Sin evidencia el diagnóstico del “task force” que creó la Reforma de Permisos

Por Luis Joel Méndez González | Centro de Periodismo Investigativo

De los catorce integrantes del Task Force creado por la gobernadora Jeniffer González Colón para hacer el informe que dio pie al propuesto Código de Planificación y Permisos, ninguno cuenta con preparación académica en Administración Pública, Topografía o Ciencias Ambientales, algunas de las áreas esenciales para cualquier reforma de permisos, según expertos consultados y ponencias sobre el proyecto revisadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

Guías y estándares internacionales de construcción y permisos revisados por el CPI también reiteran la importancia de incluir profesionales de diferentes disciplinas, incluso a las comunidades, en las diferentes etapas de las reformas al sistema de permisos. Entre las disciplinas comúnmente involucradas y recomendadas por entidades como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Grupo del Banco Mundial y el Consejo Directivo para la Mejora de los Permisos Federales están el Derecho Administrativo, Administración Pública, Política Pública, Gestión de Proyectos, Economía, Ciencia de Datos, Sistemas de Información, Tecnología de la Información, Ciencias Geoespaciales, Ciberseguridad, Planificación y Uso del Suelo, Ingeniería, Ciencias Ambientales, Geología y Agronomía, entre otras.

En el Task Force de Simplificación de Permisos creado por la Gobernadora priman los abogados. Hay ocho, pero ninguno es especialista en derecho administrativo, constitucional o ambiental, especialidades que habrían sido esenciales para la confección del informe que dio paso a la pieza legislativa que propone un nuevo Código de Permisos que elimina protecciones ambientales y da prioridad al aprovechamiento de la propiedad privada. Al grupo también pertenecen profesionales con múltiples preparaciones, como cuatro en administración de empresas, dos en geografía, dos en economía, tres en planificación y tres en ingeniería.

“Tenemos una mezcla de gente que tiene mucha experiencia trabajando con temas de permisos, y gente joven, que algunos vienen del sector privado, y que tienen una visión de cambio”, dijo la Gobernadora cuando presentó el Task Force, el cual publicó a finales del año pasado un informe con recomendaciones para reformar el sistema de permisos.

Entre los representantes del Gabinete Ejecutivo en el Task Force está Francisco Domenech Fernández, secretario de la Gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), quien no tiene en su hoja de vida experiencia profesional relacionada con procesos de permisos, planificación o protección ambiental. Domenech es abogado y ha sido asesor legislativo y cabildero.

Como parte del equipo gubernamental también fue integrante del Comité Sebastián Negrón Reichard, renunciante secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Su trasfondo es en economía y derecho, y tuvo experiencia como asesor de la alcaldesa de Boston en las áreas de desarrollo económico y reforma de permisos. De igual manera, formaron parte los abogados Norberto Almodóvar Vélez y Hector Morales Martínez, exdirector de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y presidente de la Junta de Planificación (JP), respectivamente.

Los demás integrantes son principalmente funcionarios de agencias del gobierno central y de gobiernos municipales. No se incorporó en el Task Force a académicos ni asociaciones profesionales, expertos o entidades que se han dedicado a la investigación y la fiscalización de los procesos de permisos.

Los proyectos de permisos, 1173 y 1183, del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y de la gobernadora González Colón, se fusionaron y dieron paso a un proyecto sustitutivo, 793 páginas, presentado el pasado 23 de junio para crear un nuevo Código de Planificación y Permisos. La votación sobre el proyecto fue pospuestapara la siguiente sesión legislativa que inicia en agosto.

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El profesor Urayoán Jordán Salivia, de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, indicó que para una reforma de permisos integral y balanceada habría sido conveniente contar con expertos en participación ciudadana, gestión ambiental y política pública.

“Hay que tener en cuenta que los sistemas de permisos no son solamente legales o técnicos. También son procesos gubernamentales que requieren coordinación entre las agencias y velar por que se protejan valores públicos como la transparencia y la rendición de cuentas”, dijo el también ex presidente de la Asociación de Administración Pública. “Además, se debe mantener un enfoque centrado en el interés público y el bien común”, agregó.

Jordán Salivia dijo que una persona capacitada en la Administración Pública habría aportado una visión más sistémica al diseñar e implementar las reformas en asuntos públicos.

El geógrafo, planificador y consultor de desastres Marcos Quiñones Otero coincidió en que el Task Force de Simplificación de Permisos carece tanto de la diversidad de conocimientos necesaria para adoptar una perspectiva interdisciplinaria como de la pericia requerida para reestructurar los procesos de planificación y permisos.

“El enfoque que se le da a esta reforma de permisos es uno en el que solamente se utilizaron profesionales específicos, de unas áreas, sin tomar en consideración lo abarcadora de esta reforma”, dijo Quiñones Otero.

El geógrafo añadió que los datos científicos son vitales para elaborar política pública coherente y efectiva.

La creación de un Código de Permisos que recopile las disposiciones relacionadas a la otorgación de permisos fue una de las recomendaciones del Task Force. El Proyecto de Administración 114, que propuso inicialmente el Código de Planificación y Permisos, es “resultado directo” del informe final del Task Force de Permisos, dijo la Gobernadora.

“Este código sería un instrumento legal que consolide en un solo cuerpo normativo todas las leyes que delegan funciones de evaluación y otorgación de permisos a distintas agencias”, dice el Informe. “El Código de Permisos permitiría armonizar estas disposiciones, uniformar la nomenclatura utilizada, eliminar contradicciones e inconsistencias, aclarar competencias y establecer reglas coherentes que estandarice la experiencia de la ciudadanía al interactuar con el sistema de permisos”.

Estudios fuera de contexto y de dudosa reputación

El análisis del Task Force de Simplificación de Permisos se basó en apenas dos informes para justificar sus recomendaciones. Además, ambos fueron sacados de contexto o están sesgados ideológicamente.

En el Informe del Task Force se citan datos de la organización conservadora Fraser Institute, que destacan a Puerto Rico como la jurisdicción con peor “libertad económica” en Estados Unidos. Este concepto refiere a la promoción de una economía de mercado sin regulación, la reducción del tamaño del Gobierno y la priorización de la propiedad privada, y es definido por Fraser como la capacidad de trabajar, comerciar y disfrutar la propiedad privada con la menor cantidad de restricciones posibles, excepto las necesarias para salvaguardar los derechos de los demás.

Fraser Institute ha sido criticada por esparcir información falsa acerca de la crisis climática e impulsar la privatización de servicios esenciales en otras jurisdicciones del hemisferio. El Instituto de Libertad Económica en Puerto Rico, organización que ha participado en foros locales sobre el sistema de permisos junto a la coordinadora de Eficiencia Gubernamental, Verónica Ferraiuoli Hornedo, también utiliza los informes de Fraser Institute para respaldar sus puntos de vista. El Informe del Task Force cita otro documento del World Bank Group en el que Puerto Rico se posiciona como el 143 en el mundo (de 186) en términos de facilidad para obtener permisos de construcción, en contraste con la posición 24 de Estados Unidos. El informe menciona erróneamente que Estados Unidos está en sexta posición.

El planificador ambiental y miembro de la Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste, Luis Jorge Rivera Herrera, denunció en la ponencia que presentó a la Asamblea Legislativa sobre el proyecto para el nuevo Código de Permisos que “el Informe del Task Force es uno falto del mínimo rigor, con premisas infundadas y fuera de contexto, que tergiversan los hallazgos de los dos únicos estudios a los que se hace alusión”.

“El PC1213 adopta la conclusión del Informe del Task Force para justificar y proponer las enmiendas contenidas en esta medida sobre la estructura normativa y de gobernanza en el sistema de permisos vigente en Puerto Rico”, agrega.

A juicio del planificador ambiental, el informe de World Bank Group no debió utilizarse para fundamentar una legislación de esta importancia porque la propia institución advierte que no puede garantizar la exactitud o certeza de los datos incluidos en su reporte.

El planificador resaltó que el informe, no solo evalúa el sistema de permisos como  único factor para determinar la facilidad para establecer y operar un negocio en algún país o jurisdicción, también utiliza otros nueve factores, que no fueron incluidos por el Task Force, para tomar esa determinación. Por ejemplo, el servicio eléctrico, el pago de impuestos, entre otros.

Asimismo, Rivera Herrera señaló en la ponencia que el Fraser Institute señala a Puerto Rico como la peor jurisdicción de Estados Unidos en términos de libertad económica. El planificador notó que, en el informe de Fraser, Haití está en mejor posición que la Isla.

“Dada la interpretación hecha en el Informe del Task Force sobre los hallazgos del Fraser Institute, habría entonces que concluir, erróneamente, que Puerto Rico debería adoptar el modelo de desarrollo de Haití para así alcanzar un nivel superior de libertad económica del que gozamos al presente”, planteó Rivera Herrera.

El Informe echa mano de métricas sobre el sistema de permisos en Puerto Rico, pero no detalla cómo se produjeron o de dónde provienen, señaló el planificador.

El análisis hecho por el Task Force se basó en permisos de construcción aprobados únicamente en 2023. Sin embargo, no precisa cuáles son las agencias a las que se hace referencia.

Sin fuentes metodológicas verificables

El planificador y presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación (SPP), Héctor Rivera Mercado, también cuestionó el Informe del Task Force.

“La SPP reconoce que ese informe identifica correctamente varios problemas operacionales del sistema actual: la fragmentación de los procesos entre múltiples agencias, la ausencia de integración tecnológica efectiva y la falta de criterios diferenciados por complejidad de los trámites”, destacó en su ponencia. “Sin embargo, [la SPP] tiene reservas fundamentales sobre el propio proceso del Task Force y sobre la forma en que sus hallazgos fueron utilizados para justificar una reforma de alcance estructural”, añadió.

El planificador señaló que el Task Force propone que sean menos los días de espera para tramitar proyectos prioritarios mediante una serie de cambios bajo el marco legal existente, lo que según Rivera Mercado demuestra que no es necesario derogar leyes para simplificar el sistema de permisos debido a que sus barreras son principalmente operacionales.

“La[s] exposicion[es] de motivos de ambos proyectos citan estadísticas sobre tiempos de trámite y atrasos sin identificar fuentes metodológicas verificables”, dijo Rivera Mercado, quien citó una encuesta hecha por la Sociedad Puertorriqueña de Planificación a 65 profesionales con un promedio de más de 20 años de experiencia, que reveló falta de confianza en la validez de las cifras utilizadas para justificar el proyecto.

“Nuestra encuesta de opinión no sustituye un estudio técnico, pero sí refuerza la necesidad de exigir mayor transparencia antes de aprobar una reforma que altera de manera sustancial la forma en que se practicará la planificación en Puerto Rico”, lee la ponencia.

Reforma de permisos plantea un cambio “filosófico”

El Task Force contrapone en su informe las protecciones constitucionales de los recursos naturales y la propiedad privada.

El Informe propone un “reenfoque filosófico” en el que la política pública se redirija a “reconocer la importancia del derecho constitucional de los ciudadanos al disfrute de su propiedad y de los recursos naturales de nuestra Isla”. Aunque aparentan darle la misma importancia, el grupo de trabajo sugiere cambios a los controles previos al “desarrollo” y al ordenamiento territorial que impone el sistema actual de permisos para prevenir los daños ambientales.

“El Gobierno —en su ejercicio de Poder de Estado, al legislar o reglamentar sobre el uso de terrenos en Puerto Rico— tiene la obligación de permitir y promover que la ciudadanía pueda disfrutar de su propiedad, libre de interferencias o imposiciones irrazonables o inflexibles”, dice el Informe.

El grupo de trabajo sugiere que existe un desbalance de intereses que tiende a desfavorecer el disfrute de la propiedad privada y que los controles preventivos existentes son excesivos y problemáticos para el desarrollo económico y propone “la simplificación del proceso de cumplimiento ambiental”.

Recomienda seguir los modelos de desarrollo urbano de ciudades como Houston, y Miami. Sobre Houston menciona que “se guía por derechos de propiedad, la disponibilidad de infraestructura y acuerdos comunitarios”.

“Este sistema [el de permisos de Houston]— aunque no aplicable directamente en Puerto Rico— ofrece lecciones valiosas sobre respeto a la propiedad privada y cómo las decisiones de inversión pública pueden orientar el crecimiento urbano de manera más orgánica y menos regulada”, dice.

Siguiendo este “reenfoque filosófico”, el proyecto de ley para el nuevo Código de Permisos prácticamente elimina el rol de emisión de permisos de las agencias gubernamentales y reduce su rol a la fiscalización. El Task Force propuso que “los casos ministeriales se asignen automáticamente a PA (Profesionales Autorizados) debidamente acreditados, quienes estarán a cargo de su evaluación y adjudicación”.

“El sistema de permisos debe ofrecer certidumbre para quien invierte, agilidad para quien emprende y control para quien regula. Con lo propuesto confiamos en que nos movemos a un sistema proactivo, moderno y coherente con las necesidades actuales del desarrollo económico,” expresó el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales, durante la presentación del Informe.

De acuerdo con el abogado ambiental y profesor retirado de la Clínica Ambiental de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Río Piedras (UPR), Pedro Saadé Lloréns, esa interpretación explica por qué el Código de Planificación y Permisos de la Gobernadora de Puerto Rico “debilita seriamente y, en algunos casos, elimina protecciones ambientales, arqueológicas y vecinales, incluyendo la casi eliminación de la Planificación Ambiental”.

Saadé Lloréns explicó que, con el objetivo de materializar esa visión constitucional errada, las propuestas privilegian “a los intereses que se beneficiarán del PS 1183 (el Código de Permisos propuesto) al protegerlos del supuesto menoscabo de sus derechos de propiedad privada” mientras se “reestructura parte del Gobierno de Puerto Rico para concentrar en el DDEC, directa o indirectamente, innumerables poderes y funciones de reglamentación y permisos”.

Simplificación que reduce la evaluación ambiental

El fundador de la organización Ciudadanos del Karso, Abel Vale Nieves, dijo que el Código de Permisos ante la consideración de la Legislatura tendrá el efecto de ampliar la cantidad de proyectos que no tendrán que pasar por una evaluación ambiental, que es un mecanismo que considera el impacto significativo que un desarrollo tendrá sobre el medio ambiente.  

“La reforma no parte de una agenda de planificación ambiental, sino de una agenda de aceleración económica y reducción de fricción para proyectos, construcción, comercios y desarrolladores”, dijo Vale Nieves. “El problema es que en Puerto Rico muchas de esas fricciones son precisamente las protecciones ambientales, la participación ciudadana, los endosos del Departamento de Recursos Naturales, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, la Junta de Planificación y la revisión judicial”, agregó.

La reforma, según el ambientalista y economista, se ha centrado en “desmontar protecciones ambientales porque esas protecciones son vistas por los sectores económicos promotores como el obstáculo principal al desarrollo rápido”.

Las recomendaciones del Task Force también incluyen dar la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la política pública ambiental a los proponentes de los proyectos en lugar de los municipios o las agencias de gobierno. El grupo también recomendó ampliar los usos de los distritos de zonificación y calificación existentes tras estudiar los modelos de planificación de países como Nueva Zelanda y Japón.

El Informe, igualmente, sugiere actualizar el Plan de Uso de Terrenos (PUT), un proceso que ya comenzó.

“El Task Force recomienda que dicho proceso sea guiado por dos principios fundamentales: el principio de la intensidad de uso —que establece que la intervención gubernamental, los requisitos regulatorios y los procesos de evaluación deben ser proporcionales a la intensidad del uso asociado al proyecto propuesto— y el principio de predictibilidad que requiere que las decisiones se fundamenten en criterios claros y previamente publicados, eliminando la discrecionalidad excesiva y reduciendo riesgos de imparcialidad”, lee el Informe.

En el documento también se exhorta a hacer más sencillo construir en Suelo Rústico Común (SRC) y más difícil clasificar terrenos como Suelos Rústicos Especialmente Protegidos (SREP). Esta recomendación también se recoge en el P.C. 1113 del presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez Núñez, el cual flexibilizaría la construcción de viviendas en terrenos clasificados como Suelo Rústico Común.

“En la práctica, múltiples disposiciones del proyecto podrían dificultar significativamente que ciudadanos y comunidades puedan cuestionar actuaciones administrativas aun cuando existan dudas legítimas sobre impactos ambientales, riesgos territoriales o cumplimiento normativo. La participación pública no es una carga procesal”, alertó por su parte David Carrasquillo, planificador y director de la organización ¡Planifiquemos!

Carrasquillo indicó que para modernizar el sistema de permisos es necesario armonizar el desarrollo económico, las protecciones ambientales, la resiliencia climática, la participación ciudadana y la justicia territorial. Opinó que no se debería sustituir la planificación por rapidez ni la evaluación por automatización.

El planificador añadió que la reforma de permisos no responde adecuadamente a la realidad climática de Puerto Rico, como la erosión costera, el aumento del nivel del mar, el estrés hídrico, las inundaciones y el calor extremo. El término “cambio climático” no se menciona en el Informe del Task Force y en la reforma de permisos de la Gobernadora de Puerto Rico.