Tomando muy en cuenta los altos riesgos que enfrentan los ciudadanos al reunirse con desconocidos para comprar, vender o intercambiar artículos, mediante las redes sociales y plataformas digitales, el representante por el Distrito 14 (Municipios de Arecibo y Hatillo) y también presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara de Baja, Edgar Robles Rivera, presentó una resolución conjunta “para establecer el programa piloto de ‘Zonas Seguras de Intercambio’ en los cuarteles y comandancias de la Policía de Puerto Rico”.
La iniciativa responde a cientos de situaciones que ya se han registrado en la Isla.
Según informes policiacos, reseñados por la prensa, recientemente, una pareja fue víctima de un asalto durante la venta de una cadena anunciada a través de una conocida red social, valorada en $12,500.
En otro incidente, un joven que acudió a comprar una computadora mediante la misma plataforma social fue asaltado por individuos armados y obligado a transferir $500.
Estos casos reflejan los grandes riesgos que enfrentan tanto los compradores como los vendedores al encontrarse con desconocidos para completar una transacción monetaria.
“Una persona que sale de su hogar para comprar un celular, vender una herramienta o entregar cualquier artículo no debería exponerse a un robo o a una agresión… Queremos ofrecer una alternativa que permita realizar estas transacciones en un entorno con mejores condiciones de seguridad, aprovechando las instalaciones de la Policía de Puerto Rico”, expresó.
El legislador destacó que esta iniciativa cuenta con un sinnúmero de precedentes en distintas jurisdicciones de Estados Unidos.
Entre las experiencias documentadas figuran 13 instalaciones policiacas en Boston, Massachusetts, cuatro en Arlington, Texas, y seis entre Prince William y Norfolk, Virginia.
Estos programas ofrecen espacios identificados, cercanos a las instalaciones policiacas y con medidas de seguridad que buscan desalentar los robos y las estafas, evitando así encuentros en lugares aislados.
La resolución conjunta propone establecer, inicialmente, al menos una zona por cada región policiaca, con un mínimo de dos espacios de estacionamiento identificados e iluminados.
El servicio sería gratuito y sin necesidad de una cita previa, dando la prioridad a las instalaciones que ya cuenten con iluminación y sistemas de vigilancia.
Su implementación se realizaría utilizando los recursos disponibles de la Policía de Puerto Rico, sujeto a la disponibilidad de los fondos.
Robles Rivera explicó que los agentes no tendrían que intervenir en las compraventas, recibir el dinero, custodiar la mercancía ni verificar los artículos.
La propuesta busca reducir la exposición de los ciudadanos a posibles robos, agresiones y estafas, sin imponer a la Policía de Puerto Rico responsabilidades sobre las transacciones privadas.
La medida también contempla que la Policía de Puerto Rico, en coordinación con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), oriente a los ciudadanos sobre la ubicación y el uso de estos espacios, así como las precauciones para prevenir los posibles delitos, utilizando sus canales oficiales y recursos existentes. Además, dispone evaluar los resultados del programa para determinar su posible expansión.
“Estos incidentes demuestran que existe una necesidad real de prevención… No podemos esperar a que más ciudadanos sean víctimas de la delincuencia para considerar alternativas. Queremos ofrecer a las familias puertorriqueñas un lugar más seguro para realizar sus compraventas, porque la seguridad debe comenzar antes de que ocurra una tragedia”, concluyó el representante por el Distrito 14 (Municipios de Arecibo y Hatillo) y también presidente de la Comisión de Asuntos del Consumidor en la Cámara de Baja, Edgar Robles Rivera.
