Un estudio realizado por el catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el doctor José Alameda, para la Asociación de Jubilados del Sistema de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) analizó los efectos del ‘legacy charge’ que intenta imponer la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) como parte del ajuste de la deuda.
“El estudio realizado reveló que el aumento provocará un grave daño en el nivel de empleo, lo que podría estimarse en una reducción de un siete a un 11 por ciento en el crecimiento de la economía”, explicó el doctor Alameda.
De acuerdo con el economista este aumento de la tarifa residencial no forma parte de los costos de operación de la AEE, sino que será un aumento de 0.02 centavos más y 2.4 centavos adicionales para pagar las pensiones del sistema de retiro, lo que representará un aumento aproximado de 0.05 centavos en la tarifa entre ambos cargos.
“Dicho aumento generará un daño colateral significativo en la economía de Puerto Rico, ya que la JSF sigue pensando que quienes deben pagar por esta deuda son las industrias, comerciantes y residentes, ya que ni el gobierno y los municipios tendrán que asumir este aumento, a pesar de que deben continuar pagando por el servicio”, señaló el Catedrático de la UPR.
Para Alameda este aumento será como “una espina dentro del zapato” de los puertorriqueños, ya que el pago será relativamente alto. “Por esta razón, le pedimos a la JSF y la jueza Taylor, mediante una carta abierta, que reduzca más el pago a los bonistas, ya que los nuevos cargos propuestos resultan insostenibles para el país y causarán un enorme daño en la posibilidad de recuperación de la economía de Puerto Rico”, dijo.
Como parte de las alternativas para pagar la deuda, el economista recomendó, hacer uso de la herramienta legal del ‘trust agreement’ el cual establece que la AEE paga si tiene ingresos. “Actualmente, la jueza determinó que los bonos no están asegurados, por lo que la alternativa de pagar podría provenir de los ‘sinking funds’, que actualmente rondan entre 8 a 12 millones y en ese sentido la opción sería pagarles a los bonistas esta cantidad en lugar de pagar $5,400 millones”, precisó.
“La otra opción es que se negocie para reducir la deuda de $5,400 millones a $2,000 millones, ya que casi un 40 por ciento de esa deuda que se compró, ya los ‘fund holders’ originales la vendieron, por lo que si se llega a un acuerdo se podría reducir significativamente ese pago, pero la decisión está en manos de la Jueza”, detalló Alameda.
Por esta razón, el economista hizo un llamado a la jueza para que analice la información presentada por los diferentes sectores que se unieron al reclamo y que cuando tome su decisión, la realice de la forma más orientada. “Es importante recordar que la Autoridad produce un servicio esencial y es un derecho humano”, enfatizó.
“De aprobarse este aumento los puertorriqueños no podrán costear las tarifas de luz propuestas y cada día serán más los que opten por el uso de la energía renovable. El plan debe retirarse o enmendarse para recortar sustancialmente el pago propuesto a la deuda, el cual es insostenible para el pueblo”, finalizó.
