Por: Dr. Edgar León
En Puerto Rico, como en muchas otras partes del mundo, la contratación de exsenadores y representantes en puestos de altos salarios en agencias de gobierno y hospitales mentales sin las credenciales adecuadas, se ha convertido en una práctica alarmante que socava la calidad de los servicios ofrecidos y la integridad de las instituciones. Este artículo arroja luz sobre el peligro inherente de esta tendencia y plantea preguntas cruciales sobre quiénes son los responsables, por qué no se investiga y corrige el problema, y por qué el Departamento de Salud permite esta práctica ilegal.
- La falta de idoneidad profesional
La contratación de exsenadores y representantes para puestos de alta responsabilidad en agencias de gobierno y hospitales mentales suele carecer de una base de idoneidad profesional sólida. Estos individuos, aunque puedan tener experiencia política, a menudo no tienen las credenciales necesarias para gestionar servicios de salud mental o dirigir agencias gubernamentales de manera efectiva. Esto pone en peligro la calidad de la atención y la toma de decisiones basadas en evidencia. - El impacto en la atención al paciente
La falta de experiencia y conocimientos en el campo de la salud mental puede afectar significativamente la atención que se brinda a los pacientes en hospitales mentales. La política partidista y las agendas personales pueden prevalecer sobre el bienestar de los pacientes, lo que puede resultar en decisiones perjudiciales para su tratamiento y recuperación. - El abandono de las instituciones
Muchos ex senadores y representantes ven estos cargos como oportunidades temporales para mantenerse en la nómina del gobierno tras dejar la política activa. Esta falta de compromiso real con la misión y los objetivos de las instituciones puede llevar al abandono de sus responsabilidades, perjudicando así la eficacia de las organizaciones y el servicio a la comunidad. - Falta de transparencia y rendición de cuentas
La contratación de expolíticos en puestos de alto salario también puede dar lugar a falta de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno. Estos individuos, a menudo con conexiones políticas poderosas, pueden estar menos dispuestos a ser escrutados por la prensa o el público, lo que dificulta la identificación de malas prácticas o la corrección de problemas.
¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué no se investiga y corrige el problema?
La responsabilidad recae en quienes toman decisiones de contratación y en las agencias gubernamentales que permiten esta práctica. Los ciudadanos también tienen un papel importante en la rendición de cuentas, exigiendo transparencia y haciendo preguntas sobre las contrataciones inapropiadas.
¿Por qué el Departamento de Salud permite esta práctica ilegal de contrataciones?
Esta pregunta es esencial para abordar el problema. El Departamento de Salud tiene la responsabilidad de garantizar que los hospitales mentales y otros proveedores de servicios de salud cumplan con los estándares necesarios. Si permite la contratación de personal sin las credenciales adecuadas, pone en riesgo la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.
En cuanto a la situación en Puerto Rico, se han reportado casos en medios locales que resaltan estas preocupaciones, y es importante que la sociedad civil y los medios de comunicación continúen investigando y denunciando estas prácticas para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en el gobierno y los servicios de salud mental en la isla.
