Por Krystal A. Zapata López
La colaboración entre el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Agroecología El Josco Bravo, que durante aproximadamente una década permitió ofrecer cursos de formación agrícola a la comunidad de la región oeste en instalaciones universitarias, llegó a su fin el pasado miércoles, 21 de octubre de 2026. La decisión de la Rectoría bajo el mando del Rector Miguel A. Muñoz Muñoz– a quien esta servidora trató de contactar para entrevista, pero a cambio recibió una carta de declaraciones del Dr. Muñoz compartida por la Oficina de Prensa de la UPR– ha generado cuestionamientos por parte de la organización comunitaria, que sostiene que las situaciones señaladas por la institución fueron atendidas y que no existían razones suficientes para cancelar un acuerdo que consideraba fundamental para la educación agroecológica en la región.
La controversia gira en torno a dos perspectivas sobre el funcionamiento de la colaboración. Mientras el RUM argumenta en su Notificación de Terminación que las actividades de la escuela comenzaron a presentar dificultades que afectaban el uso de sus instalaciones y la programación académica del Colegio de Ciencias Agrícolas (CCA), el agrónomo Ian Pagán Roig, egresado de la UPR de Mayagüez y director de la Escuela de Agroecología El Josco Bravo afirma que su programa mantuvo esencialmente la misma dinámica durante los diez años de colaboración y que los incidentes operacionales que pudieron surgir fueron atendidos en coordinación con el personal universitario al momento.
La terminación del acuerdo fue comunicada mediante una carta del rector interino del RUM, el Dr. Miguel A. Muñoz Muñoz, fechada el 18 de septiembre de 2026 y dirigida al agrónomo Ian Carlo Pagán Roig, director de la Escuela de Agroecología El Josco Bravo. En la comunicación, la Rectoría reconoció que la colaboración había permitido ofrecer cursos y talleres de agroecología en las subestaciones de la Estación Experimental Agrícola (EEA) en Gurabo y en la Finca Laboratorio Alzamora del Colegio de Ciencias Agrícolas en Mayagüez.
El rector explicó que, mediante esos acuerdos, la universidad había facilitado gratuitamente el uso de salones, terrenos con riego, estacionamiento y recursos docentes. Sin embargo, señaló que la institución enfrenta limitaciones: “Hemos brindado esta colaboración a pesar de que contamos con recursos limitados de espacio, escaso personal de trabajo de campo y personal docente y de que tenemos que cumplir con requisitos de bioseguridad por la naturaleza de las investigaciones que se desarrollan en estas unidades.”
Entre las situaciones informadas a la Rectoría por el administrador de la Finca Laboratorio Alzamora y la Oficina de la Decana y Directora Interina del CCA, la carta menciona: “Hemos sido informados por el Administrador de la Finca Laboratorio Alzamora y por la Oficina de la Decana y Directora Interina del CCA, que debido a la numerosa cantidad de personas que participan en estos cursos hay problemas con el estacionamiento, presencia de menores de edad y animales domésticos en los predios de la finca. Otras dificultades informadas incluyen el uso de salones de reuniones interfiriendo con el horario de clases de cursos del CCA, uso de materiales y equipo sin permiso, obstrucción de caminos con carpas y uso de vehículos a exceso de velocidad. Es de nuestro conocimiento que se han llevado a cabo varias reuniones para atender estas situaciones, pero las mismas continúan.”
Luego de expresar ese escenario, Muñoz Muñoz citó la cláusula décima del acuerdo firmado el 7 de octubre de 2024, que permite a cualquiera de las partes resolverlo mediante una notificación con 30 días de antelación. La cláusula también contempla la terminación inmediata en casos de negligencia, abandono o conducta impropia en el cumplimiento de los deberes.
La carta estableció el 21 de octubre como fecha efectiva de terminación y señaló que la decisión respondía a la prioridad institucional de ofrecer servicios a los estudiantes y al personal del Colegio de Ciencias Agrícolas.
El Josco Bravo sostiene que los incidentes fueron atendidos La organización no estuvo de acuerdo con la determinación. En una solicitud de reconsideración fechada el 7 de octubre, Pagán Roig explicó que las situaciones mencionadas por la Rectoría habían sido discutidas previamente con representantes de la universidad y que se habían establecido medidas para atenderlas: “Luego de revisar las situaciones señaladas en su comunicación, queremos aclarar que todas las situaciones que fueron planteadas a El Josco Bravo fueron atendidas al momento en que ocurrieron. Como parte de ese proceso, se llevó a cabo una reunión en la que participaron el Administrador de la Finca Alzamora, el entonces Decano director la FCA, la entonces decana de Facultad de la FCA y representantes del Proyecto Agroecológico El Josco Bravo. En dicha reunión se discutieron las situaciones identificadas y se llegaron a acuerdos concretos dirigidos a asegurar el adecuado uso, sostenimiento y mantenimiento de los acuerdos alcanzados.”
Según la comunicación, en dicha reunión participaron el administrador de la Finca Alzamora, representantes de la dirección del Colegio de Ciencias Agrícolas y miembros de El Josco Bravo. La organización sostuvo que de ese encuentro surgieron acuerdos dirigidos a garantizar el uso adecuado y el mantenimiento de las instalaciones. Entre las medidas, mencionó que los estudiantes pudieran acceder a la finca fuera de los horarios oficiales para atender las siembras, realizar labores de mantenimiento y apoyar las cosechas.
En el documento, el directo Ian Pagán Roig describió los señalamientos como situaciones operacionales que pueden surgir al recibir grupos de participantes en una finca y aseguró que fueron atendidas de manera conjunta. También afirmó que ninguna de ellas representó un riesgo o peligro para las instalaciones, los estudiantes o la universidad. La organización sostuvo que cumplió con los acuerdos alcanzados y solicitó una reunión con el rector para discutir las razones de la decisión, revisar las medidas previamente acordadas y explorar alternativas que permitieran continuar el proyecto.
En entrevista realizada el 29 de octubre con esta servidora, Pagán Roig reiteró que la cancelación fue sorpresiva para la escuela. Según explicó, durante los años de colaboración existió una comunicación abierta con los administradores de las instalaciones y cada situación que surgía se atendía en el momento.
“Nunca entendimos que ameritaba o nunca se nos avisó que implicaba la cancelación del acuerdo”, expresó el agrónomo al referirse a los incidentes señalados por el RUM.
Pagán Roig indicó que en 2025 la escuela recibió por primera vez un reglamento formal de la Finca Alzamora y que, a partir de ese momento, siguieron sus disposiciones. También explicó que mantenían un horario semanal establecido durante el semestre y que, cuando necesitaban visitar las instalaciones fuera de ese horario, lo notificaban a la administración. Añadió que entregaban una lista oficial de estudiantes a la universidad.
El director de la escuela cuestionó, además, que las actividades del programa pudieran considerarse una interferencia significativa con las labores académicas.
Según su versión, el curso de Productores y Promotores Agroecológicos mantuvo el mismo formato durante los diez años de colaboración. Se ofrecía una vez a la semana, los viernes, durante un periodo de 20 semanas entre enero y junio. “Una cantidad similar de estudiantes, una actividad similar durante todos los diez años”, sostuvo.
De acuerdo con Pagán Roig, la sección de Mayagüez recibía un promedio de 30 participantes por semestre, aunque las solicitudes de ingreso podían alcanzar entre 60 y 80 personas. La escuela realizaba un proceso de selección para ajustar la matrícula a su capacidad.
El agrónomo también señaló que el uso de la Finca Alzamora se limitaba a un salón de clases asignado por la Facultad de Ciencias Agrícolas para el componente teórico y un predio de terreno de menos de un cuarto de cuerda para las prácticas agrícolas. Afirmó que utilizaron el mismo espacio durante los diez años y que las actividades se realizaban los viernes, día que describió como uno de menor actividad universitaria. “Básicamente, lo que utilizábamos de esos espacios era un salón de clases para poder impartir el componente teórico y un predio de terreno”, explicó.
Pagán Roig reconoció que pudieron ocurrir situaciones puntuales, como estacionamientos indebidos o retrasos de algunos minutos al salir de un salón, pero insistió en que se atendían diligentemente. También afirmó que la actividad de la escuela no perjudicó significativamente las clases, investigaciones ni otras funciones universitarias.
Una cosecha que disfrutaron ambas partes
Según el décimo punto del Acuerdo de Colaboración: “Las partes acuerdan que el 50% de las semillas […] que se produzcan en el proyecto agroecológico serán destinado al Banco de Semillas con Certificación Orgánica y pasarán a ser propiedad de la EEA (Estación Experimental Agrícola). […] Los productos que se obtengan como resultados de las siembras podrán ser distribuidos entre los participantes del curso y a estos productos no se les aplicará el Reglamento sobre disposición de materiales excedentes de la EEA.”
Ambas partes pudieron beneficiarse del trabajo realizado en las estaciones experimentales, cuyas semillas podían utilizarse tanto para continuar impartiendo clases como para investigaciones del RUM en sus otras estaciones.
Otro aspecto planteado por El Josco Bravo es la aportación de recursos para sostener los cursos. En su entrevista, Pagán Roig explicó que la organización asumía los gastos relacionados con el ofrecimiento del programa, incluyendo el pago de profesores facilitadores, la coordinación administrativa y los materiales necesarios para las prácticas.
Según estimó, el presupuesto para cada sección ronda los $10,000. Esa cantidad cubre, entre otros gastos, semillas, equipos de propagación, herramientas, fertilizantes y sistemas de riego. El director aclaró que la escuela solicitaba a los participantes una cuota voluntaria para materiales y que también gestionaba recursos económicos para sufragar los costos del programa.
“Lo único que nosotros utilizábamos de la universidad era el salón de clases, el predio y el agua de riego. Todo lo demás lo aportamos nosotros”, afirmó.
En su solicitud de reconsideración, la organización también destacó el valor de las labores agroecológicas que realizaba en los terrenos universitarios. Sostuvo que sus actividades contribuían al mantenimiento de los espacios y a mantenerlos activos.
En ese documento, indicó que más de 500 agricultores ecológicos habían recibido formación mediante las secciones de Mayagüez y Gurabo durante los diez años de colaboración.
El alcance de la escuela, según la información ofrecida por su director y la página web de la misma, se extiende más allá de esas dos localidades. El programa cuenta con otras ocho secciones en distintos puntos de Puerto Rico y atiende entre 250 y 300 estudiantes en un ciclo de seis meses. Pagán Roig explicó que la coordinación de esas actividades requiere recursos humanos, económicos y administrativos.
La Rectoría mantiene la cancelación y ofrece acceso condicionado en Gurabo Tras recibir la solicitud de reconsideración, la Rectoría respondió mediante una carta fechada el 15 de octubre y firmada electrónicamente por el rector interino el 16 de octubre. En ella, el Dr. Muñoz Muñoz reiteró la decisión de terminar el acuerdo con efectividad al 21 de octubre.
No obstante, ofreció a El Josco Bravo la posibilidad de utilizar las instalaciones de la Subestación Experimental de Gurabo para actividades educativas, siempre que se coordinaran previamente con el administrador de la estación, el agrónomo Ramón Couto. La solicitud tendría que especificar la fecha del taller, la cantidad de participantes, su duración y el personal técnico que estaría a cargo.
La carta establece que el administrador determinaría la viabilidad de la fecha y del uso de los terrenos solicitados. También enfatiza la necesidad de una coordinación que garantice que las actividades educativas no afecten las investigaciones realizadas en dicha subestación.
En entrevista, Pagán Roig indicó que la escuela había solicitado una reunión directamente con el rector para discutir la cancelación y pedir que se reconsiderara.
Según expresó, no se les concedió la reunión que solicitaron. La respuesta escrita de la Rectoría mantuvo la terminación del acuerdo, aunque abrió la posibilidad de coordinar actividades educativas en Gurabo bajo condiciones específicas.
Por su parte, en una comunicación pública difundida el 27 de octubre, el RUM reiteró su compromiso con la educación agrícola, pero explicó que la prioridad institucional es garantizar que las instalaciones universitarias estén disponibles para atender a sus estudiantes y las investigaciones de la facultad. La institución aclaró que la terminación del acuerdo no representa un rechazo a la agroecología ni a la labor de El Josco Bravo.
En esa misma comunicación, el recinto señaló que la Estación Experimental de Gurabo continúa disponible para actividades educativas que sean coordinadas con su administración y que el Servicio de Extensión Agrícola podría continuar ofreciendo apoyo. Sobre la Finca Alzamora, explicó que sus espacios tienen disponibilidad limitada debido a las actividades académicas, docentes y de investigación que allí se desarrollan. También sostuvo nuevamente que las actividades relacionadas con el acuerdo habían comenzado interferir con la programación académica, los horarios de clases y los cursos del Colegio de Ciencias Agrícolas.
La Rectoría expresó su disposición a desarrollar alternativas que permitan apoyar el desarrollo agrícola sin comprometer las responsabilidades académicas y de investigación del recinto.
¿Podrán seguir cosechando agricultores en la Región Oeste?: El futuro de la oferta educativa en la región Para El Josco Bravo, uno de los efectos inmediatos de la decisión es la incertidumbre sobre la continuidad de sus cursos en Mayagüez. En la solicitud de reconsideración, Pagán Roig advirtió que la convocatoria para el próximo semestre comenzaría en aproximadamente tres semanas y que la terminación del acuerdo dificultaba ofrecer los cursos correspondientes a la región oeste.
La organización considera que la pérdida de acceso a la Finca Alzamora limita las oportunidades de formación para personas interesadas en la agroecología. Aunque la Rectoría ofreció la posibilidad de coordinar actividades en Gurabo, esa alternativa está sujeta a la disponibilidad y aprobación de la administración de la subestación, y no representa necesariamente la continuidad del modelo de colaboración que existía en Mayagüez.
La documentación disponible refleja que ambas partes reconocen el valor de la educación agrícola y la importancia de apoyar el desarrollo del sector. Sin embargo, mantienen diferencias sobre el manejo de las situaciones operacionales que motivaron la terminación del acuerdo y sobre si las medidas adoptadas anteriormente eran suficientes para permitir que la colaboración continuara.
El fin de esta relación institucional deja planteada una interrogante que va más allá del uso de un salón o un predio agrícola: cómo pueden conciliarse las necesidades académicas y de investigación de una universidad pública con iniciativas comunitarias que buscan ampliar el acceso a la educación y fortalecer la producción agrícola del país.
