A un mes del cierre financiero de la alianza público privada de los terminales de cruceros, el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá Batiz, adelantó a la Cámara de Representantes que el primer informe de fiscalización sobre el contrato estará listo en abril.
El funcionario informó en una vista pública de la Comisión de Desarrollo Económico
que desde el pasado 14 de febrero la agencia ha realizado cuatro reuniones de
fiscalización con la empresa San Juan Cruise Port, una subsidiaria de Global Ports
Holding (GPH) que recibió el contrato a 30 años por parte de la Autoridad para las
Alianzas Público-Privadas (AAPP) para reparar y expandir los muelles de cruceros.
“Son tres tipos de proyectos de construcción, así que el informe sí va a tener una
sección específicamente para medir el avance de los proyectos de infraestructura.
También medir el avance de la relación comercial que están teniendo con los
stakeholders en la industria en Puerto Rico”, indicó el licenciado, mientras anticipó que
abril igualmente sucederá la primera reunión con las líneas de cruceros.
Pizá Batiz aseguró a preguntas de los legisladores que la concesión del acuerdo en
Puerto Rico es el “más restrictivo” entre los 28 países que GPH mantiene operaciones.
Las limitaciones más significativas se encuentran en los posibles aumentos tarifarios en
el futuro, dijo el director ejecutivo.
Según el funcionario, la Autoridad de los Puertos tiene que aprobar todo aumento
tarifario y solo pueden entrar en vigor luego de cumplirse dos años del cierre financiero,
con excepción de aquellos que ya estaban contemplados en el contrato y que están
atados a un ajuste por inflación.
“Como regla general, hay un gran rol del gobierno para lo que es el aumento de tarifas”,
afirmó Pizá Batiz. “El contrato establece que cuando Puertos va a revisar las tarifas hay
unos principios para que Puertos pueda verificar la razonabilidad de esas tarifas”.
Entre esos criterios, detalló que la empresa no desplace comerciantes locales; que
sean tarifas “relativamente razonables” en comparación con otros puertos; que no
incentive una estructura de monopolio; y que no lacere la relación con las líneas de
cruceros.
Además, explicó que el acuerdo dispone que San Juan Cruise Port nunca será el
accionista mayoritario para el ofrecimiento de otros servicios, como recogido de basura
o procesos de check-in, debido a que su función principal es operar el puerto. Es decir,
el accionista mayoritario siempre será una empresa local.
El director ejecutivo precisó que la primera etapa del proyecto consistirá en modernizar
los terminales existentes, por lo que el próximo mayo “debe haber movimiento” en el
Muelle Panamericano 2. Para mayo de 2026 debe estar culminada esta primera etapa
que contará con una inversión por parte de la subsidiaria de alrededor de $80 millones.
Con el cierre financiero de la transacción, San Juan Cruise Port inició operaciones
formalmente sobre los Muelles 1, 3, 4, 11, 12 y 13; así como los Muelles
Panamericanos 1 y 2.
Rol de la AFICA
La AAPP detalló en una ponencia compartida con la Autoridad de Asesoría Financiera
y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) que la Autoridad de Puerto Rico para el
Financiamiento de Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas, Médicas y de
Control Ambiental (AFICA) tramitó la emisión de $187 millones en bonos de renta de
muelles para financiar, en parte, las reparaciones sustanciales, mejoras y nuevas
construcciones en los terminales 1 y 2 del Panamericano.
El licenciado Ernesto Rivera Umpierre, en representación de la AAPP, resaltó que los
bonos de AFICA fueron autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y
recibieron una calificación “con perspectiva estable” (BBB) por parte de la agencia
crediticia Standard & Poor’s.
“Algunas de las fortalezas crediticias atribuidas a los bonos AFICA incluyen la
reputación demostrada de San Juan y su fuerte demanda entre los pasajeros de
cruceros y la industria de cruceros”, comentó Rivera Umpierre.
“Resaltamos que el pago de los bonos de AFICA es una deuda del concesionario
exclusivamente y no constituye deuda del gobierno ni de ninguna de sus agencias,
corporaciones o instrumentalidades públicas”, abundó el funcionario.
