La Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), dirigida por la Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, publicó un informe de auditoría sobre las operaciones fiscales del Municipio de Guánica, en el cual se identificaron pagos indebidos por $66,879 relacionados con liquidaciones de licencias acumuladas por enfermedad, así como deficiencias en la acumulación correcta de licencias de vacaciones de funcionarios municipales.
El informe, correspondiente al período del 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2023, revela que las operaciones examinadas no se realizaron, en todos los aspectos significativos, conforme a la ley y reglamentación aplicable. La auditoría fue realizada al amparo de las facultades constitucionales y legales conferidas a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.
Según el hallazgo del informe, el Municipio de Guánica efectuó pagos indebidos por concepto de liquidación de licencias acumuladas de enfermedad al exalcalde, a un exfuncionario y a 16 exempleados municipales que cesaron funciones entre febrero de 2019 y diciembre de 2022. La auditoría determinó que dichos pagos fueron contrarios a las disposiciones de la Ordenanza 33 de 2017, mediante la cual el Municipio adoptó las disposiciones de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal de 2017.
De acuerdo con la auditoría, entre el 5 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2023, el Municipio desembolsó $66,879 por concepto de liquidaciones de licencias acumuladas de enfermedad, distribuidos en $20,790 al exalcalde, $7,475 a un exfuncionario y $38,614 a 16 empleados municipales. La Oficina de la Contralora concluyó que dichos pagos no procedían conforme a la normativa vigente adoptada por el propio Municipio.
La auditoría también identificó que, para el período comprendido entre el 16 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, a cinco funcionarios municipales se les acumuló incorrectamente la licencia de vacaciones a razón de 1.25 días por mes de servicio, en lugar de 2.5 días, como requería la Ley 176-2019, que restituyó ese beneficio a los empleados públicos.
La contralora Vega Fournier indicó que las situaciones señaladas responden a fallas administrativas y de supervisión por parte de funcionarios municipales responsables de las áreas de Recursos Humanos y Finanzas. El informe establece que el alcalde y los directores de Recursos Humanos se apartaron de su deber ministerial de verificar que las acumulaciones y pagos de licencias se realizaran conforme a la reglamentación aplicable. Además, se señaló que la directora de Finanzas en funciones no supervisó adecuadamente las labores de preintervención antes de emitirse los pagos.
En sus comentarios incluidos en el informe, la administración municipal sostuvo que los pagos realizados se efectuaron conforme al Código Municipal de Puerto Rico de 2020, particularmente al Artículo 2.058 relacionado con el pago de licencias acumuladas al momento de la separación del servicio. Sin embargo, la Oficina de la Contralora determinó que prevalece el hallazgo, ya que el Municipio voluntariamente se acogió mediante ordenanza a las disposiciones de la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal
de 2017 y sus enmiendas.
El informe también recoge expresiones del exalcalde Santos Seda Nazario, quien informó haber reintegrado voluntariamente al Municipio la cantidad total de $20,790 recibida por concepto de liquidación de licencia por enfermedad. Según la auditoría, el reembolso fue realizado el 24 de noviembre de 2025 mediante cheque del Banco Popular de Puerto Rico y recibido oficialmente por el Recaudador Municipal.
Como parte de las recomendaciones, la Oficina de la Contralora exhortó al alcalde de Guánica a evaluar posibles acciones de recobro por $46,089 correspondientes
a los pagos realizados a un exfuncionario y a 16 empleados municipales. Asimismo, recomendó corregir los balances de licencias de vacaciones acumuladas incorrectamente y fortalecer los controles internos relacionados con Recursos Humanos, Finanzas y procesos de preintervención.
La OCPR también recomendó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto dar seguimiento al cumplimiento del plan de acción correctiva que deberá implantar el Municipio para atender las deficiencias señaladas. De igual forma, solicitó a la Legislatura Municipal mantener un plan de seguimiento sobre las situaciones identificadas en la auditoría.
El informe señala que el Municipio de Guánica manejó presupuestos del Fondo General que fluctuaron entre $5.1 millones y $7.8 millones durante los años fiscales auditados, y que los estados financieros auditados reflejaron déficits acumulados millonarios que fluctuaron entre $3.8 y $6.4 millones.
La auditoría fue realizada conforme a las normas de auditoría gubernamental generalmente aceptadas emitidas por la Government Accountability Office (GAO) de los Estados Unidos.
