Por Angélica Soto Ríos
El representante por acumulación, Ramón Torres Cruz, solicitó mediante una carta enviada al Gobierno de Puerto Rico que se considere activar el trabajo remoto para empleados públicos al entender que sería una medida beneficiosa ante el aumento en el costo del combustible.
Señaló que un empleado que teletrabaje un solo día a la semana puede ahorrar entre $64 y $98 mensuales, según estimaciones basadas en gastos de gasolina, peajes, estacionamiento y alimentación fuera del hogar.
Torres Cruz explicó que el artículo dos de la Ley 36 de 2020 establece que el teletrabajo es una opción laboral para todo empleado gubernamental que cualifique, con el propósito de agilizar procesos, reducir gastos y ofrecer mayor flexibilidad laboral. Añadió que el artículo tres dispone que su implementación es compulsoria para las agencias del Gobierno Central.
Asimismo, afirmó que la ley continúa vigente, por lo que resaltó la necesidad de activar el trabajo remoto para los empleados públicos que cualifiquen. “Sería un alivio sustancial e inmediato, así que hasta un 28% de los empleados públicos podrían beneficiarse de un día trabajando en su casa, en donde podrían estar contestando el teléfono, redactando informes, monitoreando el proceso gubernamental, y al final del día van a tener un dinero adicional en el bolsillo mensual”, indicó.
Sobre el impacto fiscal, el representante por acumulación cree que no tendría ninguno. “La propia ley que se autorizó en el 2020 señalaba que el gobierno podría beneficiarse del trabajo remoto. Le iba a ahorrar dinero al gobierno porque eran personas que no estaban llegando físicamente a su lugar de trabajo, no estaban gastando electricidad en su oficina ni utilizando los recursos de la oficina y en aquel entonces la razón principal del trabajo a distancia era la pandemia”, sostuvo.
De igual forma, recalcó que esta modalidad de trabajo ya se considera en otras jurisdicciones, por lo que favoreció su activación.
Entre otras alternativas, Torres Cruz mencionó que también se debe considerar ampliar las rutas del transporte colectivo y establecer tarifas gratuitas por un tiempo definido y reducir la crudita.
Opinión de un economista
Por su parte, el economista José I. Alameda Lozada opinó que activar el teletrabajo para empleados públicos sería “viable”, al reconocer que hay trabajos que pueden realizarse de manera remota, aunque señaló que existen labores que requieren la presencia física del empleado.
“La tecnología está revolucionando todo y el trabajo se ha modificado significativamente, de manera tal que muchas labores se podrían realizar en línea, así que tiene también ventajas, especialmente en el gobierno, donde se podría reducir el uso de oficinas, ahorrar espacio y recursos, disminuir costos operacionales y generar eficiencia en algunos servicios”, expresó.
Asimismo, señaló que esta modalidad permitiría al empleado reducir traslados y ahorrar gasolina, aunque advirtió que algunos costos se trasladan al hogar del empleado, como el consumo de energía eléctrica e internet.
Sobre el impacto que pudiera tener, indicó que debe analizarse a largo plazo, ya que “es difícil medirlo de manera inmediata”. Añadió que el efecto en la productividad también requiere estudios.
El economista también planteó que, ante el aumento en el costo de vida, el gobierno debería evaluar otras medidas adicionales. “Para empezar el gobierno debe comenzar a tratar de eliminar la crudita, así como bajar las tasas contributivas, especialmente en las clases pobres y en las clases medias”, afirmó, al tiempo que señaló que el gobierno podría ser “más empático”.
Sobre el futuro del teletrabajo, consideró que esta modalidad llegó para quedarse, aunque agregó que debe reestructurarse y organizarse mejor.
En cuanto al alza en el costo de la gasolina, Alameda Lozada indicó que ha tenido un impacto económico que afecta directamente a los consumidores, por lo que vio viable la activación del trabajo remoto.
