Los Dueños Mayoristas de Máquinas de Juegos de Azar, licenciados por la Comisión de Juegos de Puerto Rico, expresaron hoy su preocupación y deseo que se entienda correctamente su rol dentro del campo del entretenimiento y que se deja atrás el estigma general de ilegalidad. Esto, mediante la información y la correcta divulgación de la Ley 11 (“Ley de Máquinas de Juegos de Azar”). Igualmente, explicaron los eventos ocurridos durante su implementación e impacto en los ingresos destinados al retiro de la Policía y otros fines.
Jaime Alex Irizarry, quien fuera director de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y desde allí combatió arduamente las operaciones ilegales de las máquinas, es el portavoz de un grupo de dueños mayoristas y consultor en esta industria, apoyando a empresarios puertorriqueños en su proceso de formalización y cumplimiento legal.
Durante años, el proceso de estructuración de las máquinas de azar -fuera de los Casinos debidamente registrados en ley- ha sido largo y arduo por diversas implicaciones legales, sociales, así como desconocimiento del proceso por parte de los dueños de negocios, quienes las fueron adquiriendo y colocándolas como una especie de ‘valor añadido’ a sus comercios. Al día de hoy, la operación de esas máquinas que no estén bajo los parámetros de la Ley 11 (y que no estén licenciados por la Comisión) constituye un delito penal con multas hasta de $10 mil para los dueños de los negocios, aparte de atentar contra el retiro de nuestros policías.
El proceso de ir eliminando estas máquinas que operan fuera de la regulación (no registradas y que no aportan al fisco, como las que existen en los Casinos) comenzó hace varios años y ha sufrido cambios en busca de lograr la meta. No obstante, no había sido del todo efectiva. Actualmente, la Ley 11, según enmendada, ofrece la oportunidad a estos comerciantes de poder entregarlas, sin sanción alguna, y la oportunidad de adquirir otras que operen bajo la ley.
Desde 2018, la regulación de esta industria ha pasado por múltiples procesos legislativos y administrativos:
• Ley 257 (2018): Reforma Contributiva para un Nuevo PR.
• Ley 81 (2019): Creación de la Comisión de Juegos de PR.
• Reglamento 9175 (mayo 2020): Expedición de licencias para MJAR.
• Inicio de solicitudes de licencias: Octubre 2020.
• Otorgación de primeras licencias: Febrero 2021.
• Primeros marbetes a DM licenciados: Septiembre 2021.
• Enmiendas a la Ley 11: Ley 104 (2022), Ley 42 (feb. 2024), Ley 112 (julio 2024)
· Aprobación del Nuevo Reglamento Febrero 2025
Por otro lado, uno de los asuntos que más se afecta con la permanencia de estas máquinas ilegales es el recaudo conducente al retiro de nuestros policías, más allá del daño a aquellos pequeños comerciantes y operadores que sí están regulados. “El mismo gobierno, en voz de la primera mandataria, ha manifestado recientemente su preocupación sobre este tema; lo que se esté recaudando, cómo se maneja y estamos seguros de que abogará porque sea una cantidad razonable y digna, como merece nuestra fuerza de ley y orden”, expresó Irizarry.
“Los Dueños Mayoristas licenciados estamos listos para cumplir con la ley. Proponemos ajustes que fortalecen el retiro de nuestros policías sin afectar ingresos recurrentes ni crear un impacto fiscal negativo”, añadió Irizarry.
La propuesta sería la siguiente:
1- Reasignación del 22.5% de la parte que va a los ingresos gubernamentales
o En lugar de 55%, destinar 85% al retiro de la Policía
o 10% a la Comisión de Juegos para fiscalización y erradicación de la ilegalidad (con estos recursos, la Comisión no tendría que afectar los ingresos de los Casinos que ya aportan el 52% de impuestos al Gobierno)
o 5% a AMSCA para programas contra la ludopatía
2- Ajustes en ingresos por licencias
o Licencias de $400: aumentar la aportación al retiro de $50 a $300
o Licencias de $1,500: aumentar la aportación al retiro de $450 a $1,000.
3- Distribución de ingresos por multas:
o 50% al retiro de la Policía
o 50% al Fondo General
4- Eliminación del requisito de $12 millones exigidos por la JSF al Fondo General, permitiendo el flujo inmediato de ingresos al retiro sin necesidad de subsidios gubernamentales
5- Incorporación de otras actividades bajo la misma normativa:
o Aplicar el 22.5% de contribución gubernamental a las máquinas del Hipódromo Camarero y Light & Wonder y todo lo contenido bajo la ley 11
o De la contribución de las apuestas deportivas, hoy de solo 7% en locales y 12% en línea, de dichos recaudos destinar el 22.5% al retiro de la Policía.
Paralelamente a lo anterior, existe el reglamento de “Máquinas de Juego de Azar en Ruta” (como se le conoce oficialmente a las que operan fuera de los Casinos), el que los Dueños Mayoristas de Máquinas de Juego de Azar solicitan se logre su implementación, tras ser aprobada recientemente.
“En todo el mundo, cuando se formaliza o transforma una industria de juegos de azar, la norma es regular antes de recaudar. No hacerlo ha generado dos problemas: Resistencia a la formalización, ya que los impuestos elevados desalientan a quienes desean operar legalmente; y, aumenta la ilegalidad, porque operar al margen de la ley resulta más ventajoso para algunos. A esto se suman intereses económicos diversos:empresas reguladas que buscan proteger su cuota de mercado, nuevos operadores que quieren monopolizar la industria y operadores clandestinos que evitan la formalización. Sin embargo y a pesar de todo, los aquí presentes, apostamos a la legalidad y seguimos confiados en que se logrará”, aseguró Irizarry, representante oficial de los Dueños Mayoristas de Máquinas de Juego de Azar.
“A los hombres y mujeres de la Policía de Puerto Rico -activos, retirados y sus familias– este grupo de empresarios está con ustedes. Estamos dispuestos a soportar la carga impositiva de esta ley, pero solicitamos que ahora una vez aprobado el nuevo reglamento, se comience la actividad brindando todas las garantías para el éxito de los recaudos y la eliminación de la ilegalidad. El nuevo gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal, la Asamblea Legislativa y la Comisión de Juegos tienen una responsabilidad moral y social con ustedes, más no tenemos dudas que así será. Es hora de garantizarles un retiro digno. Si comenzamos a valorar a nuestros oficiales en su retiro, tal vez la sociedad aprenda a respetarlos mientras aún están en servicio”, concluyó diciendo Irizarry.
