Por Karina M. Cortijo Robles
La nueva reforma de permisos propuesta por el gobierno actual vino como un balde de agua fría para muchas organizaciones de conservación ambiental y planificadores profesionales. Sin embargo, la comunidad arqueológica también fue igualmente afectada, aunque nuestras voces fueron más silentes. Rápido en la página número dos de dicha reforma, se proponen emendar más de cinco secciones de las leyes fundacionales de la preservación de la arqueología en Puerto Rico; tanto la Ley de Protección, Conservación y Estudio de los Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos (Ley Núm. 10) como la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico (Ley Núm. 112).
Desde el 2009, ha sido evidente el deterioro o reemplazo de los Consejos responsables de administrar los bienes históricos, autorizar acciones y atender querellas. La pasada administración del Instituto de Cultura de Puertorriqueña (ICP) fue enfática que aquello era debido a la reforma de permisos que se convirtió en la Ley 161 del 2009, el cual transfería los poderes de los Consejos al ICP.
Ahora la reforma propuesta en el subcapítulo F Artículo 10.25 establece claramente que la Oficina Central de Permisos, a través de su División de Arqueología y Patrimonio Histórico, será la entidad responsable de llevar a cabo la evaluación arqueológica de los proyectos sujetos a permisos de construcción, así como de otras autorizaciones administrativas establecidas en la Ley Núm. 10 y Ley Núm. 112. Sin embargo, hace la aclaración que el ICP continuara en sus facultades de investigación, conservación y fiscalización del patrimonio cultural de la isla.
Además de dichos cambios, se pretende remover los fondos asignados a dichos Consejos y reducir las multas por el uso o extracción indebida de materiales culturales.
Ante megaproyectos como Esencia queda la duda de cómo será el rol ciudadano y la preservación arqueológica sobre el desarrollo económico. Igualmente, todavía hay preguntas abiertas de quienes serán los profesionales que estarán a cargo de tomar dichas decisiones bajo la creación de la nueva división y el rol de la ciudanía en participar de forma democrática.
