La Cámara de Representantes aprobó este jueves el Proyecto de la Cámara 1007, de la autoría del representante por acumulación, Gabriel Rodríguez Aguiló, una medida que enmienda la Ley 408 de Salud Mental para actualizarla a los adelantos científicos, tecnológicos y clínicos, así como a las realidades sociales y de acceso a servicios que enfrenta la población en Puerto Rico.
“Esta medida responde a la necesidad de transformar el sistema de salud mental en uno más integrado, moderno y basado en evidencia científica, que fortalezca la protección de los derechos civiles de los pacientes y facilite el acceso a servicios mediante herramientas tecnológicas como la telemedicina y la telesalud. La legislación actual requiere ajustes para atender los cambios clínicos, sociales y tecnológicos que han surgido durante los pasados años y garantizar una atención más efectiva y coordinada para la población. Este proyecto es el resultado de más de un año de trabajo que incluyó a distintos sectores y profesionales de la salud”, explicó el legislador que preside la Comisión cameral de Salud.
La medida propone una revisión amplia de la Ley 408 para modernizar la estructura del sistema de salud mental en Puerto Rico. Entre los cambios principales, el proyecto reconoce al Departamento de Salud como la agencia rectora y reguladora del sistema, con autoridad para integrar de forma articulada la salud física, la salud mental y los trastornos por uso de sustancias. También incorpora un enfoque de reducción de riesgos y daños como parte de los niveles de cuidado relacionados al uso de sustancias controladas y añade un componente prioritario de salud mental perinatal dirigido a madres y padres desde el embarazo hasta el primer año después del parto, incluyendo el cernimiento sistemático de condiciones como la depresión posparto.
Integra formalmente herramientas de telemedicina, telesalud y ciberterapia para ampliar el acceso a evaluaciones, terapias, seguimiento clínico y manejo de crisis a distancia, particularmente en comunidades con limitaciones de acceso a especialistas y servicios presenciales. Además, el proyecto establece el uso obligatorio de criterios de necesidad médica y guías clínicas internacionales reconocidas para fundamentar las decisiones de tratamiento. Entre ellas, incorpora referencias actualizadas del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR) y elimina modelos diagnósticos ya en desuso. También crea una escala estructurada para medir el nivel de deterioro funcional del paciente y determinar con mayor precisión la intensidad de los servicios requeridos.
“Este proyecto moderniza la política pública de salud mental utilizando estándares clínicos reconocidos internacionalmente y herramientas tecnológicas que hoy forman parte de la práctica médica. La medida no tiene impacto fiscal para la Policía de Puerto Rico, no altera las definiciones de los profesionales de la salud y tampoco excluye a ningún profesional que actualmente ofrece servicios a los pacientes dentro del sistema”, añadió Rodríguez Aguiló.
La legislación, de igual forma, endurece los controles relacionados con medidas restrictivas y protocolos de seguridad. Entre los cambios, reduce de 12 a 4 horas el tiempo máximo de aislamiento permitido para adultos, elimina renovaciones automáticas y requiere evaluaciones presenciales inmediatas. Asimismo, dispone la realización de sesiones posteriores de orientación con el paciente luego de un evento de restricción. La propuesta también amplía las protecciones relacionadas con la confidencialidad y los derechos de los pacientes.
Asimismo, establece plazos específicos para visitas de seguimiento luego de hospitalizaciones, prioriza el manejo comunitario intensivo de pacientes con enfermedades mentales severas y añade disposiciones para coordinar apoyo psicológico inmediato durante emergencias y desastres naturales. En el área de trastornos por uso de sustancias, la medida adopta el modelo de criterios de la American Society of Addiction Medicine para determinar niveles de cuidado y fomenta tratamientos asistidos con medicamentos como buprenorfina y metadona.
El proyecto aprobado continuará ahora su trámite legislativo en el Senado.
