FOTOS POR: Adrián Cruz
El Comité Asesor de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico en el área de Arecibo, junto con entidades de protección ambiental, Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDDA) y Vecinos en Rescate de Accesos y Senderos (VEREDAS), presentaron una demanda ante el Tribunal Superior contra varias agencias gubernamentales por lo que describen como un abandono sistemático de sus deberes ambientales y de accesibilidad pública a la Cueva del Indio, que ubica en el barrio Islote de dicha municipalidad.
“Durante los últimos 16 años, hemos estado batallando incansablemente para garantizar un acceso seguro y gratuito el cual promueva el disfrute, conservación, preservación y desarrollo de la Reserva Natural Cueva del Indio. Sin embargo, las autoridades gubernamentales no han cumplido con su cometido, por lo que nuestra demanda surge con el fin de instar a estas agencias a que se adhieran a su propio reglamento para la protección de este lugar”, indicó Jesús García Oyola, presidente del Comité Asesor y primer vicepresidente de la Junta de Directores de Servicios Legales de Puerto Rico.
De acuerdo con García Oyola, el mayor problema que enfrentan en la actualidad es que los terrenos que dan acceso a la Cueva del Indio, se encuentran bajo la administración del ejecutivo de ‘The American Green’, quien ha establecido una tarifa de entrada que varía entre los $10 y $35 dólares.
Sobre este particular, Wilfredo Vélez Hernández, portavoz de (SEDA), relató que el propietario fue multado por el DACO por operar un estacionamiento sin la licencia correspondiente, pero la multa fue levantada bajo la promesa de no realizar cobros. “Esta promesa fue incumplida, ya que han aumentado los precios y discriminan a los turistas extranjeros con tarifas exorbitantes”, expresó.
Por otro lado, el primer vicepresidente de la Junta de Directores de Servicios Legales de Puerto Rico, añadió que en el lugar se han reportado incidentes, al punto de que un joven resultó herido en la zona, lo que añade urgencia a la organización para una gestión segura y responsable del espacio.
Por su parte, la portavoz de VEREDAS, Cristina Rivera Román, expresó su consternación ante la situación actual del sitio histórico, resaltando que desde que fue tomado por el último dueño, la degradación del lugar ha sido palpable. “El terreno, que antes era un reflejo de nuestro patrimonio, ahora alberga vehículos tipo vans y trailers de forma permanente, causando daños que son claramente extensivos y la magnitud de lo que se está perdiendo es considerable”, declaró.
“Lo más alarmante de esta situación es que nos estamos quedando sin estos tesoros históricos, por la falta de vigilancia y acción. La gente que entra allí, dañan los petroglifos, dañan la cueva y Recursos Naturales ni ve ni oye. Este descuido no solo menoscaba el legado cultural inherente al lugar, sino que también refleja una desconexión preocupante entre las políticas de conservación y su implementación efectiva”, mencionó Vélez Hernández.
Entre las gestiones realizadas por los miembros del colectivo para buscar soluciones al problema, García Oyola, manifestó que han intentado reunirse con el alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry. “Sin embargo, llevamos tiempo esperando pacientemente por una comunicación y un encuentro con el alcalde, pero en vista de que ya hemos esperado tanto y vemos que hemos tardado en reunirnos con él, decidimos adoptar medidas más firmes”, dijo García Oyola.
El presidente del Comité Asesor de Servicios Legales de Puerto Rico, precisó que mediante la demanda presentada, buscan obligar al gobierno a restablecer el acceso a la playa e implementar un plan de conservación. “Y por eso, nosotros estamos incluyendo al alcalde en la demanda, al DRNA, al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICPR) y La Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR)”, explicó.
Según la información proporcionada por los demandantes, la Cueva del Indio fue designada por ley como Reserva Natural en el 1992, lo cual requiere que sea conservada sustancialmente en su estado natural y ser protegida como parte del patrimonio cultural y natural. Posteriormente, la ley 175-2003, requirió el diseño y la implementación de un Plan de Conservación y Desarrollo, un Plan de Acción, un plan para proteger, acondicionar, y desarrollar el área, con accesos, veredas e infraestructura para el disfrute y la educación de los visitantes.
El periódico Visión intentó obtener una declaración del alcalde de Arecibo sobre el asunto, pero no se logró una respuesta.
