Al advertir que el acceso al agua es un derecho inalienable, el Ombudsman de Puerto Rico, Edwin García Feliciano, enfatizó que, tras tres décadas de la construcción del Sistema de Distribución de la Costa Norte —conocido popularmente como el «Súperacueducto»—, es una negligencia crasa seguir posponiendo una evaluación exhaustiva de su estabilidad estructural.
Ante la alarmante vulnerabilidad del sistema de distribución de agua potable y los pronósticos climatológicos que anticipan un periodo crítico de sequía exacerbado por el fenómeno de El Niño, García Feliciano expresó su más seria preocupación y lanzó un enérgico llamado a las agencias pertinentes para que actúen con carácter de urgencia.
“La triste y amarga experiencia por la que hoy atraviesan múltiples pueblos sin el preciado líquido, tiene que, irremediablemente, servir de experiencia, para evitar situaciones similares en el futuro. Esta administración tiene la gran oportunidad de sentar las bases para que eso no ocurra”, afirmó.
Puntualizó el exalcalde que tuberías viejas, múltiples salideros, promesas incumplidas por años, poco equipo de reemplazo, y falta de supervisión al mantenimiento de la infraestructura, no pueden ser elementos de los que como pueblo, nos tengamos que sentir orgullosos siendo la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), un monopolio.
Citó que el súpertubo es la arteria principal que suministra el líquido vital a la zona metropolitana y a múltiples municipios de las regiones norte, este y central de la isla, por lo que la gerencia de la Autoridad, no puede seguir cruzada de brazos esperando el colapso de una infraestructura que ya cumplió 30 años, sin que se certifique su estabilidad real.
“La falta de previsión histórica en nuestro país no puede seguir pagándose con el bienestar de la gente. El agua no es un privilegio negociable. Es un derecho humano inalienable”, sentenció con firmeza el Ombudsman.
Precisamente, reclamó de Acueductos, a proteger con urgencia a la población, especialmente a los ciudadanos de la tercera edad.
El Procurador del Ciudadano recordó que los datos demográficos históricos y recientes confirman un envejecimiento acelerado en Puerto Rico, donde la población de la tercera edad ya constituye la mayoría de nuestros habitantes.
“Una crisis de agua o un plan de racionamiento mal ejecutado es una sentencia de crisis humanitaria para nuestros adultos mayores. Muchos de ellos viven solos, padecen condiciones de salud crónicas o encamados, y no cuentan con la fuerza física ni el apoyo para cargar envases de agua. El Estado tiene la obligación moral y legal de velar por la estabilidad de estas familias”, añadió García Feliciano.
Del mismo modo, de ser inevitables los planes de interrupción controlada del servicio debido a la sequía, el Ombudsman fue categórico en que Acueductos, no puede operar desde la insensibilidad. Exigió que, si se va a racionar el agua, se programen ventanas de servicio que respeten la dignidad y la rutina laboral y escolar de los ciudadanos.
Como ejemplo, sugirió que el servicio pueda estar disponible cada mañana a más tardar a las 4:30 a.m., permitiendo que las familias se preparen adecuadamente para asistir a sus centros de trabajo, verano extendido para los estudiantes o los campamentos de verano.
En horario vespertino, el preciado líquido debe estar disponible en un horario, que garantice el tiempo necesario para el aseo personal, la preparación de alimentos y el descanso.
“La planificación, la toma de decisiones y la empatía tienen que ir de la mano. Exigimos planes de contingencia claros, mantenimiento preventivo real al Súper Tubo y sensibilidad extrema con nuestro pueblo”, demandó.
Dijo que la Procuraduría se mantendrá atenta para que no se siga vulnerando el derecho de ningún ciudadano a recibir un servicio esencial y digno.
