Ante los datos publicados hoy que advierten que entre 700,000 y un millón de personas podrían perder su cubierta de salud bajo el Plan Vital si el Congreso no actúa antes del vencimiento de los fondos federales de Medicaid en 2027, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico (AHPR) reiteró que atender el financiamiento del programa debe ser una prioridad y que el país no puede esperar hasta el último momento para actuar. La Honorable Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico, nombró un task force para atender este asunto tan importante que incluye a la Asociación de Hospitales y a un grupo de profesionales y organizaciones de la salud.
“Estos datos no son nuevos. Lo que estamos viendo confirma una realidad sobre la cual llevamos años alertando, más aún, lo que se conoce como Medicaid Cliff, que sucede cada vez que se agotan los fondos o termina la legislación que los asigna, causando que tengamos que estar permanentemente visitando el Congreso de los Estados Unidos. Puerto Rico tiene poco más de un año para lograr una solución en el Congreso y ese trabajo tiene que ocurrir ahora. Lo que está en juego es el acceso de nuestra gente a servicios de salud y la capacidad de todo el sistema para continuar respondiendo a sus necesidades”, expresó el licenciado Jaime Plá Cortés, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico.
Actualmente, Puerto Rico habrá recibido cerca de $19.6 billones por un periodo de 5 años y cuenta con un pareo federal de 76%, como resultado de asignaciones temporeras aprobadas por el Congreso. Sin nueva legislación, a partir del 1 de octubre de 2027 la isla podría regresar a la fórmula establecida bajo la Ley del Seguro Social, con un límite de aproximadamente $500 millones anuales en fondos federales y un pareo federal de 55%.
Para la Asociación, una reducción de esa magnitud tendría consecuencias que trascienden a los beneficiarios del Plan Vital. El impacto alcanzaría a hospitales, médicos y otros proveedores que forman parte de la prestación de servicios de salud, además de representar una presión fiscal significativa para el Gobierno de Puerto Rico.
“Cuando hablamos de Medicaid estamos hablando de acceso a médicos, medicamentos, hospitales y servicios esenciales para una parte significativa de nuestra población. Una reducción de esta magnitud tendría un efecto directo sobre la capacidad de los proveedores para sostener los servicios que necesitan sus pacientes. Por eso, este no es únicamente un asunto de cobertura; es un asunto que impacta a todo el sistema de salud”, señaló Plá Cortés.
Durante más de 30 años, la Asociación de Hospitales ha abogado ante el Congreso y el gobierno federal por atender las diferencias que enfrenta Puerto Rico en el financiamiento de Medicaid. A diferencia de los estados, la isla está sujeta a un límite anual en la cantidad de fondos federales que puede recibir y a un porcentaje de pareo establecido por ley.
En años recientes, el Congreso ha aprobado medidas temporeras que han aumentado tanto el financiamiento disponible como el porcentaje de aportación federal. Sin embargo, la proximidad de un nuevo vencimiento vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de atender de manera más duradera la estructura de financiamiento del programa.
“Las extensiones aprobadas por el Congreso han sido fundamentales para sostener Medicaid en Puerto Rico, pero no podemos continuar dependiendo indefinidamente de soluciones temporeras”, indicó Plá Cortés.
La próxima semana, la Asociación de Hospitales realizará una presentación en Washington, D.C., junto al Comisionado Residente, para exponer el impacto que tendría sobre el sistema de salud de Puerto Rico una reducción en los fondos de Medicaid y abogar por una solución de financiamiento estable a largo plazo.
A largo plazo, la Asociación de Hospitales sostiene que el objetivo debe ser alcanzar un modelo más equitativo que elimine el límite anual de fondos impuesto a Puerto Rico y reduzca la dependencia de asignaciones temporeras.
