En medio de crecientes preocupaciones públicas, los legisladores municipales del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Santana y Freddie Vargas, junto al presidente de la organización Servidores Públicos Populares, Juan Vega alzaron hoy su voz para exigir explicaciones claras e inmediatas al alcalde de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, tras revelarse un aumento dramático en sus ingresos durante el último año. Además, confirmaron que ya han activado mecanismos a nivel estatal y federal para que se inicie una investigación exhaustiva.
Según detallaron, los informes financieros del alcalde reflejan un salto que no pasa desapercibido: de $144,180 reportados en 2023 a más de $510,000 en 2024. A esto se suma un crecimiento notable en sus activos y en el volumen de transacciones, lo que ha encendido alertas sobre la necesidad de rendición de cuentas.
“Estamos hablando de un aumento que no es menor ni ordinario. Es un cambio patrimonial significativo que, como mínimo, merece una explicación clara, detallada y documentada al pueblo”, expresó Santana.
Más allá de las cifras, los legisladores advirtieron sobre una serie de eventos que, en conjunto, levantan serias interrogantes: la creación de una corporación privada vinculada al alcalde, la adquisición de una propiedad comercial y su posterior arrendamiento a una empresa contratista relacionada con proyectos financiados con fondos públicos.
“Lo que aquí levanta bandera no es un evento aislado, sino la coincidencia de varios factores: la creación de una entidad con fines de alquiler, la compra de una propiedad comercial, el uso de esa propiedad por parte de un contratista del gobierno y, simultáneamente, un aumento sustancial en los ingresos reportados por el funcionario”, sostuvo Santana.
Por su parte, Vargas enfatizó que, aunque los documentos disponibles no establecen de manera concluyente el origen del dinero utilizado para la compra de la propiedad, sí plantean interrogantes legítimas que no pueden ser ignoradas.
“Cuando se trata de un funcionario público, la transparencia no es opcional, es una obligación. Este asunto no se va a quedar en el plano mediático. Ya se han referido los elementos pertinentes para la evaluación de las agencias concernidas, tanto a nivel estatal como federal”, indicó.
Mientras, el presidente de los Servidores Públicos Populares, Juan Vega fue enfático en que el alcalde debe responder públicamente a preguntas fundamentales: ¿Cuál es el origen del financiamiento para la compra de la propiedad? ¿Se realizaron las divulgaciones requeridas sobre posibles conflictos de interés? ¿Cómo se justifica un aumento tan acelerado en ingresos y activos?
“Cuando hay dinero público involucrado, el estándar de rendición de cuentas tiene que ser más alto. El país merece saber si hubo o no algún beneficio privado vinculado a un contrato público”, puntualizó Vega.
Finalmente, los legisladores populares advirtieron que este asunto debe ser evaluado con seriedad por las agencias correspondientes, pero insistieron en que la primera responsabilidad recae en el propio alcalde.
“Lo correcto es que dé la cara y explique. No estamos pidiendo excusas, estamos exigiendo transparencia”, concluyeron.
