La Federación de Alcaldes respaldó hoy la reforma al sistema de permisos que evalúa la Asamblea Legislativa, pero advirtió que la versión actual del proyecto pone en riesgo la autonomía municipal, al tiempo que condicionó su apoyo a la aprobación de un paquete de 48 enmiendas.
“Puerto Rico necesita un sistema de permisos más ágil, transparente y uniforme, pero ese proceso no puede darse a costa de la autonomía municipal. Tal como está redactado el proyecto, la cláusula de supremacía podría invalidar ordenanzas, planes de ordenación territorial y acuerdos de delegación que han demostrado ser efectivos. Nuestra propuesta establece contrapesos para garantizar que los municipios conserven su capacidad de decisión sobre el uso de terrenos y que la reforma se implemente sin afectar ese marco legal vigente”, subrayó el presidente del organismo, Gabriel Hernández Rodríguez, al insistir en que la propuesta debe corregirse para evitar un desequilibrio en las competencias entre el gobierno central y los municipios.
El grupo que representa a los alcaldes novoprogresistas participó este lunes en las vistas públicas de la medida ante la Cámara de Representantes, donde presentó su análisis y recomendaciones sobre el Proyecto de Administración A-114 y sus versiones legislativas. La ponencia recoge las posiciones de varios municipios, entre estos San Juan, Bayamón, Fajardo, Cidra y Cabo Rojo, así como de consorcios regionales como el ABC y el Consorcio de la Montaña.
El planteamiento de los alcaldes busca lograr un balance entre la agilización de permisos y la protección de las facultades municipales, en línea con los avances establecidos desde la Ley de Municipios Autónomos de 1991 y el Código Municipal vigente. Entre los cambios propuestos, la federación solicita limitar el alcance de la cláusula de supremacía, mantener el rol técnico de la Junta de Planificación y establecer controles más estrictos sobre los profesionales autorizados.
“Estamos planteando una ruta para mejorar el sistema sin desarticular lo que ya funciona. Por eso proponemos mecanismos de fiscalización sobre los profesionales utorizados, incluyendo requisitos de licencia, educación continua y un registro público, además de definir categorías de intervención. También impulsamos la integración de los municipios al sistema tecnológico del gobierno mediante PRITS, con una base legal que garantice ese acceso, porque hoy esa asistencia es voluntaria y no todos los municipios cuentan con los recursos necesarios”, añadió el también alcalde de Camuy.
En esa línea, el ente impulsa legislación para enmendar la Ley 75-2019, con el fin de incluir formalmente a los municipios bajo la cobertura de PRITS y atender la brecha tecnológica que enfrentan pueblos como Florida, Las Marías, Maricao y Canóvanas. Actualmente, la colaboración se da mediante acuerdos y el uso de fondos federales ARPA, pero sin una obligación legal que asegure continuidad.
“Los presidentes de Cámara y Senado han reconocido que el proyecto requiere ajustes, particularmente en la definición de supremacía y en la protección de la autonomía municipal. Nosotros mantenemos comunicación directa con el liderato legislativo y ya hay dos medidas por petición en agenda para atender estas enmiendas. Nuestro respaldo a la reforma está condicionado a que se incorporen estos cambios y una vez eso ocurra, es importante que la implementación del nuevo sistema se ejecute con agilidad para cumplir con el objetivo de modernizar los procesos sin afectar las facultades de los municipios”, agregó el ejecutivo municioal.
