El Senado aprobó con enmiendas la Resolución Conjunta de la Cámara 356 (A-117), medida de administración, que asigna $13,180,532,000 con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal para cubrir los gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias de la Rama Ejecutiva, así como de los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa, durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2027.
En la presentación ante el pleno del análisis presupuestario la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa, senadora Migdalia Padilla Alvelo expresó que “esto no está escrito en piedra”. A su vez indicó que “nosotros queremos de una vez y por todas que se puedan dar esos cuatro presupuestos balanceados para que la Junta de Supervisión Fiscal nos libere los muchos millones que cobran para invertirlos entonces donde verdaderamente se necesiten. Pero nosotros no le dijimos a la Junta que viniera aquí. La Junta viene como producto de que quizás en términos de administraciones se cometían muchos errores. Yo siempre busco algo positivo en los procesos”.
“El presupuesto fiscal 2026-2027 es el resultado de un proceso riguroso de análisis, evaluación y fiscalización responsable. Representa un balance entre disciplina fiscal y continuidad de los servicios esenciales. Fortalece áreas prioritarias como la seguridad pública, la salud, la educación y la rehabilitación. Protege servicios esenciales para nuestras familias y promueve la estabilidad fiscal del gobierno de Puerto Rico”, sostuvo Padilla Alvelo añadiendo que la Comisión celebró 11 vistas públicas, conforme a lo dispuesto en la Resolución del Senado 111.
Entre las principales partidas en el presupuesto aprobado figuran $2,981 millones para el Departamento de Educación. Esta partida incluye fondos para nómina y costos relacionados, transportación escolar, servicios profesionales, terapias y servicios relacionados para estudiantes, así como recursos dirigidos a educación especial, asistencia tecnológica, programas comunitarios, becas estudiantiles y otros gastos operacionales del sistema público de enseñanza.
En el área de Salud, la medida consigna $1,815.2 millones para atender programas y agencias vinculadas a los servicios de salud pública. Entre estas asignaciones se incluyen $1,030,310,000 para la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, $514,267,000 para el Departamento de Salud, $102,667,000 para la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico y $150,007,000 para la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.
La pieza presupuestaria también asigna $1,227 millones para el renglón de Seguridad Pública. De esta cantidad, $1,071,105,000 corresponden a la Policía de Puerto Rico, incluyendo fondos para nómina, horas extra, reclutamiento de cadetes, servicios públicos, materiales, equipo y $20 millones para gastos relacionados con la reforma de la Policía y los procesos de reingeniería. Además, se incluyen asignaciones para el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y el Negociado de Investigaciones Especiales.
Además, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) tiene una asignación recomendada de $55,436,000 millones lo que representa una reducción de $12,056,000 millones en comparación con el año fiscal anterior.
Asimismo, contempla $560,898,000 millones para la Universidad de Puerto Rico, como parte de las asignaciones dirigidas a la educación superior pública. También incluye $12,301,000 millones para otras instituciones universitarias, entre ellas la Escuela de Artes Plásticas y la Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico.
En un turno a favor de la medida, el portavoz alterno de mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez dijo “votar en contra de este prespuesto es votar a favor de la permanencia de la Junta de Control Fiscal… Escucho críticas de la minoría pero no veo que presenten propuestas. Buscamos aprobar un presupuesto de forma balanceada… Este presupuesto tiene cosas muy buenas como aumentos salariales a las enfermeras del Cardiovascular, ofrece mejores servicios al Centro Comprensivo de Cáncer, mejor equipo para la Policía, mejor presupuesto para la UPR, entre otros”.
Alto Cuerpo confirma nombramientos
Por otra parte la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos que preside Rivera Schatz presentó informes positivos a tres designaciones del Ejecutivo. De esta forna, el Senado confirmó al licenciado Edison Avilés Deliz para un nuevo término como presidente del Negociado de Energía de Puerto Rico; la licenciada Sylvia B. Ugarte Araujo para un nuevo término como Comisionada Asociada del Negociado de Energía de Puerto Rico; y Rebecca Vera Ríos como jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, en ascenso.
En un turno a favor de Aviles, el líder senatorial expresó que “esto no es un nombramiento político, esto no es un nombramiento a favor de nadie. Esto es un reconocimiento al buen trabajo, a la decencia, a la honradez, a la eficiencia, a la verticalidad, al trabajo en beneficio de la gente, sin ninguna atadura que no sea hacer las cosas bien”.
Otras medidas aprobadas
A su vez, como parte de los trabajos del Senado en la sesión ordinaria, fue aprobado el Proyecto del Senado 488, de administración, que enmienda el Código de Rentas Internas para establecer una contribución especial opcional 4% sobre ingresos por intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo para residentes de Puerto Rico. La medida busca equiparar el tratamiento contributivo de los inversionistas locales con los beneficios que actualmente reciben ciertos inversionistas acogidos a incentivos contributivos, fomentando así la retención de capital y la inversión dentro de la Isla.
El portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, se expresó a favor indicando que “le voy a votar a favor. Con este proyecto queremos atraer inversionistas. Queremos que Puerto Rico progrese”. Igualmente, habló a favor Morales Rodríguez indicando que “esto es un proyecto programático del Partido Nuevo Progresista y que hoy estamos cumpliendo… nosotros vamos a seguir cumpliendo con las cosas que prometimos, porque somos un gobierno de acción”.
Asimismo, el senador de mayoría Ángel Toledo López se expresó a favor de la medida. “El proyecto no solamente en la exposición de motivos, sino en su decreto establece que se está buscando equiparar los beneficios a los puertorriqueños y las puertorriqueñas que, como cada uno de nosotros, vive en esta isla. Eso lo dice el proyecto. Está claro”.
De igual forma, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 998, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, para incorporar a los pacientes hospitalizados bajo las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal dentro de la modalidad de grupo médico virtual del Plan Vital. La legislación procura garantizar acceso continuo a servicios de salud física, medicamentos, estudios diagnósticos y tratamientos especializados para pacientes recluidos en hospitales psiquiátricos forenses.
La medida autoriza a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) a coordinar y contratar los servicios necesarios para esta población, incluyendo consultas con especialistas, estudios médicos, medicamentos de mantenimiento y tratamientos para condiciones crónicas e infecciosas. Además, busca reducir retrasos en la prestación de servicios médicos y aliviar la carga económica que actualmente asume la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).
También, fue aprobado el Proyecto del Senado 782, del presidente senatorial, presentado por petición de la Federación de Alcaldes, para fortalecer la estructura organizacional de las policías municipales. La medida aclara que los comisionados de la Policía Municipal serán considerados funcionarios del orden público para todos los efectos legales e incorpora el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado dentro del sistema uniforme de rangos.
El proyecto también reduce de cuatro a dos años el tiempo mínimo requerido para que determinados agentes puedan ser considerados para ascensos a rangos superiores, extiende de dos a tres años el período de servicio requerido antes de solicitar traslados a otros municipios o a la Policía Estatal y dispone mecanismos de reembolso por los costos de adiestramiento cuando ocurra un traslado dentro de ese término.
Además, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 98 de Rivera Schatz mediante petición de la Federación de Alcaldes. La medida propone autorizar la distribución de los $2,469,658.20 millones provenientes del balance disponible, para los periodos del 2020 al 2025, de los fondos por concepto de las Patentes de Telecomunicaciones, según establecido y certificado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Igualmente, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 195, presentada por Rivera Schatz, que asigna $4,728,265.90 millones equivalentes al 50% del balance certificado por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico proveniente de los ingresos generados por las Máquinas de Juegos de Azar en Ruta. Esto para ser distribuidos entre varios municipios con el fin de fortalecer sus operaciones y la prestación de servicios esenciales.
En un turno sobre la medida, Rivera Schatz sostuvo que “la Resolución Conjunta 195 distribuye apenas poco más de $4 millones. La Resolución Conjunta del Senado 98 se acaba de enmendar precisamente para redistribuirlo, porque la manera en que se estaba configurada pues no era lo que se ha reportado. y además de esta, la 98, en el presupuesto y en la enmienda del presupuesto vigente, habrá $35 millones que se van a estar distribuyendo a todos los municipios. En fondos que son del presupuesto vigente, en fondos que son del nuevo presupuesto y en las demás resoluciones que específicamente se distribuyen como lo define la Asamblea Legislativa, en este caso el Senado… Este gobierno ha sido justo con la distribución de fondos para todos los alcaldes”.
De otro lado, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1316 que propone crear un mecanismo especial para facilitar la inscripción en el Registro de la Propiedad de solares municipales ubicados en los centros urbanos, eliminando el requisito de lotificación previa ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) cuando estos terrenos se encuentren dentro del Plan de Ordenación Territorial aprobado.
La medida busca agilizar la regularización de propiedades que por décadas han sido ocupadas por familias y pequeños comerciantes, permitiéndoles acceder a mayor seguridad jurídica, facilitar el acceso al crédito y promover el desarrollo económico de los centros urbanos, sin menoscabar los derechos de los actuales usufructuarios o poseedores.
También, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1304 (A-121), medida de administración. Tiene como objetivo derogar la Ley 12-2008, con el propósito de eliminar el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico. Además, establecer la “Ley para Promover la Seguridad en las Instalaciones Portuarias de Puerto Rico”, promulgar la política pública sobre la seguridad en todas nuestras instalaciones portuarias, la cual se ejecutará en estrecha coordinación con el gobierno federal para evitar la imposición de cargos o estructuras regulatorias innecesarias que encarezcan el comercio y afecten al consumidor.
A su vez, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1121 por petición de la Federación de Alcaldes. La medida busca aclarar el alcance de la llamada veda electoral para permitir que el Gobierno, sus ramas y los municipios continúen informando a la ciudadanía sobre servicios, emergencias, obras y gestiones oficiales, siempre que no se utilicen fondos públicos con fines político-partidistas. También establece excepciones específicas para ciertos anuncios, rótulos, redes sociales, materiales institucionales y actividades recurrentes; entre otras disposiciones.
De igual manera, se le dio paso al Proyecto de la Cámara 1246, a petición de la Federación de Alcaldes para enmendar la “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service” (PRITS), a los fines de integrar a los municipios dentro del marco de gobernanza tecnológica establecido por dicha entidad, con el propósito de armonizar el uso de la tecnología y los sistemas de información municipales.
A la vez, el Proyecto de la Cámara 822 reorganiza la estructura de la Compañía de Turismo de Puerto Rico al convertirla en una corporación pública con personalidad jurídica propia, otorgándole mayor autonomía administrativa y operacional para fortalecer la competitividad de la industria turística. La medida crea una Junta de Directores, establece las facultades del director ejecutivo y redefine las funciones de la entidad con el propósito de agilizar la toma de decisiones, promover la inversión, impulsar el turismo interno y fortalecer áreas como el acceso aéreo y marítimo, el ecoturismo, el turismo deportivo y la promoción de nuevos productos turísticos.
El Proyecto de la Cámara 1299 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para otorgar a los municipios prioridad en la adquisición de propiedades inmuebles rematadas por deudas contributivas. La medida dispone que el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) deberá notificar primero al municipio donde ubica la propiedad, el cual contará con un término de 30 días para expresar su interés en adquirirla por ser útil para fines municipales.
De igual forma, el Senado concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes a los Proyectos del Senado 171, 330, 441 y la Resolución Conjunta del Senado 15.
