La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, presidida por Jesús Santa Rodríguez, llevó a cabo esta mañana una vista pública para evaluar varias medidas presentadas, tanto por este cuerpo legislativo como por el Senado, que proponen enmiendas abarcadoras que eliminan y suspenden ciertos arbitrios recogidos en el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, conocida como la Ley 1 de 2011, así como en la Ley para el Repago de la Deuda, Reestructuración de las Financias y Operaciones, conocida como Ley 1 de 2011, y referida como “la crudita”. Esta última establece los procedimientos a seguir ante la emergencia fiscal y operacional de la Administración de Carreteras y Transporte (ACT).
Ante la Comisión depusieron Roberto E. Rivera Báez, director asociado de Area de Política Pública y Legislativa de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Angel L. Pantoja Rodríguez, subsecretario del Departamento de Hacienda y Nelson J. Pérez Méndez, subdirector de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal para Puerto Rico.
A preguntas de Santa Rodríguez sobre la viabilidad de estas medidas, Pérez Méndez señaló la falta de consistencia de estos proyectos en torno al ordenamiento fiscal y el marco jurídico aplicable, tanto estatal como bajo la ley o PROMESA. A esto, el titular de Hacienda resaltó el efecto fiscal y operacional que la aprobación de estas medidas tendrían en el funcionamiento del gobierno de Puerto Rico. Rivera Báez y Pantoja Rodríguez se hicieron eco de estas expresiones, y pormenorizaron el impacto a las finanzas públicas de ser aprobados estos proyectos.
Como dato histórico, la “crudita” surge como un nuevo impuesto sobre los productos derivados del petróleo, en respuesta a la disminución de ingresos y el aumento en costos operacionales de la ACT, buscando mejorar las carreteras y el transporte del País. De acuerdo con estas propuestas legislativas ante la consideración ante esta vista pública, al haberse alcanzado un acuerdo de Alianza Público Privada entre ACT y Abertis (Metropistas), que buscaba mejorar las carreteras de Puerto Rico y cubrir parte de la deuda, se planteó la eliminación del impuesto sobre los productos derivados del petróleo, al alegadamente haber dejado de cumplir el propósito original para su imposición. Esto buscaba mitigar el efecto del aumento en el costo de vida de los ciudadanos.
Para que estas medidas puedan ser implantadas, de ser, en teoría, aprobadas por la Asamblea Legislativa, el actual marco jurídico del gobierno requiere que la Junta de Supervisión Fiscal dé paso a las mismas. Se sabe que, ya en junio de 2022, la Junta había adelantado que el impacto negativo de una de esas medidas representaría una merma en ingresos de $533 millones anuales de todas las modalidades de las llamadas cruditas ya aprobadas.
“De un análisis de estos tres proyectos, concluimos que es necesario ser más específicos sobre qué impuestos serán eliminados, pues hay distintos tipos de “crudita”, y si su reducción o eliminación pudiera ser parcial. La propuesta del Senado, específicamente, busca eliminar todos estos impuestos y arbitrios, lo que tendría un impacto negativo de mil millones de dólares al año. Sabemos que esto no cumple con lo estatuido en la ley PROMESA, y la Junta no le dará paso”, señaló Santa Rodríguez.
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