Un día de mayo, mientras muchos festejaban a las madres y a los graduandos de la familia, varios de los albergues dedicados a refugiar a sobrevivientes de violencia machista trabajaban rutas de escape para proteger a mujeres en peligro extremo que tuvieron que huir de sus hogares.
Para ese momento los nueve albergues de violencia de género enfrentaban una crisis fiscal resultado de la reducción de fondos federales y la ausencia de una política pública y estrategia permanente del Gobierno de Puerto Rico para sostener sus servicios esenciales. A la misma vez, el País registraba el mes más letal para las mujeres en Puerto Rico en 2026, cuando, en 31 días, 11 mujeres fueron víctimas de feminicidios, de los cuales tres fueron feminicidios íntimos.
En lugar de atender el déficit estructural que afecta a los albergues que son operados por organizaciones sin fines de lucro, la respuesta de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón es permitir la creación de Alianzas Público Privadas (APP) para operar refugios para sobrevivientes.
El nuevo esquema de privatización mediante la recién firmada Ley 143-2026 permite que proyectos de construcción, mantenimiento y operación de albergues sean elegibles mediante la Ley de Alianzas Público Privadas (Ley 29-2009).
Según la ley, la Administración para las Alianzas Público Privadas determinará mediante un comité interagencial, qué tipo de alianza “es apropiada” para constituirse en un albergue de sobrevivientes de violencia de género.
La Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) no contestó preguntas de la Unidad Investigativa de Género —una alianza entre el medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI)— sobre cómo esto afectará la operación de los nueve albergues sin fines de lucro.
Fragmentadas las asignaciones
Luego de revelarse el déficit de $856,984.88 que enfrentaban los albergues, el Gobierno anunció, en mayo pasado, nuevas asignaciones y convocatorias para solicitar fondos. Desde ese entonces, las organizaciones advirtieron que las ayudas eran insuficientes, temporeras, fragmentadas y la situación fiscal les obligaba a cubrir gastos esenciales con sus escasos fondos propios.
Varias directoras y portavoces de estos albergues narraron que todavía enfrentan la incertidumbre sobre la situación económica de los albergues. Ya no saben cómo van a seguir estirando el presupuesto.
En un anuncio del 13 de mayo que pretendía inspirar optimismo, la Procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro Vázquez prometió “buenas noticias” a las directoras de los nueve albergues que hay en Puerto Rico, todos parte de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género. La buena nueva fue la asignación de $2.4 millones.
Pero no todos los fondos estatales y federales fueron destinados a los albergues. Algunos fueron asignados a otras organizaciones sin fines de lucro de apoyo legal, psicológico y de otros servicios a sobrevivientes de violencia doméstica, violencia sexual, acecho y violencia en el noviazgo, según las disposiciones de programas federales.
Al inicio del nuevo año fiscal, el pasado 1 de julio, muchos de estos fondos tampoco habían llegado a los albergues, según indicaron varias de las directoras a la Unidad Investigativa de Género.
La OPM no da cifras específicas
En marzo de este año, la OPM había anunciado otros $1.65 millones, pero los albergues también tuvieron que competir con otras organizaciones sin fines de lucro para obtener ínfimas partidas.
La OPM anunció este martes la adjudicación de un millón de dólares en fondos estatales a 28 organizaciones sin fines de lucro y municipios “con el objetivo de impactar de manera directa y fortalecer la atención integral que reciben las víctimas y sobrevivientes de violencia de género e intrafamiliar”.
La asignación incluyó a cinco organizaciones entre las que operan siete albergues: Casa de la Bondad, Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Casa Protegida Julia de Burgos, Hogar Ruth y el Instituto Pre Vocacional e Industrial de Puerto Rico.
En su comunicación, la Procuradora no especificó la cantidad asignada a cada entidad, pero establece que los fondos cuentan con una vigencia de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que no atiende el problema de fondos denunciado históricamente por los albergues sobre la falta de una asignación permanente que permita la continuidad y planificación de los servicios a largo plazo.
Justicia tampoco ofrece datos específicos
La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, por su parte, se limitó a indicar en términos generales que en lo que va del año 2026, la agencia ha desembolsado aproximadamente $1.2 millones a ocho de los nueve albergues especializados en violencia de género.
“Estos fondos representan una parte importante del compromiso del Departamento de Justicia con la protección y atención de las víctimas. Además del apoyo a los albergues, la agencia también brinda asistencia a otras organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios de prevención, intervención, apoyo y acompañamiento a personas afectadas por la violencia de género”, indicó la titular de Justicia en unas breves declaraciones escritas.
Al igual que la OPM, el Departamento de Justicia no brindó información de las partidas específicas destinadas a cada uno de los refugios y no identificó cuál de los nueve quedó fuera de esta asignación.
La Asamblea Legislativa también les quita recursos
Y mientras la OPM y Justicia justifican sus recortes en asignaciones insuficientes de fondos para los albergues de sobrevivientes de la violencia machista, los refugios también han visto menguar los donativos legislativos, un millonario pote que todos los años la Asamblea Legislativa reparte a instituciones sin fines de lucro. https://flo.uri.sh/visualisation/30187494/embed
En los últimos tres años fiscales (2024-2025; 2025-2026 y 2026-2027) las resoluciones de asignación de donativos legislativos reflejan un patrón de recortes a la mayoría de los nueve albergues. Incluso, la suma global asignada a todos los refugios en estos años ha sido de menos de $800,000. En 2026-27, por ejemplo, del pote legislativo de $19,880 millones, Cámara y Senado apenas otorgaron $605,000 a los nueve albergues de violencia de género.
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Las APP comprometen servicios gratuitos, advierte Red Nacional de Albergues
Para la presidenta de la Junta Directiva de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, Coraly León Morales, los proyectos de alianzas público privadas pueden comprometer los servicios gratuitos que reciben las sobrevivientes, los fondos federales asignados a los albergues y la seguridad de las víctimas.
“Cuando hay una alianza público privada, el ente que entra tiene una expectativa de lucro”, advirtió la portavoz de la Red al destacar que, al aprobarse la enmienda a la Ley de las APP [alianzas público privadas], ningún funcionario les pudo explicar cómo operarían los albergues privatizados.
León Morales abogó por asignaciones de fondos permanentes para los nueve albergues sin fines de lucro.
“Los albergues han corrido en condiciones de precariedad porque históricamente el Estado no les ha asignado dinero suficiente y los recursos necesarios para hacer la labor que se hace. Cada albergue debe contar mínimamente con $1 millón para operar”, subrayó León Morales. “Seguimos apostando a una propuesta que atienda el problema de forma permanente”, afirmó.
La portavoz de la Red subrayó que cada vez que ocurre un feminicidio en Puerto Rico se disparan las llamadas de sobrevivientes a las líneas de auxilio de los albergues en busca de orientación. En 2025, los nueve albergues acogieron a 570 sobrevivientes de violencia de género y en 2024 la cifra fue de 589 sobrevivientes.
“Lamentablemente esta es una situación que llevamos alertando por años. Este año ha sido más crítico por la forma en la que se dan los recortes y nosotras seguimos apostando a que se construya una solución permanente. El servicio que dan los albergues es una responsabilidad del Estado que históricamente han asumido las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. De hecho, son las organizaciones de base comunitaria las que desarrollan el servicio de albergues desde cero. No existía”, recordó
Gobierno obvió recomendaciones del Comité PARE
La directora ejecutiva del Proyecto Matria, Enid Marie Pérez Rodríguez, señaló por su parte que el Gobierno no se preparó para la crisis de falta de fondos en los albergues.
“Ni siquiera le dieron seguimiento a lo que se había trabajado desde el estado de emergencia que decretó el Comité Para la Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) en 2022. Sabían que había un reto con los recortes presupuestarios, sobre todo que iba a haber un impacto a las organizaciones que ofrecen servicios y no se prepararon para eso. Lo que están haciendo es respondiendo con parchos, desde una desconexión total de la realidad y sabemos que eso no va a resolver la operación de un albergue”, remachó Pérez Rodríguez.
