La presidenta del Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico (CASS), Lcda. Tania Conde Sterling, acudió ayer en la tarde al Negociado de Energía de Puerto Rico para exigir que se escuche formalmente al sector salud antes de aprobar cualquier nuevo ajuste en la tarifa eléctrica.
La comparecencia, anunciada para el 2 de noviembre ante el organismo regulador, reunió a representantes de hospitales, laboratorios clínicos, farmacias de comunidad y otros proveedores de servicios de salud para solicitar un tratamiento tarifario especial que les permita enfrentar los elevados costos de electricidad y garantizar la continuidad de sus operaciones.
La presidenta del CASS solicitó al Negociado de Energía que conceda una audiencia pública formal a los administradores de servicios de salud para presentar su oposición al propuesto aumento y exponer las consecuencias económicas y operacionales que esta medida podría tener sobre las instituciones y los pacientes. “No podemos permitir que un aumento en la factura de energía eléctrica se convierta en una amenaza adicional para la estabilidad de nuestros hospitales y demás instituciones de salud. La electricidad no es un lujo para el sector de la salud; es un servicio esencial para salvar vidas”, expresó Conde Sterling al hacer el reclamo acompañada de líderes del sector.
Según expuso el Colegio, el impacto de un nuevo aumento sería directo y severo. Como ejemplo, señaló que un hospital de cuidado agudo con 175 camas podría enfrentar un incremento de aproximadamente $60,000 mensuales, cantidad equivalente al costo de 15 profesionales de enfermería. La organización advirtió que “un alza sin las debidas salvaguardas tendría un impacto directo y severo en los costos operacionales de nuestras instituciones, lo que podría traducirse en una reducción de servicios, limitaciones en el acceso a la atención médica y una mayor carga económica para los pacientes puertorriqueños”.
La preocupación surge luego de que LUMA Energy advirtiera sobre un descuadre de $48 millones entre ingresos y gastos, lo que abrió la puerta a una revisión acelerada de la tarifa.
El reclamo cobra mayor urgencia porque el CASS representa el sentir de sobre 800 administradores de entidades que brindan servicios de salud, un universo que abarca centros de diálisis, salas de emergencia, unidades de cuidado prolongado y centros de salud mental que sufren directamente los aumentos en las facturas de luz. Se trata de instituciones que operan 24 horas al día, siete días a la semana, y que dependen de un suministro eléctrico estable y continuo para sostener equipos médicos, sistemas de ventilación, laboratorios y unidades de refrigeración para preservar medicamentos y vacunas.
Tras su comparecencia, Conde Sterling anunció que el CASS redoblará sus esfuerzos en dos frentes. Primero, mantendrá la presión ante el Negociado de Energía con una ponencia sustentada en información económica y operacional, con evidencia comparativa de hospitales como el Menonita y el Presbiteriano sobre cómo ha ido aumentando el costo energético. Segundo, confirmó que acudirá a la Legislatura para impulsar una medida legislativa que garantice un trato justo. Como parte de su propuesta, el Colegio plantea que se evalúen tarifas especiales para instalaciones de salud, incentivos para mejorar la eficiencia energética y mecanismos que faciliten la transición hacia fuentes de energía renovable. Además, solicitará al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio incentivos energéticos similares a los de otras industrias, como la hotelera.
