Las delegaciones legislativas del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado expresaron el más contundente rechazo a la propuesta de la gobernadora Jenniffer González, de alterar la definición de asesinato para incluir al no nacido como persona. En el día de ayer se radicó el Proyecto de la Camara 1025 y el Proyecto del Senado 923, provenientes de La Fortaleza, que proponen enmendar el artículo 92 del CódigoPenal, el cual dispone que “asesinato es dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”. La enmienda que sugiere la gobernadora establece que “para propósito de este capítulo ser humano incluirá al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”. La radicación de estas medidas pretende crear un choque con la normativa vigente establecida en otros artículos del Código Penal y el caso Pueblo v. Duarte, que permite las terminaciones de embarazo por razones médicas, entendiéndose salud en su sentido más amplio.
“El liderato del Partido Nuevo Progresista, en repetidas ocasiones, ha declarado su intención de ilegalizar de forma absoluta el que las mujeres ejerzan autonomía sobre sus cuerpos, y hacia eso se dirigen. Estas medidas, tal y como lo anticipamos, llegan como secuela de la Ley 183 del 2025, que le adscribe carácter de persona al nasciturus. La Gobernadora y sus legisladores nos quieren obligar a un retroceso de décadas en la lucha de las mujeres por sus derechos; no les corresponde a ellos intervenir con el aspecto más íntimo de la vida de una mujer, amenazándola con penas de hasta 99 años de cárcel”, sostuvo la Senadora María de Lourdes Santiago.
“Esta no es una medida aislada, sino que se une a otras iniciativas del PNP que buscan imponer el control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres, descartando consideraciones salubristas y de derechos humanos. Ante las interrogantes jurídicas que surgirían con la aprobación de estos proyectos, se abre la puerta a interpretaciones judiciales que resulten en restricciones gravísimas al derecho de las mujeres. En todo caso, esa posibilidad puede constituir un efecto disuasivo que termine exponiendo a las mujeres a la realización de abortos clandestinos, en condiciones insalubres, a riesgo de sus vidas”, indicó la Representante Adriana Gutiérrez.
Las legisladoras independentistas apuntaron, además, como había señalado el grupo de 300 médicos que expresaron su rechaza a la Ley 183 del 2025, que esta visión punitiva contra las mujeres expone también a los profesionales de la medicina a responsabilidad criminal, y pone en peligro el manejo de información médica confidencial.
Corresponde, ante esta ofensiva del PNP, que todos los sectores que defendemos los derechos de las mujeres, alcemos la voz en repudio a este nuevo intento de convertir en criminales y encarcelar por el resto de sus vidas a las mujeres que decidan ejercer autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas.
