Judicial de la isla al convertirles en servidores públicos de alto riesgo, anunció el presidente de la Asociación de Empleados Judiciales (AEJ), Amircal Gerena Roman.
“Continuamos esperanzados en que la gobernadora hará justicia a los alguaciles y convertirá en Ley el Proyecto del Senado 1021. Con ello garantizaría que estos servidores quienes diariamente ponen en riesgo su vida, como parte de las funciones que realizan, tengan un retiro digno así como otros beneficios los cuales durante décadas reclaman”, expresó el también alguacil, Gerena Román. “Son varias las organizaciones locales e internacionales quienes se sumaron a nuestro reclamo y también solicitaron a la gobernadora la aprobación de la Ley”.
Entre las organizaciones que reconocieron el valor del proyecto aprobado en la Asamblea Legislativa se encuentra el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. A través de expresiones escritas, señalaron su apoyo a la firma del Proyecto del Senado 1021 y reconocieron que “no puede haber un sistema judicial fuerte si quienes lo sostienen desde sus funciones más esenciales permanecen rezagados en su compensación”. También señalaron que cualquier objeción de índole fiscal “se atienda con la misma urgencia que se atienden otras prioridades del sistema de justicia pues la seguridad de los tribunales no puede quedar subeditada indefinidamente a un proceso presupuestario”.
Mientras, la Asociación Dominicana de Alguaciles, Inc. apoyó el reclamo de los alguaciles y expresó su satisfacción por la aprobación del proyecto de Ley que les convierte en servidores públicos de alto riesgo. Iniciativa que fue descrita “como importante y de avanzada” a la vez que reconocieron la lucha que durante más de una década realizan los alguaciles para alcanzar la equidad e igualdad laboral.
Otros quienes también se solidarizaron con la solicitud fue la Unión Independiente de Abogados de la Sociedad para la Asistencia Legal. Estos expresaron que sin duda los alguaciles cualifican para ser servidores públicos de alto riesgo “debido a las loables funciones que ejercen día a día. De igual forma reconocieron que la aprobación de la medida “no es suficiente sin embargo, constituye un puto de partida para la obtención de condiciones laborables dignas y adecuadas para los alguaciles”.
“Reitero el llamado a la gobernadora para que haga justicia a los alguaciles. Le recuerdo que son ellos los responsables de la protección de empleados, jueces, ciudadanos y la seguridad en las salas judiciales. Además, son los alguaciles quienes custodian y transportan confinados, realizan arrestos, desahucios y emplazamientos, entre otros. Todas funciones de alto riesgo”, recordó Gerena Román.
El presidente de la AEJ se expresó confiado en que la gobernadora convertirá en Ley la medida legislativa y con ello hará justicia a este grupo de servidores públicos.
