Como parte de los trabajos legislativos de la presente sesión ordinaria, el Senado aprobó varias medidas de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, dirigidas a fortalecer los servicios de salud, actualizar procesos administrativos y ampliar protecciones para distintos sectores de la población.
Entre las medidas avaladas está el Proyecto del Senado 992, que propone garantizar que los pacientes en unidades de cuidado intensivo puedan estar acompañados por una persona significativa durante las 24 horas del día. La iniciativa también reconoce la facultad de las instituciones hospitalarias para establecer protocolos internos que permitan mantener la seguridad clínica, el control de infecciones y la prestación adecuada de servicios médicos.
En un turno a favor se expresó la senadora independiente, Joanne Rodríguez Veve. “Proyecto al que me uno como coautora por entender que es uno verdaderamente loable y que busca, a través de la política pública, seguir humanizando los tratamientos o el sistema de salud que ofrece los distintos cuidados y atenciones a los pacientes. A través de este proyecto, lo que se propone es que el paciente tenga el derecho a ser acompañado, cuando está bajo cuidado crítico, no solo por ocho horas, sino las 24 horas del día, para que no se quede solo. Siguiendo todos los protocolos correspondientes”.
Asimismo, el Proyecto del Senado 995en su segundo informe, busca fortalecer el proceso de licenciamiento de las instituciones proveedoras de servicios de salud mental y tratamiento contra la adicción, con el propósito de robustecer la supervisión y asegurar estándares adecuados en la atención de pacientes y poblaciones vulnerables.
El proyecto sostiene que “es imperativo, por tanto, que esta Asamblea Legislativa promulgue legislación que fortalezca expresamente las facultades de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA). Todo esto en coordinación y alineado con el Departamento de la Salud, conforme a su función rectora en la regulación de facilidades de salud para promover la coherencia reglamentaria, reducir duplicidades e incrementar el acceso a servicios”. La medida propone reforzar los mecanismos regulatorios aplicables a estas instituciones, promoviendo una mayor fiscalización y cumplimiento con estándares de calidad en los servicios de salud mental.
De igual forma, el Proyecto del Senado 1016 tiene como propósito enmendar el Código Civil de Puerto Rico para aclarar que solamente los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles con duración mayor de seis años deberán formalizarse por escrito, simplificando así procesos legales aplicables a contratos de menor término.
La iniciativa busca brindar mayor claridad jurídica y reducir trámites innecesarios para ciudadanos y comerciantes que formalizan contratos de arrendamiento de corta duración. Con esta medida, se procura modernizar disposiciones legales vigentes y facilitar acuerdos contractuales sin afectar las garantías y protecciones reconocidas por el ordenamiento jurídico puertorriqueño.
A su vez, el Proyecto del Senado 1091 busca aclarar que las agencias de la Rama Ejecutiva podrán comparecer ante foros administrativos representadas por empleados de la propia agencia o mediante personal contratado por servicios profesionales, fortaleciendo la capacidad operacional y administrativa del gobierno.
La propuesta persigue atender dudas e interpretaciones surgidas en torno a la representación de las agencias en procedimientos administrativos, permitiendo una mayor flexibilidad en la defensa y manejo de asuntos gubernamentales. De igual manera, la medida busca agilizar procesos administrativos y optimizar recursos dentro de las instrumentalidades públicas.
Otras medidas aprobadas por el Alto Cuerpo
Por otra parte, se le dio paso al Proyecto del Senado 1056 del senador de mayoría Rafael “Rafy” Santos Ortiz. La medida propone enmendar la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”. El objetivo es incluir a los padres o madres que se separen del servicio para dedicarse al cuidado de sus hijos con incapacidad o enfermedad terminal. Esto les permitiría acceder a los beneficios de retiro acumulados.
El proyecto reconoce el impacto económico y emocional que enfrentan muchas familias cuando uno de los padres debe dejar de trabajar para atender situaciones médicas complejas de sus hijos. “Esta enmienda representa un paso fundamental hacia un sistema de retiro más humano, inclusivo y receptivo a las realidades más apremiantes de los servidores públicos y sus familias”, cita el proyecto.
De igual forma, se aprobó el Proyecto de la Cámara 804. La pieza legislativa enmienda la ley que regula la profesión de tecnólogos radiológicos para permitir la expedición de licencias provisionales. Esto aplicaría a profesionales que hayan solicitado tomar el examen de reválida por primera vez. El proyecto busca atender la escasez de personal en esta área permitiendo que los técnicos puedan trabajar bajo supervisión mientras completan su proceso de licenciamiento.
Igualmente, recibió aval la Resolución Conjunta del Senado 140 de la senadora de mayoría, Jamie Barlucea Rodríguez. La resolución ordena al Departamento de la Vivienda (DV) realizar las gestiones necesarias para otorgar títulos de propiedad a residentes de la comunidad Punta Diamante, en el barrio Canas de Ponce, según lo establecido en la Ley Núm. 132 del 1 de julio de 1975, según enmendada. En iguales términos, Barlucea presentó la Resolución Conjunta del Senado 141.Estaordena al DV otorgar títulos de propiedad a los residentes de la comunidad Betances, en el barrio Quinto de Ponce, según establecido en la Ley Núm. 132, o cualquier otro programa que administre dicha agencia que permita legalizar la otorgación de dichos títulos.
Senado aprueba medidas en concurrencia con la Cámara
De otra parte, el Alto Cuerpo aprobó varias piezas legislativas en concurrencia con las enmiendas introducidas por la Cámara de Representantes. El Proyecto del Senado 64 de Rivera Schatz, que enmienda la “Ley para Prohibir la Copia, Publicidad y Venta sin el Consentimiento del Dueño de Grabaciones y Actuaciones en Vivo”, a los fines de atemperar sus disposiciones y delitos al sistema de penas establecido en el Código Penal de Puerto Rico.
También, del líder senatorial, el Proyecto del Senado 389para enmendar el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, a los fines de conferir exención contributiva a las obligaciones emitidas por el Patronato de Monumentos de San Juan, una entidad sin fines de lucro, cuyos fondos serán utilizados en la restauración y mantenimiento de la Catedral de San Juan. Igualmente, de Rivera Schatz el Proyecto del Senado 1120, que en síntesis, propone facultar a los jueces municipales y superiores del Tribunal de Primera Instancia, para en la concesión de órdenes de protección, ordenar el nombramiento de un tutor temporal en casos donde un adulto mayor se encuentre en riesgo debido a su condición de salud, situación social o situación económica.
A su vez, el Proyecto del Senado 919 (A-094), medida de administración, que enmienda la “Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”, a los fines de proveer a la Comisión Industrial de Puerto Rico un mecanismo de financiamiento estable y predecible mediante la asignación automática de un cuatro por ciento de los ingresos por primas de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. La Resolución Conjunta del Senado 78, presentada por petición del Comité Bicentenario Fundación de Lares, Inc. a través de la senadora de mayoría, Jamie Barlucea Rodríguez. La medida propone designar la Carretera Estatal PR-4128, en su totalidad, la cual discurre por el Desvío Sur de Lares, con el nombre de “Paseo del Bicentenario”, en conmemoración del bicentenario de la fundación del Municipio de Lares
Aval a Resoluciones de investigación
Asimismo, recibió aprobación la Resolución del Senado 335 del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, para que la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales investigue los protocolos y medidas de seguridad implementados en los sistemas de relleno sanitario activos y en desuso en Puerto Rico. El objetivo principal es evaluar la capacidad de respuesta ante incendios y el cumplimiento con normas ambientales. La investigación también analizará la efectividad de los planes de manejo y emergencia utilizados en vertederos alrededor de la Isla.
Además, fue avalada la Resolución del Senado 390 del portavoz de mayoría, Gregorio Matías Rosario, para investigar los protocolos de seguridad implementados por el Departamento de Educación en las escuelas públicas de Puerto Rico. La investigación evaluará el establecimiento, manejo e implementación de medidas de seguridad escolar al amparo de la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico. El análisis incluye la capacidad de las escuelas para responder a situaciones de emergencia y garantizar ambientes seguros para estudiantes y personal escolar.
También, fue aprobada la Resolución del Senado 243, del senador de mayoría Héctor Joaquín Sánchez Álvarez. La medida ordena a la Comisión de Gobierno, a realizar un estudio dirigido a evaluar el funcionamiento de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble. Esto con el propósito de evaluar el cumplimiento con el mandato de la Ley 235-2014, según enmendada, a los fines de que las agencias, dependencias o instrumentalidades públicas, antes de arrendar o comprar algún bien, deben otorgarle preferencia a aquellos de naturaleza pública disponibles, pertenecientes al gobierno central, en primera instancia, y, en la alternativa, a cualquier gobierno municipal.
Asimismo, se le dio paso a la Resolución del Senado 339 de la senadora de mayoría, Wandy Soto Tolentino, para investigar el funcionamiento y recursos de la Oficina Estatal de Control Animal (OECA), adscrita al Departamento de Salud. La investigación busca evaluar la efectividad de la OECA en el cumplimiento de su mandato legal, así como identificar deficiencias relacionadas con la sobrepoblación animal y la prevención de enfermedades zoonóticas en Puerto Rico.
De igual forma, se aprobó la Resolución del Senado 341 de la senadora de mayoría, Nitza Moran Trinidad. La resolución ordena investigar las disposiciones relacionadas con la protección del criterio médico y el acceso inmediato a medicamentos recetados. Además, procura evaluar posibles alternativas legislativas para atender vacíos regulatorios surgidos tras la determinación judicial.
