El presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández Ortiz, endosó la propuesta de la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, Deborah Soto Arroyo, para que dicho cuerpo legislativo vaya por encima del veto del gobernador al proyecto de la Cámara 1040, que propone la instalación de aires acondicionados en los salones de clases las escuelas del Departamento de Educación (DE) en todo Puerto Rico.
“Se sabe por el récord legislativo que en mayo de 2022, se aprobó en Cámara y Senado el PC 1040, para establecer un plan de viabilidad sobre la compra, instalación y mantenimiento de unidades de acondicionadores de aire en las escuelas. Nuestra experiencia en las visitas a los salones es que hay que atender este asunto con urgencia. De la misma manera que se compraron purificadores de aire a toda prisa durante la pandemia, pues hay que instalar aires acondicionados donde haya la infraestructura, y abanicos de alta eficiencia donde no se tenga. Suspender las clases el viernes de esta semana, no es una opción real”, señaló el también alcalde de Villalba. Añadió que en sus visitas a las escuelas ha visto que las unidades de aire en áreas administrativas y bibliotecas no funcionan.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación de Alcaldes, Marcos Cruz Molina, educador y alcalde de Vega Baja, señaló como justo y viable el llamado de la representante Soto Arroyo de emplazar a la delegación cameral del Partido Nuevo Progresista (PNP) para que se una con su voto a este esfuerzo, pues se necesitan dos terceras partes (34 votos) para pasar por encima del veto del primer ejecutivo. “Ante esta realidad, lo que se impone es transformar los reclamos en soluciones, los fondos están disponibles. Lo que falta es voluntad”.
Cruz Molina expuso además que se recomienda, en los casos donde la capacidad eléctrica no permita un aire acondicionado, que se instalen abanicos de techo de alta eficiencia. “Una opción que debe ser analizada es que los estudiantes y el personal entren más temprano y salgan más temprano, a los fines de garantizar el tiempo lectivo de 7:30 am a 12:30 pm. Las horas de la tarde se dedicaría a reparaciones y mejoras como arreglo de baños, pintura, estudios de carga eléctrica e instalaciones de aires acondicionados y fuentes de agua”.
Para el presidente se los alcaldes asociados, la situación de las altas temperaturas que se están experimentando en los salones de clase, “es particularmente triste en las aulas de educación especial. Lo sé porque lo he experimentado personalmente en la Escuela Francisco Zayas de Villalba. Es urgente atender los salones donde se proveen clases a los estudiantes de educación especial”.
Mientras, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, quien también es educadora como el alcalde Cruz Molina y la representante Soto Arroyo, se unió a los reclamos. “Ya esto no tiene marcha atrás, aquellos llamados a planificar ante la realidad del cambio climático, es una realidad de hoy. Ahí está el record: en el pasado mes de agosto de rompieron los récords de calor, específicamente en las fechas del 6, 10, 11, 24, 27 y 28 del mes. El pasado sábado, 2 de septiembre, también se marcó un nuevo récord de temperatura máxima con 95 grados, sobrepasando así el récord previo de 2010. Nuestros niños y el personal docente y no docente deben ser protegidos del calor para que puedan cumplir con sus tareas de manera efectiva”, expuso Nazario, miembro de la Comisión de Educación de los alcaldes asociados.
Finalmente, con relación a otro tema relacionado a la educación pública, los alcaldes apoyaron un llamado oficial firmado por los legisladores Deborah Soto Arroyo, Joel Sánchez Ayala y Jesús ‘Chui’ Hernández Arroyo, para exigirle al gobernador Pierluisi que intervenga de manera directa en el desarrollo de incentivos y alivios contributivos para la clase magisterial, y que la recién radicada reforma contributiva garantice el salario de todos los maestros. La legislatura aprobó la Ley 10-2022, donde fijó el salario base de los educadores en $2,750, pero los fondos federales que sufragaron dicha alza se acaban en septiembre de 2024, de manera que el Ejecutivo debe mantener una base de recaudos sólida para honrar el salario base de los maestros del sistema público de enseñanza.
