El Centro Unido de Detallistas (CUD) solicitó una reducción sustancial e inmediata del arbitrio al petróleo crudo y sus productos derivados, conocido como la “crudita”, acompañada de un calendario para encaminar su eliminación progresiva de manera fiscalmente responsable, transparente y medible.
El presidente del CUD, Alan Taveras Sepúlveda, presentó hoy ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA del Senado de Puerto Rico la ponencia de la organización como parte de la discusión de la Resolución del Senado 461. En su comparecencia, Taveras expuso la posición del sector comercial sobre el impacto que este arbitrio tiene a través de la cadena de suministro y, por consiguiente, sobre los costos de operación de las pequeñas y medianas empresas.
“Para nuestras PyMEs, el impacto de la ‘crudita’ va mucho más allá de lo que se paga al llenar un tanque de gasolina. Está presente en el transporte de mercancía, las entregas, la distribución, los suplidores y, en general, en toda la cadena que permite que un producto llegue hasta el consumidor. Cada costo adicional en esa cadena representa una presión más para un pequeño y mediano comerciante que ya enfrenta múltiples retos para operar y mantenerse competitivo”, expresó Taveras Sepúlveda.
El CUD, organización empresarial con 135 años de existencia y que representa más de 169 categorías de negocios, sostuvo ante el Senado que el análisis de este arbitrio debe considerar su efecto acumulativo sobre la actividad comercial y el costo de vida. El combustible está presente directa o indirectamente en prácticamente toda la cadena de suministro, desde el transporte marítimo y almacenamiento hasta la distribución, las entregas, los vehículos comerciales, generadores y servicios de suplidores.
Esta realidad adquiere particular importancia en una economía insular como la de Puerto Rico, donde una parte significativa de los productos debe transportarse desde el exterior y posteriormente distribuirse alrededor de la Isla. Cuando aumenta el costo asociado al petróleo, también aumenta la presión sobre los costos de transportar, distribuir y operar, que eventualmente puede alcanzar al consumidor.
“No estamos planteando una solución que ignore la realidad fiscal del Gobierno. Lo que proponemos es comenzar a reducir esta carga de manera responsable, establecer métricas y medir los resultados. Si podemos reducir un costo estructural que afecta al comerciante y al consumidor, debemos identificar cómo hacerlo sin crear otro problema fiscal en el proceso”, añadió el presidente del CUD.
Como parte de su ponencia, el CUD presentó cinco componentes para atender el arbitrio: una reducción inicial significativa; un calendario para su eliminación progresiva; mecanismos periódicos de revisión; transparencia en la medición de sus efectos; y la identificación responsable de alternativas para sustituir los recaudos sin trasladar nuevamente la carga a los pequeños comerciantes y consumidores.
La organización propuso considerar un modelo por fases que permita realizar una primera reducción, evaluar sus resultados durante un periodo de seis a 12 meses y proceder con reducciones adicionales si se cumplen determinados parámetros fiscales. El objetivo sería eventualmente alcanzar la eliminación del arbitrio una vez se identifique un mecanismo permanente para atender los recaudos necesarios.
El modelo permitiría medir el comportamiento del precio del combustible, cuánto del ahorro contributivo llega efectivamente al consumidor, los cambios en el consumo, el impacto sobre la actividad comercial y el efecto neto sobre los recaudos públicos.
El CUD reconoció que una reducción o eliminación de la “crudita” no significa necesariamente que la totalidad del arbitrio se reflejará automáticamente en una disminución equivalente en el precio de la gasolina. El precio final está influenciado también por factores como el costo internacional del petróleo, refinación, transporte marítimo, almacenamiento, distribución y las condiciones del mercado.
“El pequeño y mediano comerciante no está pidiendo un privilegio. Estamos hablando de reducir un costo que atraviesa prácticamente toda su operación y que incide en su capacidad de competir, invertir y crear empleos. Puerto Rico no controla el precio internacional del petróleo, pero sí podemos evaluar aquellas cargas locales que inciden sobre el costo de hacer negocios en la Isla”, sostuvo Taveras Sepúlveda.
El CUD reiteró su disposición a participar en la búsqueda de alternativas que permitan reducir progresivamente el arbitrio con responsabilidad fiscal, transparencia y mecanismos objetivos para medir sus resultados.
