La Dra. Ada Álvarez Conde, destacada activista contra la violencia de género, se expresó ante la liberación de Hermes Ávila Vázquez, acusado por el asesinato de Ivette Joan Meléndez en Manatí. “El país está indignado, sentido e irritado ante esta desgracia, pero sobre todo porque Ávila Vázquez, fue liberado bajo la protección de la Ley 25-1992 debido a una supuesta condición de salud terminal, debía cumplir 122 años de cárcel por otro asesinato en el 2005. La empresa implicada en este caso, Physician Correctional, debe ser sometida a una investigación independiente”.
En septiembre de 2023, el DCR escogió a Physician Correctional, para un contrato de cinco años, por más $73.7 millones, $16 millones más respecto al contrato previo, que era por $56.8 millones, responde a que se integraron a este nuevo contrato otros dos que se habían firmado en 2020 y se pagaban por separado: por los servicios sicológicos del negociado de evaluación y asesoramiento de salud mental, y por los servicios de salud mental a los jóvenes transgresores.
Para Álvarez Conde, “es también una imprudencia del gobernador Pedro Pierluisi su aparente defensa de esa empresa, señalando que es muy prematuro para hablar de que se le deba cancelar el contrato a Physician Correctional. Se ha denunciado además la vinculación de la empresa con el gobierno de turno, por lo que no debe ser la razón para su defensa. Aquí se está hablando de que dejaron libre a un asesino convicto que burló al equipo de médicos, un error que costó una vida”. Ese confinado, Hermes Ávila Vázquez, está acusado de matar a una mujer brutalmente, la segunda en su abultado historial delictivo.
