La Cámara de Representantes aprobó, hoy, martes, el tercer presupuesto balanceado de forma consecutiva que regirá el funcionamiento de los programas y agencias que componen las ramas del gobierno para el año fiscal 2023-2024.
Por medio de la Resolución Conjunta de la Cámara 454, el cuerpo legislativo dio paso a
un presupuesto con cargo al fondo general del país ascendente a $12,739 millones,
que prioriza fondos para la inversión social en áreas como salud, adultos mayores, la
Universidad de Puerto Rico (UPR) y otras partidas prioritarias.
“Este presupuesto aprobado privilegia la inversión social sobre otro tipo de gasto de
gobierno…En esta hazaña, confiamos en que la rama legislativa contará con el apoyo
del Ejecutivo para guiar a Puerto Rico en el camino por recorrer”, señaló durante un
turno inicial el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jesús Santa
Rodríguez.
Santa Rodríguez relató en la presentación del informe sobre el presupuesto general
que la atención de la medida inició con la radicación del presupuesto por la Junta de
Supervisión Fiscal (JSF), bajo la premisa de que se harían cambios de política pública
al interior del tope sugerido por el ente fiscal.
“El propósito de poner empeño en este esfuerzo es debido a que esta Asamblea
Legislativa tiene el compromiso inequívoco de reclamar y ejercer las prerrogativas
constitucionales de evaluar y aprobar un presupuesto. El resultado de este presupuesto
es una muestra del trabajo realizado con miras de ser un cuerpo constitucional activo
en el proceso de aprobar la ley más importante para nuestro País”, destacó Santa
Rodríguez.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez agradeció el
trabajo de Santa Rodríguez y también la colaboración de los representantes del Partido
Nuevo Progresista (PNP) “que han aceptado el reto de trabajar en alianza para lograr
un presupuesto balanceado que priorice los servicios esenciales que nuestra gente
necesita”.
“El proceso de atender esta resolución de presupuesto se ha hecho desde un espacio
de consensos y alianzas que beneficien al país. Especialmente, dándonos la tarea de
plantearnos cómo adelantar las causas que nos unen como país. Estas causas que
queremos adelantar no se logran hablando desde dinámicas de tarima y protagonismo.
La construcción de este presupuesto y el proceso de sacar a la Junta se tiene que
hacer con prudencia y buen gobierno”, añadió
Al mismo tiempo, señaló “que las delegaciones que voten en contra al dinero de la
Universidad de Puerto Rico representan un junte malo. El junte que le vote en contra a
los dineros para ayudar a nuestros adultos mayores y los municipios es una alianza
mala para el país”.
Por su parte, Santa Rodríguez aseguró que “este presupuesto cubre lo que es el pago
de las pensiones, las cuales dado al Plan de Ajuste de Deuda (PAD), se dijo que no va
a haber reducciones. Esto cubre $1 billón para el pago del Fideicomiso de Pensiones”.
El legislador explicó que una de las partidas más importante es la UPR, lo cual incluye
$2.5 millones para sufragar el costo de pareo de propuestas para atraer fondos
externos, $15.6 millones para costear los gastos relacionados a la acreditación
institucional y acreditaciones profesionales y $20.5 millones para el aumento de
salarios.
“Quiero recordar que la UPR es una universidad con más acreditación y certificación
que tiene en Puerto Rico y, eso conlleva que cada año distintas entidades vayan a
verificar si estos programas cumplen con esas acreditaciones y certificaciones”, apuntó
el legislador.
Además, mencionó que la promoción y reclutamiento de estudiantes en Puerto Rico se
le asignó $4.4 millones para la promoción y reclutamiento de estudiantes en Puerto
Rico y en el exterior, $750,000 para el Programa Sea Grant de la UPR para el pareo de
fondos federales y $15,000,000 para sufragar aumentos de salario adicionales y
reclutamiento de investigadores.
De igual forma, el presupuesto, a sugerencia de la Legislatura y el Ejecutivo, aumenta
en $20 millones adicionales para cubrir los programas para el cuidado de adultos
mayores, incluyendo de amas de llaves.
“El presupuesto asigna $20 millones adicionales para cubrir estos programas y tratar de
reducir aquellas noticias donde se dice que un hogar no recibe dinero o no se le paga a
tiempo por el cuido de adultos mayores que en su mayoría han sido abandonados por
sus familiares”, precisó el legislador Santa Rodríguez.
Otra de las partidas en el presupuesto para el próximo año fiscal es la creación del
Fondo Especial de Servicios Esenciales Municipales, que se mantendría por un término
de cinco años del dinero que hoy aportan los ayuntamiento para el pago de la tarjeta de
salud vital.
En total, se designan para los municipios unos $95,419 millones. “De este dinero,
$43,946 millones son para cumplir con la aportación al Fondo de Equiparación y
$51,473 millones para proveer financiamiento al Fondo Extraordinario para resolver la
colección y disposición de residuos y desechos y para implementar programas de
reciclaje en los municipios”.
Cabe resaltar que, el tercer presupuesto otorgará $952,383,000 para Seguridad
Pública; $1,495,986,000 para el sistema público de enseñanzas; y $1,110,178,000 para
los servicios de salud.
Avalan legislación que condiciona incentivos contributivos con creación de
empleos
Por otra parte, la Cámara avaló a viva voz el Proyecto de la Cámara (PC) 1744, que
establece como requisito la creación de empleos para la obtención o el mantenimiento
de un decreto en el Código de Incentivos.
Al mismo tiempo, la legislación crea el Certificado de Empleo Directo (CED) que
certifica que el Negocio Exento cumple con el requisito de creación y preservación de
empleos por el cual se comprometió al acordar su decreto con el Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). Se dispone también, que los costos de
tramitación de un CED irán al Fondo de Incentivo Económico.
“Actualmente, no es obligatorio a un Negocio Elegible o Negocio Exento crear empleos
cuando recibe los beneficios de un decreto por el estado. Esta medida atiende el
reclamo muy justo que han levantado personas de nuestra sociedad, que exigen al
gobierno que requiera a los beneficiarios de los decretos la cantidad de empleo que
están creando”, argumentó Santa Rodríguez en la presentación del informe positivo
sobre la medida.
Según el informe positivo firmado por Santa Rodríguez, el PC 1744 “es un proyecto que
fomenta el desarrollo económico en Puerto Rico y a la vez fiscaliza los beneficios que
se le brindan aquellos que gozan de decretos contributivos”.
