Imagen de residencia abandonada y colapsada tras los terremotos del 2020. Foto por: Gabriela Carrasquillo Piñeiro | Centro de Periodismo Investigativo
Por Gabriela Carrasquillo Piñeiro | Centro de Periodismo Investigativo
Son las once de la mañana y Manuel Román, con su cuerpo y rostro envueltos en camisetas para protegerse del sol, culmina su jornada de pesca que inició a las seis en la Bahía de Guánica, al sur de Puerto Rico.
La pestilencia que emana de la bahía es insoportable en este lado de la costa, y aunque son diversos los factores que contribuyeron a su contaminación, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) investiga desde 2018 la presencia de un químico que se ha identificado en esas aguas a niveles que representan riesgo a la salud de la comunidad y el ambiente. Se trata de los bifenilos policlorados (PCBs, en inglés), una sustancia que solía ser utilizada comúnmente como lubricante en transformadores eléctricos y que fue prohibida por la EPA en 1979.
A pesar de que desde el 2020 la EPA sabía que la zona contaminada de la bahía es utilizada por residentes para el consumo de mariscos, la División del Caribe de la EPA, que maneja la respuesta del caso, negó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) durante siete meses que esta actividad en efecto estuviera ocurriendo. Pero, en expresiones días antes de la publicación de esta investigación, que se puede leer completa en www.periodismoinvestigativo.com, la agencia aceptó que erró al asumir que no se están consumiendo pescados de la bahía.
“Reconocemos la confusión sobre el consumo de pescado de la Bahía de Guánica por parte de los pescadores recreativos. Las referencias anteriores hechas por la EPA, que sugieren que la comunidad no consume pescado de la bahía, pueden haberse originado de anécdotas ofrecidas por fuentes locales”, dijo la agencia a preguntas del CPI. “La EPA aconseja al público que tenga cuidado al considerar el consumo de pescados y cangrejos de la Bahía de Guánica. Estamos trabajando activamente para abordar estas preocupaciones y garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades locales”, añadieron por medio escrito sin detallar qué medidas concretas están tomando.
Al momento, los gobiernos, local y el federal, aún no han alertado al público ni han prohibido la pesca en el lugar que es visitado por pescadores y visitantes de distintas partes del archipiélago. La EPA dice que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Departamento de Salud son las agencias que podrían intervenir de manera preventiva, mientras el DRNA dice que no ha tomado acción, porque la EPA es la que tiene el control de todo el proceso.
Según los Centros para Control de Enfermedades (CDC) y la misma EPA se ha identificado que una exposición prolongada a altas concentraciones de los PCBs podría causar algunas condiciones — inclusive cáncer — de la piel, del hígado; impacto en el sistema inmune, afectar el desarrollo cognitivo de la niñez y durante el embarazo. Resaltan que aún hace falta más estudios sobre los efectos de los PCBs en la salud humana.
El químico con potencial cancerígeno fue reportado desde 1998 en Guánica por la Junta de Calidad Ambiental (JCA) en los terrenos donde operó una de las fábricas de fertilizantes de Ochoa Fertilizer, cerca de residencias en la Barriada Esperanza y en la bahía. Los gobiernos, local y federal, tardaron 20 años en investigar el caso y alertar a las comunidades.
En 2018, la EPA confirmó la presencia del químico en el 43% de los patios de las casas y negocios incluidos en su muestra en la Barriada, y en el 2022 incluyó a la histórica fábrica en la lista de prioridades nacionales de su programa de limpieza de terrenos conocido como Superfondo. En marzo de este año, la empresa W.R. Grace, dueña del terreno, llegó a un acuerdo para pagar $10 millones por la limpieza. Los trabajos aún no comienzan, según vecinos entrevistados. A preguntas del CPI, la agencia indicó que comenzará a principios de enero. Mientras se realiza la limpieza, catalogada como una de emergencia por la misma EPA, el trabajo de investigación que se extendería a la bahía está en pausa.
La EPA sostuvo que, a pesar de que los hallazgos de otras investigaciones científicas sobre el contaminante en este cuerpo de agua fueron la razón por la que entraron a investigar la zona, no pueden tomar ninguna acción preventiva hasta que termine su propia investigación.
Por su parte, la Agencia federal de Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR, en inglés), una dependencia afiliada al Departamento de Salud federal, sí tiene una investigación en curso sobre los riesgos que existen a la salud pública que incluye las aguas de la zona, pero no tiene estimado de la fecha de conclusión.
La directora de la división del Caribe de la EPA, Carmen Guerrero, sostiene que su agencia no puede tomar medidas de prevención en la bahía a menos que ATSDR lo recomiende.
“Si supiéramos que hay algún riesgo inminente o algún peligro para la comunidad, esas medidas preventivas se estarían llevando a cabo. No es necesario que formen parte de un documento para que yo diga: ‘EPA, tienes que detener esto y evitar esta exposición’, dijo por su parte el toxicólogo que lidera la investigación de Salud federal, Luis Rivera González.
Atrasada la limpieza de los terrenos contaminados
A más de un año de haber incluido en la Lista de Prioridades Nacionales de su programa Superfondo a la empresa Ochoa Fertilizer, la limpieza de los terrenos contaminados en la Barriada Esperanza en Guánica aún no ha comenzado.
La EPA, que coordina la limpieza, había estimado que los trabajos iniciarían en julio de este año y ha continuado postergando l
a fecha de comienzo, según también halló esta investigación CPI.
La fecha más reciente que ofreció la agencia es enero de 2024 para la descontaminación de los patios de 19 propiedades en la barriada.
Parte de esta comunidad, una de las más afectadas por los terremotos del 2020, lleva más de tres décadas contaminada por PCBsy otras sustancias como resultado de la actividad industrial en la zona. Según datos de Estudios Técnicos publicados en febrero de 2023, el 44% de las residencias de la barriada estaban vacantes o subutilizadas. En sus calles aún permanecen las casas que colapsaron hace cuatro años, hay escombros sobre los que crece una capa de vegetación e impera un silencio sepulcral gran parte del tiempo. Guánica es el pueblo con uno de los niveles de pobreza más alto en Puerto Rico, y el que más ha perdido población durante los pasados 10 años.
El 29 de marzo de este año, la EPA llegó a un acuerdo con la multinacional W.R. Grace, dueña actual del terreno desde donde migraron los PCBs y otros contaminantes mediante las aguas pluviales. Según el acuerdo, la empresa aportará $10 millones para remover los terrenos contaminados e investigará qué otras áreas fueron afectadas. De ser necesario, también tomará medidas de control de escorrentías en un plazo de un año, periodo que comenzó a correr desde el 7 de diciembre.
Esta investigación es resultado de una beca otorgada por el Instituto de Formación Periodística del CPI y fue posible en parte gracias al apoyo de Para la Naturaleza. Puede leerse completa en www.periodismoinvestigativo.com.
