El martes, 5 de septiembre, el Tribunal de Arecibo desestimó otra solicitud de orden de acecho radicada en contra de miembros de Defendiendo la Cueva del Indio-681 (DCI-681), luego que estos denunciaron la continuación de una construcción ilegal paralizada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) localizada en la Reserva Marina Cueva del Indio en el km. 7.5 de la PR-681.
“El Tribunal le negó esta orden solicitada por el matrimonio del Sr. Francisco Sánchez Rivera y la Sra. Aileen López Díaz, quienes la solicitaron como intento de represalias en nuestra contra por denunciar su construcción ilegal en dunas de arenas de la Cueva del Indio”, explicó Lauce Colón Pérez, portavoz de DCI-681.
Los acusados fueron Colón Pérez y su señora abuela y también miembro de DCI-681, Rosaida Serrano de Jesús.
“El 1 de agosto de 2023, DRNA emitió una orden de paralización sobre la construcción ilegal luego de la radicación de una querella al Cuerpo de Vigilantes. No obstante, el 23 de septiembre esta pareja violentó esta orden con el montaje de un techo de madera sobre una base de cemento levantada en la arena de la Reserva Marina”, denunció Colón Pérez.
Colón Pérez y Serrano de Jesús se presenciaron al lugar y les exigieron a los encargados que detuvieran la construcción. Al ignorar sus reclamos, DCI-681 transmitió un Facebook Live donde denunciaron la violación a la orden de paralización y documentó la intervención del DRNA, en la cual una segunda orden de paralización fue emitida por el agente Lugo del Cuerpo de Vigilantes.
Según la querella radicada el pasado 30 de agosto, la pareja solicitó una orden de acecho bajo la Ley 284 por supuestamente “grabar en propiedad privada” a través del mencionado Facebook Live. No obstante, el Tribunal decidió que Sánchez Rivera y López Díaz carecieron de la legitimación activa para hacer esta denuncia.
“Además de estar en plena y completa violación del Reglamento 4860 del DRNA sobre el manejo de la zona marítimo terrestre, el Tribunal encontró que la pareja no era titular ni arrendataria del terreno bajo cuestión. Por consiguiente, sus reclamos a la privacidad no fueron validadas con la orden solicitada”, explicó el portavoz.
Esta es la 4ta denuncia que enfrenta Lauce Colón Pérez en los Tribunales por su activismo, con tres de estas emitidas por el privado de Caracoles Bar & Grill, usurpador principal de la Cueva del Indio.
“Es lamentable ver cómo vecinos de nuestra comunidad de Islote pretenden usar el Sistema Judicial y el Honorable Tribunal para intentar acallar nuestros reclamos por el libre acceso a la Cueva del Indio. Hoy, DCI-681 deja claro que esos reclamos jamás serán silenciados y que nuestra lucha por un plan de manejo comunitario continuará”, finalizó.
