Por Carlos F. Ramos Hernández
Hace unas semanas asistí a la colación de grados del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Hubo una figura omnipresente durante toda la ceremonia: la Junta de Control Fiscal, cuya ley habilitadora, PROMESA, cumplió recientemente una década. Discurso tras discurso, se enfatizaba cómo este ente antidemocrático impuesto por el Presidente y el Congreso de los Estados Unidos enfiló sus cañones de austeridad contra el sistema público de educación desde sus inicios. Tanto el liderato estudiantil como el académico denunciaron en la graduación las exigencias de recortes presupuestarios que han dejado al sistema universitario con apenas la mitad de los fondos públicos que tenía asignados para operar antes de la llegada de PROMESA.
Durante la ceremonia, pensaba en cómo deberíamos tener derecho a saber por qué la Junta ha optado por despojar a la Universidad. Más allá de las trilladas explicaciones públicas sobre la estabilidad de las pensiones de la UPR o la necesidad de que el sistema sea más “autosuficiente”, tenemos derecho a conocer cómo se priorizan unas decisiones de política pública frente a otras. ¿Quiénes participan de estos procesos decisionales? ¿Qué datos usaron para respaldar lo que se ha hecho? ¿Qué consultores de la Junta impulsan un modelo de gobernanza o fiscal particular? ¿Por qué ignoran estudios económicos serios que cuestionan los “inevitables” recortes? En fin, mientras desfilaban miles de jóvenes con sus togas, no paraba de pensar en que tenemos derecho a exigir una rendición de cuentas real y efectiva sobre la gestión de la Junta en torno a las políticas neoliberales que impone a la Universidad y al resto de Puerto Rico.
Estas interrogantes, no obstante, difícilmente tendrán respuesta. En 2023, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió, tras una demanda presentada por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para acceder a sus comunicaciones con funcionarios públicos, que la Junta de Control Fiscal tiene “inmunidad soberana”. A raíz de esta decisión, que el Tribunal no sustentó, la Junta no tiene una obligación legal de cumplir con nuestro derecho de acceso a la información. Un poder que ni siquiera pueden reclamar el presidente de Estados Unidos Donald Trump, la Agencia Central de Inteligencia (CIA en inglés) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI en inglés). Estos están obligados, como mínimo, a responder a solicitudes de información bajo la ley federal de libertad de información (Freedom of Information Act, FOIA) que tampoco le aplica a la Junta.
Esta decisión judicial solo tiene sentido bajo una lógica colonial que, jurídicamente, existe solo por la perversa cláusula territorial de la Constitución estadounidense. Como ha señalado el profesor Efrén Rivera Ramos, la Junta se erige hoy como el ente de gobierno más autoritario que ha tenido Puerto Rico desde el gobierno militar que terminó en 1900.
Hemos visto las implicaciones de esta falta de transparencia en múltiples otras decisiones que ha tomado la Junta con profundas consecuencias para el país. No sólo se trata de los recortes a la UPR, sino que avalaron la privatización del sistema eléctrico y están del lado de LUMA Energy en la demanda que presentó el Gobierno para cancelar su contrato. ¿Son los intereses de los puertorriqueños los que mueven esas decisiones de la Junta? Lo dudo.
Asimismo, la Junta impugnó en los tribunales la reforma laboral que ampliaba derechos y beneficios para los trabajadores del sector privado y, recientemente, expresaron que no se oponían a la eliminación de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo. ¿Es coincidencia que la Junta encuentre problemas fiscales en las medidas que protegen a los trabajadores, pero no en las que desmantelan sus condiciones laborales? Resulta evidente que la Junta tiene una visión de política socioeconómica neoliberal definida que favorece a ciertos intereses económicos por encima de otros. Asumen posiciones y toman determinaciones que afectan al País entero pero lo hacen fuera del proceso deliberativo democrático y sin participación de la sociedad civil.
Y es que la Junta ha utilizado los poderes de “veto legislativo” que PROMESA le otorga de manera frecuente y creativa. En un informe publicado este mes, la Liga de Ciudades de Puerto Rico documentó más de noventa instancias en las que la Junta ha intervenido en el proceso legislativo del país con el propósito de paralizar o anular leyes aprobadas. Estamos hablando de que estas objeciones han alcanzado prácticamente todos los ámbitos de la vida pública del país: desde el tamaño de un salón de clases y el salario de un enfermero, hasta los recortes a las pensiones y la estructura de las agencias gubernamentales. ¿Cuál es el afán de operar, de facto, como una rama gubernamental suprema sin tener que rendir cuentas? ¿Son nuestros amos imperiales?
Ante esta realidad de falta de transparencia gubernamental, el décimo aniversario de la Ley PROMESA, nos obliga a reflexionar, por ejemplo, sobre las investigaciones que publicó el CPI entre el 2018 y el 2019, bajo la serie Los Emails de la Junta, en las que analizó más de 18,000 páginas de correos electrónicos internos que el ente fiscal sí tuvo que divulgar antes de invocar su “inmunidad soberana” en el tribunal.
En esos correos electrónicos, el CPI pudo demostrar que existía una coordinación directa y constante en la toma de decisiones sobre Puerto Rico entre miembros de la Junta y funcionarios federales en Washington, en particular con el Departamento del Tesoro y con oficinas del Congreso. Muchas de las propuestas que se presentaban públicamente como determinaciones finales y técnicas sobre política fiscal ya habían sido discutidas previamente al interior de entidades federales.
Asimismo, los documentos investigados revelaron conflictos de interés en el proceso de reestructuración de la deuda. Por ejemplo, firmas consultoras como McKinsey asesoraban simultáneamente a la Junta y a los acreedores durante el proceso de negociación con los bonistas. Luego de la publicación de esa historia, la Junta llevó a cabo una investigación interna y, a pesar de que un informe “exoneró” a la firma de consultoría, la Ley PROMESA fue enmendada en 2022 para exigir mayores controles de conflictos de intereses.
El CPI constató en correos electrónicos que congresistas republicanos realizaron gestiones dirigidas a promover la privatización del sistema eléctrico de Puerto Rico a solo semanas del paso del huracán María. Una intervención antiética que, según expertos, rayó en un acto sutil de corrupción, dado que estos congresistas habían recibido donaciones de la industria del sector energético.
En conjunto, estos hallazgos revelaron un patrón consistente, pero poco sorprendente, dentro de la realidad colonial: las decisiones que afectan el futuro económico y político de Puerto Rico siempre han sido tomadas bajo la fuerte influencia estadounidense, sin participación de los puertorriqueños, y en este caso, fuera del ojo público. La inmunidad soberana que en 2023 dijo el tribunal que protege a la Junta sigue vigente. Las comunicaciones que sí conocemos son apenas una fracción de las decisiones tomadas en los últimos años a puerta cerrada y que mencionamos al comienzo.
Hace unos días nos enteramos de la presunta falta de acuerdo entre la Gobernadora y la Legislatura sobre el presupuesto revisado del año fiscal de 2026, y de que la Junta había aprobado unilateralmente su propia versión. Esto generó confusión en el país sobre el efecto que tendría esta diferencia en el requisito de PROMESA de lograr cuatro presupuestos balanceados corridos para que salga la Junta. Uno no quisiera pensar que la Junta, adrede, esté buscando maneras de perpetuarse en el poder indefinidamente.
Me transporto nuevamente a la colación de grados de la UPR y me cuestiono: ¿Qué dirán los emails que no tenemos? ¿Con qué actores federales y privados habrán discutido decisiones, antes que con el gobierno local? Diez años después de PROMESA, los jóvenes que se gradúan ahora pagan el costo de decisiones que ni ellos ni nosotros hemos podido evaluar o fiscalizar. A una década de la Junta, se ha normalizado ese estilo de gobernar sin rendir cuentas.
