La división política y el ambiente de confrontación en la Legislatura Municipal de Moca quedaron al descubierto tras la emisión de una Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Centro Judicial de Aguadilla), la cual declaró Ha Lugar un recurso de Mandamus presentado por seis legisladores municipales.
La demanda (Caso Núm. SS2026CV00717), radicada por los legisladores Hon. Héctor Rosario Rivera, Hon. Adeliada Vale Roldán, Hon. Jorge Pérez Díaz, Hon. Juan Plaza, Hon. Alexis García y Hon. Migdalia Cordero, surgió luego de que la presidenta del cuerpo legislativo municipal, Hon. Ana E. Pérez Barreto, se negara a incluir en el calendario de la Sesión Ordinaria una medida radicada en tiempo y forma.
El proyecto en controversia, identificado como el Proyecto de Ordenanza Núm. 7 (Serie 2026-2027), busca regular los gastos del Ejecutivo Municipal imponiendo una política pública sobre la rotulación institucional y limitando el uso del nombre del alcalde en vehículos, edificios y espacios públicos. Según se trascendió en la vista del caso, la medida responde al reclamo de frenar gastos no esenciales y defender la transparencia.
Un cuerpo legislativo dividido
Actualmente, la Legislatura Municipal de Moca atraviesa una fractura política histórica, compuesta por 6 legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), 6 del Partido Nuevo Progresista (PNP), 1 legislador de Proyecto Dignidad y 1 vacante del PPD.
En su dictamen, el Juez Superior Miguel Trabal Cuevas resolvió tajantemente que la presidenta no posee la facultad discrecional de «filtrar» o posponer indefinidamente los proyectos presentados por los legisladores. En el juicio, la presidenta alegó que atendería la medida «cuando pueda» o «a futuro», posturas que el Tribunal catalogó como contrarias al deber ministerial dispuesto por el Código Municipal de Puerto Rico (Ley 107-2020).
«La presidenta no tiene discreción para determinar qué asuntos se consideran y cuáles no… No hacerlo afecta y priva al legislador de participar del proceso legislativo municipal y de representar a sus electores», lee parte del fallo.
Orden judicial e imposición de desacato
El Tribunal le ordenó de manera perentoria a la presidenta Ana E. Pérez Barreto que en la próxima reunión de sesión ordinaria incluya en la agenda, de forma obligatoria, la medida para reglamentar la rotulación institucional. Asimismo, el foro judicial apercibió a la funcionaria de que, de desobedecer la orden, se expone a sanciones y multas bajo las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil.
Los legisladores demandantes reafirmaron su compromiso con los mocanos, señalando que continuarán fiscalizando los fondos públicos y defendiendo los procesos democráticos dentro del cuerpo, por encima de los intentos de silenciar las medidas de control fiscal e institucional.
