A solo días del cierre de la sesión ordinaria, la Cámara de Representantes dio paso una medida que busca eliminar el impuesto del inventario.
El Proyecto de la Cámara 1798, de la autoría del presidente cameral, Rafael
Hernández Montañez, tiene como fin enmendar la “Ley de Contribución Municipal sobre
la Propiedad de 1991” con el propósito de fijar una metodología temporera de
tributación de la contribución sobre el renglón de inventario, por lo que busca fijar por
los próximos seis años la responsabilidad contributiva según el inventario. Al cabo de
este lapso de tiempo, el impuesto al inventario se eliminaría.
De igual forma, el estatuto incluye un periodo de congelamiento por cinco años,
cálculos distintos para negocios existentes y negocios nuevos, y propone la creación de
un grupo de siete personas con un plazo fijo para proveer recomendaciones dirigidas a
una reforma permanente.
También, la medida busca otorgar al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
(CRIM) la facultad de requerir al Departamento de Haciendo aquella información o
datos pertenecientes a los contribuyentes del CRIM, a los fines de buscar un
mecanismo que resuelva finalmente la sustitución del impuesto al inventario.
Una enmienda aprobada en el pleno cameral es que “durante este período de seis
años, el CRIM podrá llevar a cabo un análisis más amplio del futuro del impuesto al
inventario. Es por esto que se está recomendando que se fije, para los años naturales
2023 al 2028, con fechas de valoración al 1 de enero de 2024, 1 de enero de 2025, 1
de enero de 2026, 1 de enero de 2027, 1 de enero de 2028 y 1 de enero de 2029,
correspondientes para cada uno de estos años naturales, la imposición contributiva
sobre el valor del inventario, a base del valor del inventario promedio anual tributado en
la planilla de contribución de bienes muebles radicada el 15 de mayo de 2023, y de la
tasa contributiva vigente para el año fiscal 2023-2024, según publicada por el CRIM”.
Del mismo modo, la medida propone que al reestructurarse el modelo actual del
impuesto al inventario, los municipios podrían obtener acceso a $66 millones,
provenientes del Fondo de Consolidación Municipal, para financiar la operación de los
ayuntamientos. Los municipios podrán utilizar el dinero para servicios de seguridad y
protección a través de la Policía Municipal; financiar la estructura de manejo de
emergencias y administración de desastres; entrega de medicamentos y distribución de
alimentos no perecederos para envejecientes; y hasta pavimentar calles.
Dan paso a medidas dirigidas a los productores de espectáculos en Puerto Rico
De igual forma, se le dio paso al Proyecto de la Cámara 1917, de la autoría de la
representante Lisie Burgos Muñiz, para crear la “Ley para Establecer las
Clasificaciones de los Eventos, Espectáculos y Actividades Artísticas” con el fin de
disponer que todo productor, promotor, establecimiento y/u organizador de un evento,
espectáculo y/o actividad artística deberá establecer una clasificación para la admisión
y/o restricción por edad de las personas que asistirán al evento, espectáculo y/o
actividad artística, disponer la multa administrativa por cada infracción.
“Si ya existen regulaciones por edad para el contenido de las películas, la televisión y la
radio, debemos extender estas regulaciones al ámbito artístico, pues, nuestros
menores y adolescentes pueden encontrarse en eventos, espectáculos y actividades
artísticas que hieran sus sensibilidades. Esto sin contar que tenemos legislación que ya
protege a los menores en cuanto a la exposición de conducta obscena y que, se
cataloga como un delito”, dijo Burgos Muñiz.
“Esta Asamblea Legislativa tiene el deber ministerial de salvaguardar la inocencia,
seguridad y bienestar óptimo de una población sumamente vulnerable. Así, colocando
rótulos y avisos en promociones de actividades, nos cercioramos de que los padres y
madres estén informados sobre a qué se expondrán sus hijos si acudiesen a un evento
artístico”, agregó la legisladora de Proyecto Dignidad.
Del mismo modo, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1934, de la autoría del
presidente cameral Hernández Montañez, que enmienda la Ley 113-2005, conocida
como ‘’Ley del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico’’ con
el fin de disponer que la Oficina del Contralor establezca a su discreción la frecuencia
de las auditorías de las cuentas y registros del Colegio de Productores de Espectáculos
de Puerto Rico.
“El objetivo principal de la medida es permitir que la Oficina del Contralor pueda
planificar auditorías basadas en normas operacionales y estratégicas actualizadas, que
a nuestro juicio es más apropiado que permitir que el criterio sea la frecuencia estática
requerida por ley. Cuando se trabaja con un Plan Estratégico de Auditorías a tres años,
el cual se revisa anualmente, se toman en consideración varios criterios, entre otros: el
tiempo que lleva la unidad sin auditarse, la cantidad del presupuesto asignado a la
entidad, los asuntos que se puedan estar discutiendo en la prensa y las querellas
recibidas’’, expresó Hernández Montañez.
Aprueban medida para fiscalizar los exámenes teóricos y prácticos
Por otro lado, la Cámara baja avaló el Proyecto de la Cámara 1872, de la autoría del
líder cameral Hernández Montañez y de la representante Gretchen Hau, para otorgarle
al Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP) la autoridad para
fiscalizar los exámenes teóricos y prácticas, así como a los examinadores que emiten
las licencias de transporte.
“Los gremios de camioneros y las escuelas de conducir han reclamado la escasez de
examinadores, pues muchos de ellos se han retirado o fallecido y no se ha realizado
“un reclutamiento adecuado” debido a que el adiestramiento requerido solo se ofrece
en los Estados Unidos”, resalta la medida.
