Las Representantes Sol Higgins Cuadrado, Swanny Vargas Laureano, Lillibeth Vargas Rosas, Gretchen Hau y Estrella Martinez, todas de la Delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes solicitan a la Comisión de Gobierno y a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes que inicien de manera urgente una investigación profunda y seria sobre el funcionamiento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, al amparo de la Resolución de la Cámara 657, aprobada unánimemente el pasado 19 de marzo de 2026.
La petición surge ante la indignación pública generada por el caso de Carlos Manuel Estefano Espino, sospechoso del asesinato de la enfermera Jenniffer Marie Torres Castro en Caguas, quien se encontraba libre en la comunidad bajo el beneficio de libertad bajo palabra desde el 2018, a pesar de haber sido sentenciado a 167 años de cárcel por los delitos de feminicidio, violación, sodomía y robo, y de no aparecer en el Registro de Ofensores Sexuales de Puerto Rico.
El Caucus exige que la investigación al amparo de la RC 657 incluya una auditoría inmediata para identificar cuántas otras personas en la libre comunidad se encuentran en circunstancias iguales o similares. Los convictos de delitos violentos con sentencias largas que fueron excarcelados bajo el beneficio de libertad bajo palabra sin supervisión adecuada. Igualmente, solicitan que se determine por qué Estefano Espino no aparecía en el Registro de Ofensores Sexuales y cuántos otros convictos por delitos sexuales están igualmente ausentes de dicho registro.
La investigación debe además examinar a fondo los criterios utilizados por la Junta de Libertad Bajo Palabra para conceder este beneficio particularmente en casos de violencia de género y feminicidio, e identificar qué vacíos en la legislación vigente permitieron esta situación y qué medidas legislativas concretas se pueden aprobar para que casos como este no vuelvan a ocurrir.
«¿Cómo es posible que una persona convicta de feminicidio, violación y sodomía, con una sentencia de 167 años, esté libre sin supervisión alguna y fuera del registro de ofensores sexuales? Eso no es un error administrativo, es un fallo sistémico que le costó la vida a una mujer. No podemos seguir hablando de seguridad pública sin hablar de seguridad para las mujeres. Exigimos que ambas comisiones actúen con la urgencia que este caso demanda», expresaron las representantes.
La Resolución de la Cámara 657 fue aprobada unánimemente el 19 de marzo de 2026 y ordena una investigación exhaustiva sobre el funcionamiento de la Junta de Libertad Bajo Palabra, incluyendo sus procesos administrativos, el volumen de casos pendientes y los criterios utilizados para conceder el beneficio de libertad bajo palabra a convictos de delitos violentos. A pesar de haber sido aprobada hace más de tres meses, la investigación ordenada no ha comenzado formalmente, razón por la cual se exige activar el proceso de manera inmediata.
«Una mujer muerta es demasiado. Un sistema roto es inaceptable. Una legislatura que no actúa es cómplice», añadieron.
