Comunidades denuncian “estrategia de shock” con avalancha de medidas para cambiar el sistema de permisos

Por Luis Joel Méndez González | Centro de Periodismo Investigativo

Ante las decenas de medidas bajo la consideración de la Asamblea Legislativa que trastocarían el sistema de permisos y debilitarían las protecciones ambientales, incluyendo una amplia reforma al sistema de permisos de Puerto Rico presentada por la gobernadora Jenniffer González Colón, grupos ambientales y cívicos se han visto imposibilitados de analizar, organizarse y educar sobre el impacto de esas propuestas.

“Lo que estamos viendo no tiene precedentes”, opinó el portavoz y organizador comunitario de Surfrider en Puerto Rico, Héctor Varela Vélez. “Representa una carga enorme para organizaciones y comunidades que defienden el interés público”.

Aunque la discusión pública se ha centrado en el Código de Planificación y Permisos (PA 114) de la Gobernadora, en la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico también se realizan vistas legislativas paralelas para otros dos proyectos que redefinirían los bienes de dominio público (PC 25), de Carlos “Johnny” Méndez, y consolidarían permisos (PS 1173), de Thomas Rivera Shatz. Otros doce proyectos presentados enmendarían o derogarían la ley vigente de permisos y están en el trámite legislativo.

La Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico recibieron una carta a finales de mayo en la que más de 60 organizaciones solicitaron más tiempo para estudiar a fondo y deponer acerca de la reforma de permisos, la cual trastocaría las protecciones ambientales en la isla. Los grupos también pidieron organizar una campaña educativa por radio, televisión, redes sociales y prensa escrita, además de organizar vistas presenciales y virtuales en otros municipios debido a que la medida tendría un impacto generalizado.

Hasta el momento, la Legislatura de Puerto Rico no ha extendido los días de vista pública, dijo la coalición al CPI. El Senado de Puerto Rico recibirá comentarios y recomendaciones hasta el 5 de junio.

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De acuerdo con el Resiliency Law Center de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en la Cámara de Representantes se habían presentado hasta finales de abril de este año 67 proyectos legislativos con impacto ambiental, de los que cuatro ya se aprobaron: la Ley 1 de 2025 para eliminar las metas intermedias de energía renovable en la Ley de Política Pública Energética; la Ley 47 de 2025 para posponer la implementación de la Ley para prohibir el expendio y utilización de plásticos de un solo uso; la Ley 103 de 2025 para crear reglamentar la venta y utilización de neumáticos; y la Ley 2 de 2026 para crear el Programa de Acopio, Reúso y Reciclaje de Asientos Protectores.

El Senado, por su parte, ha presentado 26 proyectos, de los cuales dos ya fueron firmados por la Gobernadora: Ley 92 de 2025 para incorporar en la definición de Energía Renovable Alterna el uso de tecnologías a base de hidrógeno; y la Ley 111 de 2025 para establecer que si una entidad gubernamental no emite sus recomendaciones dentro de los términos en los procesos de permisos se entenderá que no tiene objeciones al proyecto propuesto y que dichas recomendaciones no serán vinculantes.

Entre los proyectos también se encuentran la Ley para el Deslinde Nacional del Archipiélago, la Ley de Adaptación y Deslinde Costero en Respuesta a la Crisis Climática y la Ley de Legitimación Activa Ambiental, estas medidas permitirían que se lleven a cabo un deslinde de bienes de dominio público costeros, redefinirían cientifícamente la Zona Marítimo Terrestre y otorgarían legitimación activa estatutaria plena a cualquier persona para hacer valer la política pública ambiental. 

Casi una veintena de proyectos presentados en las cámaras legislativas inciden sobre requisitos regulatorios para la otorgación de permisos de construcción y de uso. Algunos de ellos, limitarían las impugnaciones de proyectos estratégicos y uniformarían los criterios de planificación y calificación territorial. De estos, cuatro ya se convirtieron en ley.

El mes pasado, La Fortaleza firmó el PC 310 de la autoría del representante Jorge Navarro Suárez, el cual fija una fianza no menor al 10% del valor de cualquier proyecto propuesto para el que se pretenda obtener un recurso de paralización. Pese a que el representante propuso enmendar el proyecto ante la reacción pública en redes sociales y en los medios de comunicación, el presidente de la Cámara Johnny Méndez Núñez se negó a darle paso.

“Por un lado, se impulsan proyectos que buscan limitar las protecciones sobre bienes de dominio público y la Zona Marítimo Terrestre. Por otro lado, hay propuestas que restringen el acceso a los tribunales para impugnar proyectos que entendemos van en contra de la política pública y de la Constitución de Puerto Rico”, aseguró el representante de Surfrider.

Varela Vélez dijo sentirse preocupado por el intento de acelerar permisos y construcciones sin fortalecer herramientas de planificación como el Plan de Uso de Terrenos (PUT).

De aprobarse el Código de Planificación y Permisos, la Junta de Planificación y Urbanismo sustituiría la Junta de Planificación y tendría el poder de enmendar, sustituir o derogar el PUT, el cual ofrece guías sobre cómo se deben desarrollar de manera sostenible los terrenos. El proyecto también establece que el PUT estaría sujeto al Plan de Desarrollo Económico Integral, que es un nuevo plan de crecimiento económico que sería articulado por Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y validado por el Poder Ejecutivo y la Legislatura.

“El Plan de Desarrollo Económico Integral tendrá vigencia indefinida y permanecerá en vigor hasta tanto sea revisado, enmendado o sustituido”, lee la propuesta de ley.

Ya de por sí, el Código de Planificación y Permisos haría más difícil que los ciudadanos impugnen consultas de ubicación y permisos, porque  se hará más difícil que una persona que no sea parte de un procedimiento ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) participe como interventora por el interés que tiene en la controversia aunque no sea parte de ella, dijo la abogada ambiental de Ayuda Legal Puerto Rico, Verónica González Rodríguez.

“La norma actual e histórica ha sido consistente en que para solicitar intervención se requiere un interés legítimo en el proceso. Según ha resuelto el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por ejemplo en [el caso] Fundación Surfrider v. Administración de Reglamentos y Permisos, un interés legítimo no es lo mismo que una acción legitimada (o standing), sino un criterio más amplio y flexible precisamente porque las agencias no son tribunales”, explicó la abogada ambiental. La ley propuesta “define interventor con criterios que han establecido los tribunales como standing: daño real, palpable y nexo causal con la acción administrativa. Es decir, esta nueva definición equipara los requisitos de participación en un proceso administrativo a los de un proceso judicial”, dijo González Rodríguez.

Entre las organizaciones que suscribieron la carta a la Legislatura pidiendo tiempo adicional para participar en las vistas o someter ponencias se encuentran Amigxs del M.A.R., la Clínica de Derecho Ambiental de la UPR, El Puente Puerto Rico, Sierra Club de Puerto Rico, Ciudadanos del Karso, Para la Naturaleza, la Liga de Ciudades de Puerto Rico, el Programa Sea Grant de la UPR, Surfrider Foundation Rincón, Sociedad Ambiente Marino, Puerto Rico Clinicians for Climate Action, la Red Comunitaria de Agua, el Resiliency Law Center, Salvemos a Playuela, Yo Amo El Tinglar y Murciélagos Beach Defenders.

“El PC 1213 [Código de Planificación y Permisos] contiene 819 páginas; enmienda y deroga decenas de leyes; elimina agencias; altera facultades de otras; resta poderes a los municipios; y concentra autoridad en una sola agencia. El Senado también ha reconocido públicamente que (…) plantea un nuevo marco legal y administrativo para permisos, planificación, ambiente, zonas históricas, recursos arqueológicos, reglamentos y procesos de revisión administrativa y judicial”, lee el comunicado de prensa de la coalición.

Raúl Torres Matos, portavoz del Campamento Erizo en Luquillo que lucha contra el cierre de los acceso públicos a la playa Las Picuas, dijo que el Código de Planificación y Permisos abrirá la puerta al otorgamiento indiscriminado de permisos a desarrolladores e inversionistas.

“Ya no habrá cómo pelear y luchar por el área de dominio público en la Zona Marítimo Terrestre”, alertó.

Lo que consterna a Torres Matos es que “las futuras generaciones pensarán que no se luchó por las playas”.

“Me preocupa que el pueblo no vaya a disfrutar algo que es del pueblo”, señaló.

La directora de Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez Torres, dijo que su organización ha sido de las pocas que se ha leído el Código de Planificación y Permisos.

“A mí me tomó dos semanas leer el proyecto, y todas las mañanas le dedico 10 minutos, y encuentro cosas que no vi la primera vez o que requieren mayor análisis, y que se escapan de la pericia que tengo, que soy planificadora ambiental y de política pública”, explicó Vázquez Torres. “No es lo mismo tener dos semanas para leerte el proyecto mientras en esas mismas dos semanas está en vistas públicas, que por tanto, una vez tú lo analizas y desmenuzas, ya se acabaron las vistas públicas”.

La organización sometió una ponencia escrita a la legislatura de Puerto Rico con relación al proyecto, pero Vázquez Torres denunció que se han limitado las vistas públicas a la ciudadanía y se han reducido los términos de tiempo para presentar memoriales sobre las medidas legislativas.

Batallan también contra megaproyectos

Las comunidades, además de luchar contra los proyectos de ley que se han sometido como el Código de Planificación y Permisos y la Ley para la Simplificación de Permisos, también se han organizado contra construcciones en zonas de alto valor ecológico, con especies en peligro de extinción y cerca de barreras naturales costeras, como arrecifes de coral, manglares, humedales, playas y dunas de arena. Ese ha sido el caso del proyecto Esencia en Cabo Rojo, el proyecto Isabela Reefs en Isabela, así como el Paseo Lineal en Rincón. Incluso otras controversias ambientales como la contaminación de la Laguna del Condado en San Juan.

“No es humanamente posible”, dijo la académica y activista Beatriz Llenín Figueroa sobre cómo la Coalición Defiende a Cabo Rojo ha hecho frente a las medidas que también agilizarían otros proyectos residenciales turísticos como Esencia.

La líder ambiental mencionó que la coalición ha priorizado unos proyectos legislativos sobre otros. Y sobre esos han organizado campañas educativas en redes sociales, circulado comunicados de prensa y participado en los medios de comunicación. La organizadora comunitaria agregó que se han movilizado contra las medidas legislativas, recogido firmas y enviado cartas a la Gobernadora y a la Legislatura que no han sido respondidas.

“En nuestras organizaciones llevamos adelante una labor principalmente de manera voluntaria haciendo malabares, a costa de nuestra salud, para sostener a la vez nuestros respectivos trabajos y demás compromisos de vida y familia en un país cada vez más deteriorado”, comentó Llenín Figueroa.

“Nos queda claro que estamos en medio de una estrategia de shock para distraer con dimes y diretes de partido [político] mientras se impulsa el más abarcador y catastrófico reordenamiento territorial en beneficio de un puñado de sectores ricos y poderosos”, dijo.

El Código de Planificación y Permisos es un reflejo de la posición ideológica del gobierno de turno, opinó por su parte Carola Acum Quiñones, portavoz de Paseo Responsable, una coalición que ha batallado contra la construcción del Paseo Lineal en Rincón.

Paseo Responsable sometió una ponencia de nueve páginas donde esboza sus preocupaciones acerca del Código de Planificación y Permisos.

“Es mucha presión para las comunidades y es una vía libre para los desarrolladores e inversionistas”, agregó.

Acum Quiñones resaltó la importancia de que se reforme el sistema de permisos de Puerto Rico para que sea más apto para los pequeños comerciantes, pero afirmó que no puede ser a expensas del sacrificio de los recursos naturales. La activista ambiental indicó que el proyecto debilita protecciones cuando debería fortalecerlas.

El Código propuesto enmendaría 29 leyes y eliminaría otras 14.

Contradictoria política pública

El coordinador de política pública ambiental de la organización El Puente Puerto Rico, Gabriel Meléndez Cardona, señaló que, mientras las medidas sobre el tintero echaría para atrás décadas de protecciones ambientales, las soluciones reales contenidas en el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia para el Cambio Climático no han sido atendidas.

“El reciente ataque, sea directamente a través de la eliminación de protecciones y cambios en política pública o mediante la redefinición de términos y reclasificación del territorio, ha requerido mayor organización y colaboración entre organizaciones para poder hacer frente a la multiplicidad de órdenes, enmiendas, declaraciones y proyectos de ley”, indicó.

Añadió que “El Puente ha estado apostando a la organización en coaliciones o frentes para así aumentar la presión y el alcance de los esfuerzos de concientización y movilización. Desde el inicio de este cuatrienio, el equipo de política pública de El Puente ha tenido que dedicar esfuerzos sustanciales para monitorear y denunciar estas medidas, participando de vistas públicas, comentando proyectos de ley, así como también educando y movilizando a la ciudadanía”.

Meléndez Cardona explicó que grupos como el suyo tienen que defender los recursos naturales y fiscalizar al Gobierno porque el Estado ha cerrado la participación de la ciudadanía en la confección de política pública. “En esta ocasión, los proyectos y cambios en política pública provienen tanto del gobierno local como federal. En ambos casos, con las tres ramas de gobierno controladas por un solo partido. Esto ha dificultado el que funcionen adecuadamente los pesos y contrapesos que deben ejercer las tres ramas entre sí, con notable impacto en el nivel de discusión y debate así como en la participación pública a la hora de considerar un proyecto de ley”, aseguró el abogado. “Sin embargo, parecería que hay una mayor conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del medio ambiente y la vulnerabilidad de Puerto Rico ante el cambio climático. Esto ha provocado que las medidas propuestas no sean atractivas, por eso el abuso de poder, la opacidad y las retóricas violentas que son tan comunes entre políticos estos días”.