“Es decepcionante y frustrante, que el Pueblo de Puerto Rico pague millones de dólares para que agencias fiscalizadoras del gobierno que vienen llamadas a hacer valer sus propias leyes y eviten el uso de fondos públicos para adelantar causas políticas, claudiquen a sus responsabilidades y cedan a los caprichos del gobernante.
Aunque en su Determinación, la Oficina del Contralor Electoral, descartó los planteamientos de poca relevancia del PNP y de la Oficina del Gobernador para desestimar la querella del PPD, se declaró a sí misma, sin jurisdicción para atender nuestro reclamo en este momento.
Tanto la Oficina de la Contralor de Puerto Rico, así como la Oficina del Contralor Electoral, administran leyes vinculadas a evitar el uso de fondos públicos para fines privados.
La Contralor de Puerto Rico logró determinar en una comunicación reciente a la Comisionada Electoral del PPD, Lcda. Karla Angleró, que “en la situación planteada, la frase haciendo que las cosas pasen complementa la expresión voy a hacer que las cosas pasen. Lo que hubo fue un cambio en los tiempos verbales, pero la esencia de ambas es la misma. Si bien no es el mismo lema, al analizarlos de forma integrada se puede deducir que la intención de la frase haciendo que las cosas pasen es resaltar el cumplimiento con una promesa político partidista -voy a hacer que las cosas pasen- como un logro a futuro”.
Mientras que la Oficina del Contralor Electoral, recordó en su Determinación la jurisprudencia fijada en PPD vs Gobernador, a los fines de que “… la Asamblea Constituyente atendió la preocupación del mal uso gubernamental de fondos públicos durante todo el cuatrienio”.
Es una contradicción insalvable que estas agencias estén esperando por la acción de otra agencia o de los tribunales, para hacer una determinación de uso ilegal de fondos públicos para un partido político o un candidato.
Ninguna de estas agencias tiene ahora el carácter moral, si otros jefes de agencias, incluyendo alcaldes, quienes administran millones de dólares, deciden emular al gobernador antes de la veda electoral. Cualquiera de los alcaldes podría pautar anuncios de autobombo, y buscar su reelección con fondos públicos sin ningún tipo de control.
Tanto la Oficina de la Contralor como la del Contralor Electoral, sentaron un nefasto precedente de impunidad ante los ojos de los contribuyentes.
Ambas prefirieron dejar en manos de los tribunales, la determinación de lo que resulta más que obvio para todos los puertorriqueños: El uso de millones de fondos públicos para una campaña publicitaria con el fin de ayudar a la reelección del gobernador y del PNP. Hasta la Comisionada Residente Jennifer González se le hizo fácil llegar a esa conclusión.
El PPD hará valer la Constitución en los tribunales, para que el PNP no se salga con la suya”.
