Por Dr. Edgar León Ayala
En un país que atraviesa una de las crisis fiscales más agudas de su historia, el Gobierno de Puerto Rico continúa permitiendo una hemorragia de fondos públicos que desafía toda lógica financiera: el pago de rentas millonarias a corporaciones privadas. Mientras cientos de escuelas cerradas y edificios gubernamentales se convierten en estorbos públicos cubiertos de maleza, las agencias drenan el erario para enriquecer a dueños de locales comerciales y oficinas de lujo.
Interrogantes que Exigen Respuesta Inmediata
Para que las autoridades «despierten» —o al menos se vean obligadas a dar cara— es necesario que el pueblo y los organismos fiscalizadores planteen las siguientes preguntas investigativas:
1.Conflictos de Interés y Cabildeo: ¿Cuántos de estos contratos de arrendamiento pertenecen a clientes o firmas representadas por Politank u otros grupos de cabildeo con acceso directo a la Fortaleza?
2.Propiedad de los Inmuebles: ¿Cuántos de estos edificios pertenecen, directa o indirectamente (a través de LLCs), a políticos activos, exfuncionarios o donantes principales de los partidos de gobierno?
3.Contratos «Eternos»: ¿Cuántos de estos alquileres han superado los 10 o 20 años de vigencia bajo el pretexto de «emergencia» o renovaciones automáticas, sin haber pasado nunca por un proceso de subasta competitiva?
4.Resistencia al Cambio: Si existen cientos de planteles escolares y centros gubernamentales vacíos (propiedad de la AEP), ¿cuál es la justificación técnica y económica para no mudar las operaciones allí? ¿Qué impide la consolidación de oficinas en una infraestructura pública interconectada?
5.Investigaciones en Curso: ¿Qué contratos de alquiler están bajo la lupa de las autoridades federales o la Oficina del Contralor actualmente? ¿Por qué los hallazgos de irregularidades en arrendamientos no han resultado en cancelaciones de contratos o referidos criminales contundentes?
Desobediencia a la Junta: La Junta de Control Fiscal ha dado instrucciones claras de optimizar el inventario de bienes inmuebles y reducir el gasto en renta privada. ¿Por qué el gobierno sigue solicitando millones para arrendadores privados en lugar de asignar capital para rehabilitar lo propio?
La Auditoría Ciega y la Falta de Dientes
Es inaceptable que el gobierno actúe como un inquilino sumiso mientras su propio patrimonio se pudre al sol. La «auditoría externa» ha demostrado ser ciega ante este esquema, y la Junta de Control Fiscal sigue aprobando presupuestos sin exigir un plan de desalojo de rentas privadas.
La ruta es una sola: Identificar quiénes son los beneficiarios reales de esos $82 millones, cancelar los contratos que no sirven al interés público y obligar a las agencias a mudarse al patrimonio que ya le pertenece al pueblo. Puerto Rico no puede seguir financiando las ganancias de unos pocos con el dinero que debería estar en los servicios esenciales del país.
