El Sindicato de Bomberos de Puerto Rico (SBUPR) expresó hoy su firme oposición al proyecto de ley sometido por la gobernadora que propone transferir al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) la facultad de realizar inspecciones relacionadas a la seguridad contra incendios, advirtiendo que la medida representa un serio riesgo para la seguridad pública del país.
Según denunció la organización, la pieza legislativa debilita el rol del Negociado del Cuerpo de Bomberos al desplazar su función preventiva y técnica, otorgando estas responsabilidades a personal autorizado bajo otra agencia. “Con este proyecto, el Negociado pierde el control directo de las inspecciones, que pasarían a manos de personal autorizado externo. Esto convierte al Cuerpo de Bomberos en un mero fiscalizador, cuando su rol histórico y esencial ha sido la prevención activa,” sostuvo el presidente del sindicato, José Tirado.
El líder sindical subrayó que la medida trastoca el modelo de seguridad actual, en el cual las inspecciones son realizadas por personal altamente capacitado en manejo de incendios y riesgos estructurales. “Se pretende relegar a nuestros bomberos a ser observadores posteriores a los endosos, en lugar de protagonistas en la prevención. Eso es inaceptable y peligroso,” añadió Tirado.
El sindicato recordó eventos trágicos como el incendio del Hotel Dupont Plaza en Puerto Rico en el 1986 y la reciente catástrofe en la discoteca Jetset en Santo Domingo, como ejemplos claros de las consecuencias devastadoras cuando fallan los sistemas de prevención y supervisión adecuados. “La historia nos ha enseñado que cuando se debilitan los controles de seguridad, el resultado puede ser fatal. No podemos repetir errores del pasado,” enfatizó.
Asimismo, el Sindicato de Bomberos destacó que esta no es la primera vez que se intenta reducir el rol del inspector de prevención de incendios. El pasado año, la organización alertó sobre una carta circular del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) que buscaba agilizar la renovación de permisos sin considerar el impacto de dejar fuera al inspector de prevención. “Gracias a la denuncia firme del sindicato, esa iniciativa fue dejada sin efecto, precisamente por el riesgo que representaba,” explicó Tirado.
Aunque la organización apoya iniciativas dirigidas a agilizar los permisos, insiste en que esto no puede hacerse a costa de la seguridad del país. “Endosamos la eficiencia en los procesos, pero no a expensas de la vida de nuestra gente,” indicó Tirado.
Otro aspecto crítico que denuncia el sindicato es que el proyecto no contempla el impacto económico que tendría sobre el Negociado del Cuerpo de Bomberos. Actualmente, las inspecciones generan recaudos que aportan al funcionamiento de la agencia, incluyendo fondos que inciden en mejoras operacionales y aumentos salariales. “La medida no dispone de dónde saldrán los fondos para compensar la pérdida de estos ingresos, lo que agravaría aún más la situación fiscal del Negociado,” añadió.
El sindicato anunció además que participará en las vistas públicas convocadas para el próximo 6 de mayo en la Cámara de Representantes, donde se discutirá el proyecto. “Vamos a solicitarle a la Cámara que no apruebe disposiciones que atentan contra la seguridad del país. Puerto Rico no puede darse el lujo de debilitar su primera línea de prevención ante emergencias,” concluyó Tirado.
