Por Centro de Periodismo Investigativo
El disfrute de la vista privilegiada al océano Atlántico que tenía la casa de Carmen
Delia Serrano De Jesús en el barrio Islote en Arecibo terminó cuando el huracán
María destruyó el techo de su hogar, que está ubicado en la Zona Marítimo
Terrestre (ZMT).
Era una posesión que la mujer de 71 años había mantenido por décadas, pero cuyo
terreno se encuentra en un área de dominio público. Hoy día la vivienda está
reparada, pero no es habitada por su dueña, quien fue obligada a abandonarla
cuando el Departamento de la Familia (DF) asumió la custodia de la envejeciente.
Luego de una estancia en un centro para personas envejecidas en Lares, Serrano
De Jesús falleció en el Hospital Pavía en Arecibo el 29 de octubre de 2022.
Desde el 2017 Serrano De Jesús no tenía control de su propiedad. El médico que la
atendía, Roberto Abreu Valentín, tomó posesión de su vivienda. Abreu Valentín es
uno de cinco hermanos quien, como su madre Irma Valentín Serrano, administran
negocios o han adquirido propiedades en el barrio Islote para convertirlas
mayormente en negocios de alquiler a corto plazo.
Esta es la casa donde vivía Carmen Delia Serrano De Jesús, a orillas del océano
Atlántico, en Arecibo. Foto suministrada
Poco a poco, esta familia hizo suyas estructuras — muchas en desuso — ubicadas
en la zona marítimo terrestre en Islote. Les han hecho reparaciones y
construcciones, incluyendo terrazas y piscinas tan cercanas al mar que las olas
golpean en ellas. Todo eso a la vista del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de
Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que tiene su cuartel a pasos de las
residencias, y a pesar de que el gobernador Pedro Pierluisi firmó hace siete meses
la Orden Ejecutiva 2023-09 que obliga al DRNA en colaboración con la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura evaluar e implementar la remoción y
demolición de estructuras abandonadas en la zona costanera.
El área donde la familia Abreu Valentín opera sus negocios de alquiler a corto plazo
tiene la calificación de Ruta Escénica (RE), que busca mantener estos espacios
libres de construcción, asegurando el disfrute visual y acceso público al mar.
“Se identificaron aproximadamente 55 propiedades que se encuentran demasiado
adentradas en el mar, muchas de las cuales se encuentran abandonadas y algunas
que pueden considerarse como estorbos públicos. La designación de estos
segmentos con la calificación de RE ayudará a evitar la proliferación de estructuras
en esta zona marítimo terrestre (ZMT), minimizando también los riesgos a la
propiedad y vida por ubicar estructuras habitables tan cercanas al mar”, señala un
memorial explicativo emitido por la Junta de Planificación y la Compañía de Turismo
hace más de una década.
En algunas de las estructuras, se han construido hasta piscinas.
Foto por Jorge A. Ramírez Portela | Centro de Periodismo Investigativo
El Municipio de Arecibo no ha contabilizado ni tomado posesión de las estructuras
en desuso en el litoral costero de Arecibo como manda la orden ejecutiva del
Gobernador, confirmó la administración municipal. Mientras, el Gobierno de Puerto
Rico no ha detenido nuevas construcciones y reparaciones en una zona seriamente
afectada por la erosión en la Zona de Interés Turístico (ZIT) de Arecibo.
Los vecinos de Islote han presentado ante el Cuerpo de Vigilantes al menos seis
querellas contra la familia Abreu Valentín por descargas al mar, construcciones y
rellenos en la ZMT. La familia también enfrenta litigios de parte de residentes de la
comunidad por la forma en que se han obtenido algunas de estas propiedades.
Los Abreu Valentín integran la estructura directiva de al menos ocho corporaciones
activas, según el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado. El CPI
identificó al menos 22 propiedades en Arecibo a nombre de los Abreu Valentín o de
sus corporaciones. La familia también operó varios negocios bajo corporaciones que
ya fueron canceladas.
Irma Valentín y sus hijos, Ángel y Carlos Abreu Valentín, quienes operaban el
Instituto Irma Valentín y el Mary Lao Institute, fueron acusados en el 2007 por
conspiración para cometer fraude y quedarse con fondos del Departamento de
Educación federal que debieron devolverle a estudiantes que se habían dado de
baja de los institutos. Según la acusación, el dinero apropiado se usó para pagar
préstamos personales, propiedades de bienes raíces y negocios no relacionados
con las entidades educativas. En el 2011, los miembros de esta familia llegaron a un acuerdo y se declararon culpables por delitos menores y no se requirió
encarcelación.
Ignoran orden del DRNA
Desde septiembre de 2022, el DRNA les ordenó a Irma Valentín y a la corporación
Construction and Health Integrated Services – que fue presidida por Ángel Abreu,
pero hoy está cancelada – la demolición de una terraza de cemento que
construyeron en la ZMT en un negocio de su propiedad llamado El Alcázar de
Colón.
“La parte querellada [Irma Valentín], sin poseer concesión, permiso o autorización,
emitida por el DRNA, posee, utiliza y aprovecha estructuras dentro de la zona
marítimo terrestre y bienes de dominio público y ha desobedecido órdenes verbales
y escritas de funcionarios de este Departamento, en múltiples ocasiones”, lee la
resolución del DRNA del 2022.
El DRNA ordenó demolir la terraza de cemento del negocio El Alcázar de Colón.
Foto por Jorge A. Ramírez Portela | Centro de Periodismo Investigativo
Transcurrido un año de la orden para demoler la estructura, Irma Valentín todavía
no ha cumplido ni la agencia la ha hecho cumplir. El DRNA impuso también una
multa de $10,000, que los imputados no han pagado, confirmó la agencia. Tampoco
se ha cumplido con la orden de restaurar el área afectada por la construcción ilegal.
El DRNA también le solicitó en múltiples ocasiones remover todos los escombros
que, como parte de la construcciones en el negocio, tiraron en la orilla del mar, pero,
como no lo hicieron, las marejadas que trajo el huracán María en septiembre de
2017, se los llevó consigo, según confirmó el DRNA durante una inspección en 2018
y la misma Irma Valentín en una solicitud para que se le relevara de la orden.
Asimismo, el expediente del DRNA muestra que en varias ocasiones se le hicieron
señalamientos de filtración de aguas sanitarias y deficiencias en la infraestructura
del pozo séptico que está a dos o tres pasos del mar. El negocio sigue en
operación.
El CPI le preguntó a Irma Valentín sobre las denuncias contra el negocio El Alcázar
de Colón. Sin embargo, se rehusó a responder. Tampoco Roberto, Ángel ni Gladys
Imar Abreu Valentín respondieron a las peticiones que se les hicieron a través de
llamadas telefónicas para reaccionar a las imputaciones ambientales y de uso de
propiedades. Igualmente, rechazaron los acercamientos hechos a través del
abogado Jaime González, quien ha representado legalmente a Ángel en pleitos
judiciales.“Ella [Irma Valentín] tiene varias propiedades que está usurpando y construyendo ilegalmente sobre la piedra de la costa”, denunció Lauce Colón Pérez, activista ambiental y residente de Islote. “Ella [Irma Valentín] simplemente va, limpia la casa [en desuso], la arregla, le pone ventanas, le pone puertas, le pone seguro y ya ella
es dueña de ese espacio”, añadió.
La organización Defendiendo La Cueva Del Indio-681 – cuyo portavoz es Colón
Pérez – también presentó una querella ante el DRNA en 2022 contra la familia
Abreu Valentín por sus construcciones en la ZMT de Islote. El CPI solicitó al DRNA
acceso al expediente de la querella, sin embargo, la solicitud no se atendió.
Desde que Irma Valentín se mudó a Islote, Cristina Rivera Román, líder de la
organización Vecinos al Rescate de Acceso y Senderos (VEREDAS), le ha
presentado varias querellas ante el Cuerpo de Vigilantes y la Oficina de Gerencia y
de Permisos, así como su antecesora la Administración de Reglamentos y
Permisos, por construir verjas en la ZMT y obstruir accesos a la playa.
Entre 2018 a 2023, vecinos de Islote presentaron ante el DRNA al menos otras seis
querellas por presuntas violaciones ambientales en las propiedades de esta familia,
pero los vigilantes asignados solicitaron su archivo tras alegar que al pasar por el
área no notaron ninguna de las actividades ilegales denunciadas.
La secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega dijo al CPI que no todas las
querellas que se presentan ante el Cuerpo de Vigilantes, como las de los vecinos de
Islote contra la familia Abreu Valentín, tienen la evidencia y la información suficiente
para que se tramiten administrativamente.
El CPI identificó al menos cinco alojamientos a corto plazo de la familia Abreu
Valentín en Islote: Ventana al Atlántico Boutique Hotel at Arecibo 681 Ocean Drive,
Casita del Mar Oceanfront Romantic Retreat, Toque al Atlántico, Casita Familiar con
Vista al Mar y Piscina y Discovery Inn & Suites at 681 Ocean Drive. Al menos cuatro
de estas estructuras están en la ZMT. El CPI no encontró titularidad para la mayoría
ni en el Registro Inmobiliario Digital de Puerto Rico ni en el Centro de Recaudación
de Ingresos Municipales (CRIM).
La Compañía de Turismo de Puerto Rico tampoco proveyó el nombre de las
propiedades de alquiler a corto plazo registradas, así como sus propietarios y
direcciones físicas, para conocer la dimensión de este problema. Solo indicó que en
sus registros hay 63 propiedades como alquiler a corto plazo en todo Arecibo. El 21
de noviembre el CPI demandó a la agencia para que entregue la información
completa.
Según Colón Pérez, “no todas estas propiedades cuentan con un sistema de pozo
muro o pozo séptico y tiran el agua [residual] al mar”. El CPI encontró comentarios
en la página Bookings.com, utilizada para promocionar alquileres a corto plazo, en
los que algunos huéspedes relataron que dos de estas estructuras descargan sus
aguas residuales a la playa.
La oficial de prensa de la AAA, Nathalia Colón Cosmé, indicó que no existe
alcantarillado sanitario desde el kilómetro 5.3 de la PR-681, por lo que los residentes
deben tener pozo séptico. Aseguró que no le compete a la AAA corroborar que los
clientes tengan un pozo séptico. Dijo que eso sería de la jurisdicción de la Agencia
federal de Protección Ambiental, el DRNA y la Junta de Calidad Ambiental, que
ahora está bajo el DRNA.
Asegura que le “cedió” la vivienda
La manera en que el doctor Abreu Valentín tomó posesión de la casa de Serrano De
Jesús, en Islote, no está clara, como tampoco están claras acciones similares de
miembros de su familia quienes tienen o han tenido litigios civiles o querellas
policiales por acciones comparables.
El médico aseguró en una vista judicial en Arecibo que Serrano De Jesús le cedió la
propiedad luego de que, en 2017, la refirió al DF porque entendía que la mujer,
quien vivía sola, no debía permanecer en la casa que se afectó por el huracán
María. Como única presunta evidencia tiene un afidávit con fecha de abril de 2022
en la que no aparece por ninguna parte la firma de la dueña de la casa.
El documento con el que Roberto Abreu Valentín dice ser dueño del inmueble es
una declaración jurada de él mismo en la que afirma que en el 2017 adquirió la
propiedad inmueble de parte de Serrano De Jesús, según admitió el propio galeno
en una vista judicial celebrada en diciembre de 2022 en Arecibo por un incidente
que tuvo con un vecino cuando levantó una verja de cemento en el patio de la casa
de Serrano De Jesús. La testigo que aparece en esa declaración jurada es Yelena
Montalvo González, quien figura como incorporadora de varias entidades
corporativas de la familia Abreu Valentín y ha servido de testigo a favor de la familia
Abreu Valentín en otros pleitos judiciales.
Carmen Serrano De Jesus
Carmen Serrano De Jesús, quien murió el año pasado, perdió el acceso a su casa,
en el barrio Islote, desde el 2017.
Foto suministrada
En el Centro Judicial de Arecibo, el médico sostuvo que no pagó por la residencia,
sino que invirtió en algunas reparaciones a la estructura. Dijo que conocía a la mujer
porque en algún momento fue su paciente y tanto él como su hermano, Ángel AbreuValentín, en ocasiones, le llevaban comida. El DF corroboró que Serrano De Jesús
fue removida de su casa y trasladada a un hogar de envejecientes, pero rechazó
proveer el nombre de la persona que inició la querella que dio paso a la remoción.
En la vista judicial, el médico dijo que hizo ese arreglo de traspaso de la casa con
Serrano De Jesús alrededor de tres semanas después del azote del huracán María
y que incluso se la llevó a vivir a uno de sus apartamentos. El CPI supo que para
esa fecha miembros de la fiscalía de Arecibo trabajaron como voluntarios en la
reparación provisional del techo de la casa y le donaron materiales.
Al menos dos fuentes del CPI que conocieron a Serrano De Jesús, pero quisieron
permanecer en el anonimato, sostuvieron que el deseo de la mujer era salir del
hogar de ancianos donde la recluyeron en Lares y retornar a su residencia en
Arecibo.
Roberto Abreu Valentín no respondió a varias llamadas del CPI para escuchar su
versión de la controversia.
Envejeciente defiende su titularidad
Olga Román Rodríguez tiene 82 años de edad y también es residente de Islote.
Desde el 2021, cuando regresó a Puerto Rico luego de permanecer un año y medio
en casa de su hijo en Estados Unidos por razón de salud, persiste en una lucha
para dejar claro que la residencia donde vive hace décadas es suya.
Tras regresar a Puerto Rico para vender su casa, su tasador le informó que la
parcela – que está en la zona costanera y colinda con la zona marítimo terrestre –
no estaba registrada a su nombre en el CRIM, sino a nombre de Gladys Imar Abreu
Valentín, hermana de Roberto y Ángel Abreu Valentín, y quien tenía una casa al
lado suyo que operaba como Casita del Mar Oceanfront Retreat, un negocio de
alquiler a corto plazo.
Esta noticia sorprendió a Román Rodríguez porque su vivienda había sido de su
fenecido padre y le compró la participación de la herencia a su madrastra y a sus
dos hermanas en 1991 por $6,000.
“En las escrituras que tengo sale a mi nombre”, dijo Román Rodríguez, quien mostró
la escrituras al CPI.
En una ocasión, inclusive, mientras ampliaba su vivienda, Gladys Imar entró a
advertirle que no le construyera “ni un cuarto más”. Este proceder alarmó a Román
Rodríguez porque la casa, por dos generaciones, ha sido de su familia.
Cuando Román Rodríguez presentó los hallazgos del tasador en la Oficina Regional
del CRIM, en Arecibo, le recomendaron que solicitara un expediente de dominio de
la propiedad, que es una acción judicial que busca declarar a una persona dueña
oficialmente de la propiedad. Román Rodríguez contrató servicios legales para
iniciar ese proceso.
El director auxiliar de Servicios Operacionales del CRIM, Edwin Joel Hernández,
explicó que en esta parcela hay dos estructuras distintas – la de Olga y la de Gladys
Imar –, pero no existe un plano de propiedad para asignarles números de catastro
por separado. La parcela no está segregada para fines contributivos y solo aparece
Gladys Imar como dueña.
Hernández dijo que Gladys Imar Abreu presentó una solicitud de cambio de dueño
ante el CRIM en 2016 para registrar a su nombre la propiedad. Le asignaron un
catastro preliminar en el que, para fines contributivos, figura ella como la dueña de
la parcela completa en la que está su negocio de alquiler a corto plazo, la casa de
Román Rodríguez y una iglesia colindante.
“Nosotros dependemos del contribuyente para que actualice la información”,
destacó Hernández.
Según Hernández, la controversia sobre quién es la dueña de la propiedad para
propósitos del CRIM se resuelve por medio de un plano de propiedad para entonces
proceder a la segregación del terreno para fines contributivos. Abreu no ha
presentado ningún plano y Román Rodríguez busca aclarar que es dueña de su
casa por medio del expediente de dominio por recomendación de la oficina del
CRIM en Arecibo.
De acuerdo con la solicitud de cambio de dueño que hizo Gladys Imar, la casa en la
que opera el negocio Casita del Mar Oceanfront Retreat la obtuvo mediante
usufructo con José Corchado Velázquez, incorporador de AVINPRO, una
corporación de la que su madre, Irma Valentín, es presidenta. En el CRIM no hay
datos de quién vendió la propiedad a AVINPRO.
El CPI contactó a Gladys Imar para conocer su versión sobre las denuncias, sin
embargo, tan pronto respondió enganchó la llamada.
Usurpan viviendas también en Manatí
Esta no es la primera vez que un integrante de la familia Abreu Valentín está
involucrado en una controversia sobre titularidad de inmuebles. El 22 de septiembre
de 2021, Miyanil Hernández Meléndez tuvo que acudir al tribunal en una demanda
para lograr que Gladys Yamir Abreu Valentín, otra hija de Irma Valentín, desocupara
una casa de su propiedad que la mujer invadió.
Aunque Hernández Meléndez tenía la escritura de la casa y estaba al día en los
pagos de la hipoteca, un día observó que alguien limpiaba y pintaba su residencia
en desuso en el barrio Tierras Nuevas Saliente, en Manatí. Según se desprende del
expediente judicial, Gladys Yamir Abreu se negó a cesar de entrar a la propiedad y
le porfió a Hernández Meléndez que estaba en proceso de adquirir la casa. A pocos
kilómetros de allí, Gladys Yamir Abreu Valentín administra Manatí World Point Inn,
una propiedad que alquila a corto plazo.
La empresaria le envió mensajes de texto a Hernández Meléndez, que fueron
presentados como evidencia en el tribunal, en los que decía que esa propiedad era
un escombro y que se la devolvería si le pagaba lo invertido por ella.
El 4 de noviembre de 2021 la jueza superior María A. González Cardona falló a
favor de Hernández Meléndez y ordenó a Gladys Yamir Abreu a salir de la
propiedad.
Gladys Yamir Abreu describió la ocupación de propiedades como un negocio para
su familia en el cual se limpian aparentes estorbos públicos, y si no aparecen los
dueños, las hacen suyas.
“Por eso nosotros tenemos éxito”, puntualizó.
Vecino defiende su propiedad en el tribunal
El mecánico Carlos William Olmo Maldonado también lleva un pleito similar contra
otro miembro de la familia Abreu Valentín. El arecibeño — que por razones de
trabajo reside en Connecticut — viajó a Puerto Rico, en 2022, para reparar daños en
una propiedad que alega es suya y que se afectó con el huracán María. La
pertenencia de esa propiedad la defiende en el Tribunal.
Esta propiedad también se encuentra en un litigio en los tribunales pues un miembro
de la familia Abreu Valentín alega que la compró.
Foto suministrada
En la demanda señala que mientras pintaba la casa, que está prácticamente
destruida, y recogía los alrededores junto a sus dos hijos, una persona se le acercó
para advertirle que estaba a cargo de la residencia por orden de su propietario,
Ángel Abreu Valentín.
Olmo Maldonado no podía creer lo que escuchaba porque alega que hace más de
dos décadas que sus familiares le donaron la vivienda tras el deceso de su abuelo
en la década del 90.
Afirma, en la demanda, que su familia ha tenido posesión del inmueble, ubicado en
la ZMT, durante años. Según la demanda Olmo Maldonado vivió y arrendó la
propiedad por años sin que nadie le cuestionara que era su dueño.
En cambio, Ángel Abreu Valentín sostiene que dos primos de Olmo Maldonado —
quienes viven fuera de Puerto Rico — le vendieron la propiedad y que es poseedor
de una escritura de compraventa. En 2022, Olmo Maldonado demandó a Ángel
Abreu Valentín para aclarar el dominio de la propiedad. El caso aún se dilucida en la
corte y aunque Abreu Valentín solicitó la desestimación alegando que la
reclamación de Olmo no requería un remedio, el juez Santiago Cordero Osorio no le
dio paso y señaló una vista para el 10 de enero.
“Además de los requisitos y faltas notariales de que adolece la referida escritura,
esta parte entiende y alega que la misma es insuficiente como cuestión de derecho
para trasladar el dominio y para derrotar el carácter de dueño de la parte
demandante, Carlos William Olmo Maldonado, quien ha poseído desde 1995 en
carácter de dueño, quieta, pública y pacíficamente hasta la fecha en que se intenta
interrumpir su posesión con un acto ilegal de mala fe, consumado con la referida
escritura”, lee la demanda.
Residente de Islote bajo guardia
Scott William Teuber presentó una querella en 2023 ante la Policía contra Ángel
Abreu Valentín por presuntamente destruir y saquear su propiedad y su vehículo.
Teuber no visitaba Puerto Rico hace más de tres años cuando lo llamaron para
informarle que Ángel Abreu Valentín había tomado control de su propiedad.
Supuestamente había destruido y vaciado la casa que desde hace 11 años era de él
y de su fallecida pareja: tiró sus cuadros, sus enseres domésticos y hasta la cenizas
de la difunta desaparecieron, según alega.
Narró que, cuando viajó a la isla para presentar la querella ante las autoridades,
abrió su casa y encontró escombros en todas partes. La pintura se había
desprendido de las paredes por trabajos de construcción en su propiedad sin su
autorización. El automóvil tampoco estaba en la marquesina.
A pesar de que los propios agentes policiales observaron a Ángel Abreu conducir el
vehículo de Teuber, según se desprende del informe de incidentes de la Policía,
ninguno de los cargos en su contra por hurto de auto, allanamiento o escalamiento
de morada y conducir un vehículo hurtado prosperó.
“El juez no tan solo decidió que no había evidencia para acusarlo por robar el carro,
sino por guiar un carro hurtado, aún cuando ocho agentes de la policía lo
observaron mientras lo conducía”, lamentó William Teuber. “Luego el fiscal decidió
que no iban a seguir adelante para procesarlo”.
Teuber adelantó que demandará a Ángel Abreu por daños a su propiedad y a su
vehículo.
Scott William Teuber
Scott William Teuber presentó una querella ante la Policía contra Ángel Abreu
Valentín.
Foto por Luis Joel Méndez González | Centro de Periodismo Investigativo
Ángel Abreu también fue demandado en el 2019 por haber dividido para alquiler a
corto plazo un apartamento que rentaba en la calle Hoare, en Miramar.
“[Ángel Abreu] dividió el apartamento del segundo piso en pequeños apartamentos y
los renta bajo el sistema de Airbnb, cuya promoción aparece con el nombre de
“MIRAMAR VILLAGE LODGE HOTEL BOUTIQUE” ubicado en la Calle Hoare”,
señala la demanda. “Cobrando una renta de $179.00 por noche, actualmente
administra cuatro (4) apartamentos, sin ser heredero, y no tenemos conocimiento de
por qué razón los administra, ni quién le otorgó permiso alguno para eso”, añade la
demanda.
En su contestación a la demanda, Ángel Abreu aceptó que mantenía una actividad
comercial en el apartamento que alquiló, pero alegó que era de conocimiento del
encargado del edificio quien no había presentado reparos. La demanda fue retirada,
en 2021, a petición de los demandantes.
Ángel, Gladys Imar y Gladys Nally Abreu Valentín enfrentan, además, una demanda
que presentó el Consejo de Titulares del Condominio Oceanía Apartments, también
en el barrio Islote, contra ellos y otros propietarios por alquilar sus apartamentos a
corto plazo cuando el reglamento alegadamente “prohíbe los alquileres de las
unidades de apartamentos por un término menor de seis meses”.
Municipio dice que no tiene querellas
Hace nueve meses, el alcalde Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, se reunió con la
comunidad del barrio Islote para escuchar sus inquietudes. Rivera Román se
presentó para denunciar múltiples pleitos de obstrucción de accesos públicos a la
playa, de los que, según ha documentado, Roberto Abreu e Irma Valentín también
han sido parte.
El alcalde de Arecibo la refirió a Leslie Orama Ríos, entonces directora de la Oficina
de Planificación, Ordenación Territorial y Desarrollo Económico de Arecibo, sobre el
asunto de los accesos públicos a la playa. Sin embargo, la planificadora nunca
atendió la preocupación de la líder de VEREDAS, según dijo Rivera Román al CPI.
Génesis Valentín, en representación de la Oficina de Planificación de Arecibo,
explicó al CPI que el municipio no puede actuar ante las denuncias de los residentes
de Islote contra la familia Abreu Valentín mientras no reciban una querella formal.
“Hemos obtenido señalamientos de los residentes de la zona en cuanto a esto, pero
formalmente no ha llegado ninguna querella o ningún ciudadano quejándose”, indicó
Valentín.
“Yo conozco personalmente, fuera del trabajo, muchos de los casos porque me
paso pendiente a estas disputas de la zona marítimo terrestre”, reconoció.
Vanessa Colón Almenas colaboró en este reportaje.
