Por Carlos Berríos Polanco | Centro de Periodismo Investigativo y 9 Millones
Desde el conteo de los votos adelantados y ausentes hasta el escrutinio general después del día de las elecciones, la pureza del proceso de sufragio depende de miles de personas que están siendo adiestradas para fungir como funcionarios de colegio para las elecciones generales del 5 de noviembre y cuyo reclutamiento recae en los partidos políticos, excepto en el caso de los candidatos independientes.
Aparte de los funcionarios en los colegios, un contingente de al menos 25 observadores independientes de organizaciones de la sociedad civil, y cerca de 129 observadores de la Comisión de Derechos Civiles, ya están enfilados para vigilar el ejercicio electoral.
A esa cifra se sumarán 31 observadores de organizaciones electorales y de derechos humanos que vendrán de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Argentina y Panamá. En documentos entregados a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés), la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) certificó que identificaron en el presupuesto $75,000 para costear el viaje y estadía, entre otros gastos del grupo internacional. La ACLU demandó a la CEE para obtener información.
Sin embargo, al cierre de esta edición, cuando faltaban 10 días para las elecciones, algunos observadores tenían dudas sobre la aplicabilidad y funcionalidad del Protocolo de Observadores Independientes Autorizados aprobado por la CEE. La Comisión de Derechos Civiles (CDC), que es una entidad gubernamental que desde hace más de cuatro décadas ha observado el proceso electoral, el pasado viernes demandó a la CEE y al Departamento de Corrección y Rehabilitación. La CDC fue en auxilio al Tribunal para que ordene que ambas entidades gestionen con premura la participación de sus observadores tanto en las instituciones carcelarias como en las elecciones generales.
La presidenta alterna de la CEE, Jessika Padilla Rivera, no estuvo disponible para ser entrevistada para este reportaje.
Esfuerzo desigual al reclutar voluntarios
A siete días de las elecciones, solo el Partido Nuevo Progresista (PNP) parece haber reclutado los funcionarios que necesitarán para tener tres representantes en cada colegio, que es el máximo que le permite el Código Electoral 2020. Tradicionalmente, el reclutamiento de esos voluntarios es más difícil para los partidos de minoría y más fácil para los partidos que están en el poder.
Según el comisionado electoral alterno del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo “Toñito” Cruz Maldonado, también incide en la cantidad de funcionarios por colegio el partido que administre la alcaldía donde está la unidad electoral. Al PNP le resultará más fácil conseguir quienes velen sus votos en municipios con alcaldes penepé y lo mismo ocurre con el PPD en los pueblos con ejecutivos municipales del partido de la Pava.
Para los partidos minoritarios — Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD) — en un sistema basado en la desconfianza, donde hay que “velar los votos”, es indispensable tener la representación necesaria en las 1,291 unidades electorales del país. Aunque no pudieron precisar la cantidad exacta de funcionarios de colegio que han podido reclutar tras semanas de adiestramientos, los Comisionados Electorales de esos tres partidos aseguraron que podrán manejar las diferentes modalidades de votación.
“Quiero ver que todo el proceso sea justo, aún si perdemos y no tenemos la victoria”, dijo José Omar Barrios Rios, trabajador por cuenta propia, durante una capacitación de funcionarios electorales del PIP.
Mientras que Xavier Rivera Obrador, un diseñador gráfico que participó de un evento de capacitación del MVC, explicó que será funcionario para “estar ojo al pillo”.
“Si no nos unimos para poder defender [los votos], no vamos a tener una democracia justa”, dijo Iris López Díaz, ama de casa, quien se apuntó para ser funcionaria de colegio para el PD.
Los funcionarios de colegio tienen que estar pendiente a cuando el elector se registre, se entinte el dedo, reciba las papeletas, las escanee después de marcarlas con su voto y deposite en la urna. Luego, tendrán que estar vigilantes a la supervisión del escrutinio electrónico, el levantamiento de actas y el manejo de las papeletas sobrantes y demás materiales utilizados en el proceso.
Las unidades electorales se dividen, a su vez, en colegios de votación, que este año totalizan 5,748. Con 4,490 colegios regulares y 1,258 colegios de electores añadidos a mano, es una tarea ardua para los tres partidos minoritarios, pues les requeriría reclutar al menos 5,748 funcionarios para tener un representante por colegio y un máximo de 17,244 para tener tres en cada uno de los colegios. Estas cifras no incluyen a los coordinadores y subcoordinadores que se nombran para cada unidad electoral ni al grupo de voluntarios que manejan las votaciones que suceden antes del 5 de noviembre, ya sea a domicilio, en los hospitales o las cárceles. Es común que los funcionarios tengan varios roles en el proceso electoral.
El comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Juan Manuel Frontera Suau, estimó que se necesitan entre 40,000 y 50,000 personas entre los cinco partidos que trabajen “en alguna faceta de voluntariado desde dos meses antes de las elecciones”. Héctor Luis Acevedo Pérez, ex alcalde de San Juan y profesor de asuntos electorales, coincidió con ese estimado.
“Queremos asegurar no solo el 5 [de noviembre], sino todas las rutas de voto a domicilio, cárceles y hospitales, que son días previos; tener representación a todos los niveles”, dijo Roberto Iván Aponte Berríos, comisionado electoral del PIP. Explicó que no comparte el número de funcionarios reclutados por razones de “estrategia” de cara a las elecciones. En el 2012, Aponte Berríos estimó que el PIP reclutó entre 10,000 a 12,000 funcionarios.
Al menos, el Comisionado Local del Precinto 1 del PIP, Roberto Negrón Bauzá, confirmó que han podido reclutar 178 funcionarios electorales para el día de las elecciones, lo cual les daría 1.4 funcionarios por colegio.
Lillian Aponte Dones, la comisionada electoral del MVC, dijo que ha visto “un gran interés de personas en velar esos votos”, y que cuentan con una lista de 8,000 personas interesadas en fungir como funcionarios electorales o ayudar en alguna parte del proceso. Sin embargo, comentó que ese número varía dado que constantemente reclutan y entrenan funcionarios.
La comisionada local del Precinto 1 del MVC, Sofia Vidal Liceaga, confirmó que han podido reclutar cerca de 180 funcionarios. Igualmente, comentó que ha tenido que denegar una persona para la ruta de voto a domicilio porque ya tenían el máximo número de funcionarios que puede tener un partido.
La comisionada electoral del MVC mencionó, además, que han recibido varias llamadas de personas que quieren ser funcionarios, pero no desean ser identificados con ningún partido político. Catalogó como un “fallo que tiene el sistema electoral” que esas personas no puedan ser funcionarios electorales porque el estatuto les obliga a representar a algún partido en competencia electoral.
Frontera Suau dijo que está seguro de que su partido — el cual obtuvo la menor cantidad de votos en las elecciones de 2020 — podrá “cumplir con los requisitos básicos” para tener representación en todos los colegios. Sin embargo, una comisionada de precinto del PD, quien pidió anonimato, dijo que ha sido “sumamente cuesta arriba” reclutar funcionarios. Al momento, tiene 12 funcionarios. Reconoció que no le da para cubrir los 130 colegios electorales a su cargo y que va a ubicar a la mayoría como coordinadores para que roten entre las 25 unidades electorales.
El PIP y el MVC publicaron el calendario para sus capacitaciones en sus redes sociales y página web. En cambio, el PD no ha divulgado un calendario de entrenamientos.
Cruz, comisionado alterno del PPD, aseguró que tienen el 80% de los funcionarios adiestrados para el día de las elecciones y que su objetivo es tener dos funcionarios por cada colegio regular y uno por cada colegio de añadido a mano. Eso totaliza 10,238 funcionarios. Todavía hacen el trabajo de reclutar y adiestrar funcionarios.
El PNP ya cuenta con 18,000 funcionarios reclutados y entrenados, aseguró Aníbal Vega Borges, comisionado electoral del PNP. Además, dijo que tienen una estructura para movilizar la gente a votar que consta de cerca de 5,000 personas, lo que los lleva a tener un equipo de 23,000 personas, añadió.
Foto por Wanda Liz Vega | Centro de Periodismo Investigativo
A diferencia de los partidos mayoritarios — quienes tuvieron primarias y por ende reclutaron funcionarios y empleados transitorios desde enero — los partidos minoritarios empezaron a reclutar funcionarios de colegio y empleados transitorios en agosto, explicó Aponte Berríos. Igualmente, señaló que a los partidos mayoritarios se les hace más fácil conseguir empleados en “destaque” para ayudar en labores electorales por tener control de las alcaldías y agencias del Gobierno central.
“Los partidos que controlan las agencias y controlan los municipios tienen muchísima ventaja”, coincidió Frontera Suau.
El senador José Vargas Vidot, quien aspira nuevamente como candidato independiente, informó que ya ha reclutado coordinadores y observadores electorales. Sin embargo, no quiso precisar cuántos ha podido reclutar porque “no quiero ser blanco de las estrategias adversas de otros”.
Mientras tanto, el representante Luis Raúl Torres Cruz, quien también aspira para un escaño independiente por acumulación en la Cámara por primera vez, dijo que quiere reclutar un coordinador para cada precinto electoral. Explicó que ha podido reclutar 70 hasta ahora. Ambos dijeron que, al ser candidatos independientes, se les hace más difícil reclutar que a los partidos políticos.
Podrían aliarse para velar votos
Acevedo recordó un incidente de las elecciones de 2012 donde no se contaron miles de votos. “Hubo una candidata de un partido minoritario [María de Lourdes Santiago del PIP] para el Senado que en el escrutinio general aumentó 11,000 votos. Pues, la realidad es que aumentó 11,000 votos porque no tenía los funcionarios de colegio y no se los contaron el día de las elecciones. Con las máquinas, eso ha disminuido muchísimo el problema porque la máquina cuenta el voto. No depende de los funcionarios, pero depende de que haya alguien allí que vea que nadie marque las papeletas que no sea el elector”.
“Las máquinas eliminan el fraude en el momento de contar los votos, pero si un partido minoritario no tiene los funcionarios de colegio, pues se presta para irregularidades. Las máquinas cometen errores, pero el nivel de errores es mucho menor, son casos específicos”, añadió Acevedo para insistir en que los funcionarios de colegio son una parte “imprescindible” para la pureza del proceso electoral.
Ninguno de los comisionados de partidos minoritarios descartó la posibilidad de formar una alianza de funcionarios de colegio de los partidos minoritarios si encuentran que en alguna unidad electoral les faltan voluntarios el día de las elecciones.
“El fin es el mismo y es velar por un proceso que sea transparente, que sea accesible sin manipulaciones electorales y yo creo que eso une los partidos nuevos”, dijo la comisionada Aponte Dones. “A pesar de las ideologías diferentes, lo que queremos es un proceso transparente”, agregó.
Según el Código Electoral, se necesita, como mínimo, un inspector y un secretario de cada partido político para un colegio de votación para las elecciones generales. Sin embargo, es posible abrir un colegio de votación con menos de funcionarios siguiendo un proceso establecido en el Reglamento de las Elecciones Generales. Los comisionados de los partidos minoritarios desconfían de que el proceso de votación sea justo y transparente si no tienen sus funcionarios pendientes durante el proceso.
“El sistema electoral está fundamentado en la desconfianza. Hay unos partidos que velan al contrario y el contrario te vela a ti”, explicó Frontera Suau.
Tradicionalmente, la labor esencial de funcionarios de colegio ha sido voluntaria. El representante popular Juan José Santiago Nieves presentó legislación para asignar una compensación económica de $100 a los funcionarios de colegio, pero la medida quedó pendiente de acción en la Comisión cameral para el Estudio y Evaluación del Derecho Constitucional Puertorriqueño que preside el representante popular José “Conny” Varela Fernández.
La mayoría de los funcionarios electorales en Estados Unidos sí reciben paga por parte del Gobierno estatal. La compensación varía en cada estado, con algunos usando el salario mínimo estatal o federal. En Alaska, los funcionarios pueden ganar hasta $20 la hora, mientras que Colorado otorga por lo menos $5 la hora.
Una fiscalización independiente
Después de las primarias del PNP y el PPD en junio, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), una entidad no gubernamental compuesta por organismos electorales del Caribe, América del Sur y América del Norte que ha observado procesos electorales desde el 1991, señaló varias irregularidades que presenciaron durante el evento. La organización detalló esos problemas en un informe que presentaron a la CEE.
La UNIORE observó unidades en donde no hubo colegios de fácil acceso, filas largas para votar y falta de funcionarios de colegio, “sobre todo del PPD”, necesarios para manejar un colegio de votación, causando que se tuvieran que unir dos colegios para que todos los electores pudieran votar. Resaltó que se había violentado el derecho al voto secreto porque los cubículos de votación “estaban ubicados de tal manera que se podía ver perfectamente cómo votaban las personas”.
“Hace cuatro años hicimos señalamientos en esa misma dirección y entonces lo crítico es que la CEE tiene pleno conocimiento de esa situación, pero no ha tomado las medidas precautorias necesarias para que el derecho al voto realmente sea un derecho secreto”, señaló por su parte la abogada Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU en Puerto Rico, en referencia a fallas que detectaron en noviembre de 2020 y que continuaban presentes en junio de 2024.
Los comisionados del PIP y PD dijeron que se les ha asegurado que las unidades electorales van a tener los recursos necesarios para garantizar la confidencialidad del voto, como mamparas para los cubículos de votación y carpetas para guardar las papeletas antes de entrarlas en las máquinas de escrutinio electrónico. Igualmente, el comisionado del PIP mencionó que se trabajó un diseño para los colegios electorales donde los funcionarios quedan de espaldas a los cubículos de votación.
La ACLU ya ha anticipado varias fallas en las elecciones de 2024, como las largas filas para registrarse para votar y falta de transparencia durante el proceso electoral.
Desde principios de septiembre, la ACLU, el Colegio de Abogados y Abogadas, y Amnistía Internacional le pidieron a la CEE que les acreditara como observadores electorales independientes durante el proceso electoral.
Contrario a UNIORE, quien es invitado por la CEE, las tres organizaciones locales trabajarán de forma independiente a esta entidad internacional, dijo Martínez Orabona.
El “Protocolo de Observadores Independientes Autorizados” fue aprobado el 17 de octubre. Sin embargo, ya las diferentes organizaciones han identificado varios problemas con el protocolo, entre ellos que no se les permite votar en el colegio de votación que están observando, y que les deja tomar fotos, pero les niega poder usar sus teléfonos inteligentes o dispositivos electrónicos.
Vivian Godineaux Villaronga, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas, explicó que van a pedir que se enmiende el protocolo.
“Es un reglamento muy vago… Hay cosas que no están claras”, puntualizó Godineaux Villaronga. Explicó que los reglamentos contienen limitaciones que “violan un poco el proceso” y “no permiten que se haga la observación correcta”. Una de las grandes preocupaciones resaltadas durante un adiestramiento de observadores electorales es que, de acuerdo al protocolo nuevo, no van a poder usar sus teléfonos para tomar notas y grabaciones como han hecho en años previos.
La comisionada Aponte Dones opinó que: “Aquí [en la CEE] se oponen a ese tipo de transparencia, así que no nos cabe la menor duda que no quieren que estén estos observadores dentro de la CEE… y se ve cuando se discuten los protocolos: que quieren limitar qué pueden hacer los observadores”.
La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas explicó que la demora de la CEE en responder a la solicitud tuvo el efecto de dilatar el reclutamiento de abogados para que trabajen como observadores electorales en las regiones judiciales.
Entre la ACLU, el Colegio de Abogados y Abogadas y Amnistía Internacional han podido reclutar cerca de 30 observadores electorales. Godineaux Villaronga y Martínez Orabona confirmaron que van a tener observadores en Las Piedras, Cabo Rojo, Loíza, Caguas, Humacao, Arecibo, San Juan y Carolina.
Las portavoces coincidieron en que esperan tener más observadores para el 5 de noviembre para hacer un “muestreo” de las unidades electorales e identificar las posibles violaciones al derecho al voto. Van a preparar un informe preliminar para el 6 de noviembre y uno más a fondo después de revisar sus hallazgos.
Aunque ya existía un Reglamento de acreditación y observadores para las elecciones de 2024, el mismo solo aplica a la representación de candidatos a la Legislatura y a partidos a nivel legislativo o municipal. Como explica el documento, “toda solicitud de cualquier organización, asociación o agrupación ‘bona fide’ para participar como Observadores(as) en las Elecciones Generales y el Escrutinio General será atendida por el pleno de la Comisión mediante Resolución a esos fines, y no por el presente reglamento”.
Junto a su solicitud de acreditación, las tres organizaciones también solicitaron información sobre la acreditación, invitación y logística para los observadores electorales. Igualmente, solicitaron hojas de cotejo para asegurar el cumplimiento con las normas del proceso electoral, una certificación de la CEE con relación a las personas fallecidas depuradas del Registro Electoral, entre otros documentos.
Comisión de Derechos Civiles enfrenta retos como observador
La Comisión de Derechos Civiles (CDC) le notificó el 9 de septiembre a la CEE que tendrían observadores electorales. Sin embargo, no tuvieron comunicación de la agencia hasta el 17 de octubre, cuando recibieron el protocolo de observadores. Pero, a juicio del director ejecutivo de la entidad, Ever Padilla Ruiz, no les aplica porque está diseñado para observadores de entidades privadas, y en el caso de la Comisión, se trata de observadores destacados por una agencia gubernamental con poder de investigación.
Contrario a los otros grupos de observadores electorales, la CDC sí puede intervenir cuando encuentran que no se están siguiendo las normas establecidas por el Código Electoral. Por ejemplo, en las elecciones de 2020, Padilla Ruiz paralizó momentáneamente las elecciones en la cárcel Guerrero de Aguadilla porque las cámaras de seguridad estaban apuntando al área donde los confinados votaban. El nuevo protocolo de observadores independientes explícitamente prohíbe interferir con los procesos de votación.
«Es nuestra interpretación, que este protocolo no le es de aplicación a la CDC. No somos ni una organización, ni una asociación, o agrupación legítima “bona fide” como detalla la aplicabilidad de este protocolo. La CDC es una agencia del Gobierno de Puerto Rico facultada en Ley para la gestión. Ya le notificamos nuestra interpretación del protocolo a la CEE», dijo Padilla Ruiz en declaraciones escritas.
Para este proceso electoral, la CDC cuenta con 54 observadores en las cárceles y 65 para las elecciones generales, según Padilla Ruiz. Además, integrarán cuatro Comisionados y seis empleados de la CDC. La cantidad es insuficiente para cubrir todos los municipios, reconoció.
Padilla Ruiz dijo que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) les comunicó que no podrán tramitar la identificación necesaria para fungir como observadores dentro de las cárceles hasta que puedan avalar su pedido con el nuevo protocolo. Hasta el cierre de esta edición, Padilla Ruiz no se había podido reunir con la CEE para validar si el protocolo les aplicará. Aguardaba por el resultado del mandamus que la CDC presentó contra la CEE y el DCR para que se valide la lista de observadores que tendrán en las instituciones penales. Estas votaciones serán el domingo, 3 de noviembre. La CDC también solicitó al Tribunal que ordene a la CEE a reconocer las facultades de la CDC de evaluar las actuaciones gubernamentales en el proceso electoral
“Es la primera vez que no se puede establecer una coordinación efectiva para participar en calidad de observadores”, lee el documento.
Esperan acción del Departamento de Justicia federal
Las preocupaciones sobre el derecho al voto y las disposiciones del Código Electoral 2020 fueron levantadas por los congresistas demócratas Raúl Grijalva, Grace Meng, Delia Ramírez y las puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez. Los congresistas enviaron una carta al Departamento de Justicia federal y la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos (EAC, por sus siglas en inglés) para solicitar monitores electorales federales para vigilar las elecciones en Puerto Rico. También, pidieron que se haga un examen detallado de los $6.9 millones que se le han otorgado a la CEE como parte del “Help America Vote Act”.
El Departamento de Justicia federal asignó a Seth Erbe, fiscal auxiliar jefe de la Sección de Fraude Financiero y Corrupción, como el Oficial Electoral de Distrito para Puerto Rico. Erbe estará a cargo de supervisar quejas sobre derechos de votación, fraude electoral y amenazas a funcionarios electorales. Este funcionario había sido designado en las elecciones de 2020 para ejercer las mismas funciones.
La congresista Velázquez dijo que, aunque es un paso en la dirección correcta, este nombramiento es insuficiente. “Se necesitan observadores electorales para detener la privación de derechos que amenaza la democracia de Puerto Rico. A menos de 20 días del 5 de noviembre, el Departamento de Justicia debe actuar ahora para proteger el derecho al voto de los puertorriqueños”, manifestó.
La EAC y el Departamento de Justicia federal no respondieron a comunicaciones solicitando su reacción al pedido de los congresistas.
