La Comisión de Impacto Comunitario, presidida por la representante Lydia Méndez Silva celebró una vista pública sobre la Resolución de la Cámara 669, que busca investigar el cierre de varios servicios ofrecidos en el Centro de Rehabilitación Vocacional (Centro) ubicado en el Complejo del Centro Médico en Río Piedras.
La pieza legislativa además persigue indagar sobre las condiciones de la
infraestructura, equipo y personal disponible para ofrecer estos servicios e investigar
las transacciones, contratos y manejo del presupuesto asignado al Centro.
“El Centro se encuentra en una crisis donde la Administración de Rehabilitación
Vocacional no ha podido establecer una regla de arrendamiento con la Administración
de Servicios Médicos (ASEM), lo que ha provocado que se afecten los servicios
ofrecidos para la población con impedimentos. No podemos olvidar que los
impedimentos son una parte natural de la experiencia humana y en ninguna forma
disminuye el derecho de vivir independientemente y ser capaces de realizar su vida con
éxito”, sostuvo Méndez Silva.
A la audiencia pública compareció el presidente de la Coalición Amplia de Diversidad
Funcional por la Igualdad, David Figueroa Betancourt, quien solicitó a la Comisión
cameral que se investigue a dónde han ido a parar los fondos federales que han sido
reducidos del presupuesto, debido a que en el pasado alcanzó una cifra de $100
millones, y en la actualidad el Centro recibe $66 millones de dólares.
“No se dejen engañar, no hay que ir a la universidad para saber que es más costo
efectivo tener a las personas con impedimentos integradas en la fuerza laboral que
tenerlos en sus casas siendo dependientes del Gobierno y, en muchos casos,
muriendo por no haber recibido los servicios adecuados de la Administración de
Rehabilitación Vocacional (ARV)”, planteó Figueroa Betancourt.
El también galeno indicó que su organización ha recibido quejas de personas que
informaron que no podían recibir los servicios en el Centro. “Nuestra organización
solicitó una vista ocular a la legislatura la cual fue realizada, pero a la fecha de hoy, no
hemos tenido respuesta ni acciones para resolver el problema”.
Ante esto, la vicepresidenta cameral, Méndez Silva adelantó que la Comisión tiene una
fecha pautada para visitar el Centro. “Ya tenemos fecha para realizar una visita ocular
al Centro, y conocer de primer orden si verdaderamente se ha deteriorado lo que con
tanto sacrificio se construyó”, apuntó.
Por su parte, el doctor Luis Cotto Ibarra mencionó que en el 2004 la ARV implantó una
nueva estructura organizacional en la que se cambió el nombre del Centro a Centro de
Avaluación y Ajuste (CAA). Además, se cambiaron los títulos de los puestos de los
profesionales de la salud y seguidamente se cerraron las áreas de hospedajes y los
servicios de restauración física fueron limitados a los casos ya admitidos a los mismos.
“Las facilidades fueron entregadas para que el edificio fuera destruido para que se
construya el Centro Comprensivo de Cáncer. Estas decisiones se tomaron sin el debido
proceso de ley que requiere la Ley Pública Federal de Rehabilitación Vocacional”,
sostuvo el galeno, quien agregó que tampoco fueron informadas en el Plan Estatal que
la ARV sometió a la Administración de Servicios de Rehabilitación.
Cotto Ibarra indicó que la persona a cargo durante estos hechos fue María Rosa
Iturregui.
Al finalizar, la legisladora Méndez Silva recalcó que la población con impedimentos
merece una vida digna y deben de tener todos los recursos necesarios. “Esta servidora
siempre defenderá los derechos de las personas que sí necesitan, no importa el
Gobierno que sea. La política política debe de ser cónsona con la necesidad de la
gente”, puntualizó.
