Friday, July 19, 2024
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FICPRO EXIGE QUE SE RESPETE LA CONSTITUCIÓN Y EL DEBIDO PROCESO

Tamara Pérez, presidenta de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado de Puerto Rico (FICPRO), alzó su voz ante los abusos cometidos por parte de funcionarios del Departamento de la Familia, los cuales terminaron con un revés en el tribunal por violar el derecho de índole constitucional del debido proceso de ley en su manejo de alegadas irregularidades en la operación del Hogar Las Águilas, un centro de cuido de adultos mayores ubicado en el municipio de Ponce.

“La Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, a través del fallo pronunciado por el juez Pedro Vidal Ríos, nos permite visibilizar el patrón de abusos a los cuales han sido sometidos muchos dueños de hogares, pero que no siempre recurren a los tribunales para hacerse justicia. Lamentablemente, otros dueños terminan enfrentando el cierre del hogar que con tanto esfuerzo y dedicación administran, porque sencillamente son juzgados sin la oportunidad de ser escuchados. No les permiten someter evidencia para defenderse”, aseguró la presidenta de FICPRO, institución que representa cerca de 500 hogares que operan en la isla. 

Señaló además que FICPRO y otras organizaciones que representan a la industria han sostenido reuniones con el Departamento y con Fortaleza, alertando sobre la situación y su impacto en los hogares y en los residentes.  “La última reunión se llevó a cabo en las Oficinas del OMBUDSMAN, en la cual participó la presidenta de la Junta Adjudicativa del Departamento y donde medió un compromiso de atender estos retos, a través de enmiendas al Reglamento Adjudicativo, pero hoy no ha ocurrido nada”, recordó. 

Pérez afirmó que Las Águilas no es el único centro de adultos mayores que ha visto violentado sus derechos por las malas prácticas de los funcionarios del Departamento de la Familia. “Lo más serio de todo es que, no solo se violentan los derechos de los hogares que con alto compromiso ofrecen un servicio esencial a esta población, sino que se laceran los derechos de los propios adultos mayores que luego de décadas de considerar a la institución su hogar, son removidos abruptamente sin ningún tipo de protocolo, y sin permitir que el hogar pueda defenderse o refutar las alegaciones, que en muchas ocasiones son producto de la subjetividad y opinión del investigador, donde no media evidencia alguna que sustente las mismas.  Al final, los hogares están a expensas del punto de vista del funcionario que visita”. 

Puesto que no existe un criterio único de evaluación, en muchas ocasiones, deficiencias administrativas son, de manera bastante subjetiva, catalogadas como maltratos. Pero el problema no termina ahí, sino que los hogares son clausurados sin tener derecho a la defensa. 

Pérez denunció que muchas veces el dueño del hogar es el último que se entera de la determinación porque “antes de cursar la notificación al hogar, el Departamento procede a contactar a los familiares para informarles sobre el cierre y solicitarles que remuevan al residente. Entonces, si los familiares se niegan, lo que muchas veces sucede, el Departamento los amenaza con quitarle la ayuda en el pago del cuidado asistido”.

La presidenta de la FICPRO declaró que su institución alertó sobre todas estas irregularidades ante las propias autoridades del Departamento de la Familia y la Legislatura de Puerto Rico, pero “cayeron en oídos sordos”. A su vez, resumió que que uno de los “mayores retos en el proceso es la falta de protocolos uniformes”, lo que hace vulnerable a los hogares a determinaciones subjetivas o a interpretaciones diversas, dependiendo de la Región. 

“No existe un debido proceso de ley ante el Departamento; un hogar afectado solicita reconsideración o vista sobre su caso ante el Departamento y la Junta Adjudicativa puede tardar uno o dos años en responder, si es que responde porque tuvimos socios que su solicitud de reconsideración o vista nunca fue respondida”, reclamó. 

Pérez reafirmó que la organización no ha escatimado en esfuerzos para evitar que este tipo de injusticias se sigan proliferando, pero en ocasiones, se han encontrado con piedras en el camino. Por eso, urgió al gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y a la Asamblea Legislativa acción inmediata sobre el particular. 

Como ejemplo, relató que la Comisión de Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, presidida por la senadora Rosamar Trujillo Plumey, llevó a cabo una investigación sobre el hogar Las Águilas bajo la Resolución del Senado 107-2021, donde no se invitó par a deponer a la administración del hogar, ni a las organizaciones que representar al sector. “A pesar de la seriedad del asunto y de las miles de vidas que se trastocan por las malas decisiones de algunos funcionarios gubernamentales, la Comisión celebró una sola vista, a pesar de que informamos que nuestra organización tenía muchos otros ejemplos de hogares que vieron violentados sus derechos”, lamentó. 

Aunque reconoció que el Departamento de la Familia debe ser un regulador, Pérez entiende que la agencia debe ejercer como un facilitador “para que los hogares cumplan con sus tareas, no es aniquilar a la industria, tomando como base que la población envejecida está creciendo vertiginosamente. Cerrar hogares no es la solución”. 

Según el “Perfil Demográfico de la Población de Edad Avanzada: Puerto Rico y el Mundo”, en la Base Internacional de Datos del Censo, Año 2020, la expectativa de vida de la población de Puerto Rico es de 81.3 años y se mantuvo igual en el 2021. 

La presidenta de FICPRO dijo que los funcionarios deben considerar que los hogares realizan un trabajo sumamente importante, dirigido a la salud y el bienestar del adulto mayor. “Dejamos todo nuestro compromiso en ello. Nuestra organización no tolera, ni fomenta las inobservancias, pero también demandamos que los funcionarios del Departamento de la Familia dejen de tratarnos como enemigos”, apuntó. 

“Nosotros no nos movemos por motivos ideológicos, sino, exclusivamente, altruistas. Creemos que una sociedad sana y próspera se sostiene sobre el respeto y la igualdad ante la ley. De igual manera, consideramos importante que las instituciones privadas, públicas y de beneficencia puedan trabajar de manera sinérgica en beneficio de un mejor Puerto Rico”, concluyó Pérez. 

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